El PP ha registrado una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Oficina de Conflictos de Intereses, en la que pide datos tributarios, de cotizaciones o laborales sobre el vínculo de su mujer, Begoña Gómez, con Globalia, como respuesta al estallido del caso Koldo.
El PP anunció esta denuncia, registrada telemáticamente este jueves, que interpone al entender Sánchez incurrió en un conflicto de intereses no absteniéndose en los Consejos de Ministros que decidieron el rescate de Air Europa, que pertenece a Globalia, con la que el PP vincula laboral y profesionalmente a la esposa del presidente.
El PP plantea que Sánchez podría haber cometido una infracción grave de la ley del alto cargo no absteniéndose en una decisión que afectaría a los intereses de un familiar y recuerda que en ese caso la normativa contempla como sanción la imposibilidad de ocupar un alto cargo durante un periodo de entre 5 y 10 años.
Por ello, solicita que la Oficina de Conflictos de Intereses, que depende del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, inicie una investigación, tal y como informa Efe.
Dentro de esa actuación, reclaman además que la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el servicio de empleo den información como declaraciones tributarias, régimen de cotizaciones sociales, contratos de trabajo o retribuciones para determinar la naturaleza de la relación jurídica entre Begoña Gómez y Globalia.
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En concreto, el PP quiere saber cómo era la relación profesional que vinculaba a Begoña Gómez con el Instituto de Empresa porque la mujer del presidente dirigió entre agosto de 2018 y junio de 2022 el IE Africa Center, un organismo académico sin ánimo de lucro que a juicio del PP "parece" que sólo contaba con la financiación de Globalia.
Los populares admiten que se desconoce la naturaleza jurídica de la relación entre Begoña Gómez y el IE, "si era una relación laboral por cuenta ajena, una relación mercantil actuando Begoña Gómez como trabajadora autónoma, o una relación de servicios", y que se ignora también qué porcentaje de los ingresos obtenidos se destinaron a su retribución directa.
A la Oficina de Conflictos de Intereses le piden además que les remita "cumplida información" de sus actuaciones y conclusiones y que dé traslado a la Fiscalía en el caso de que existan indicios de irresponsabilidad penal.
El PP pone bajo sospecha dos decisiones del Consejo de Ministros: el rescate en noviembre de 2020 de Air Europa con un préstamo total de 475 millones y el crédito a través de la SEPI a Ávoris Corporación Empresarial (nuevo grupo resultante de la fusión entre Ávoris Reinventing Travel y Globalia) de 320 millones en marzo de 2021.
Tanto el Gobierno como el PSOE han trasladado este jueves que no ven ningún recorrido a la denuncia interpuesta por el PP, al entender que hace una interpretación "torticera" de la ley. Sostienen que la norma sólo obliga a abstenerse si un familiar es directivo o asesora a la empresa sobre la que se decide, lo cual no ocurrió en el caso de Air Europa.
Globalia y Air Europa han aparecido reflejadas en el caso Koldo porque la aerolínea contrató al comisionista de la supuesta trama, Víctor de Aldama.