El Gobierno tiene razón en que la Comisión de Venecia avala las amnistías, pero tiene un problema: no respalda explícitamente la que él está impulsando. Así queda reflejado en el informe definitivo que sobre la Ley de Amnistía hizo público este viernes el órgano del Consejo de Europa.
Aunque la Comisión de Venecia no avala ni el fondo ni la forma la amnistía que el martes llegará al Senado, en Moncloa han decidido ignorar las objeciones y seguir adelante con su hoja de ruta.
El Gobierno de Pedro Sánchez reduce las críticas a "matices y recomendaciones", según palabras de Félix Bolaños, y asegura que el informe "avala de manera rotunda que pueda existir una amnistía en España para buscar la reconciliación".
La conclusión más contundente del informe es que podría generar división social entre los españoles –de hecho, ésta ya es evidente en el Parlamento–. También explica que, para evitar rupturas, sería mejor aprobar la amnistía con una mayoría cualificada y no con una mayoría simple.
"Si bien los órganos electos disponen de un margen de apreciación a la hora de juzgar si una amnistía es un instrumento eficaz, o si se podría optar mejor por otras opciones como el indulto y/o la modificación de la legislación penal, las amnistías deben adoptarse con una mayoría cualificada suficientemente amplia, en la medida en que pueden tener efectos muy divisorios en la sociedad", sostiene el documento.
De este extracto, el Gobierno no entiende que se le esté pidiendo aprobarla por una mayoría cualificada e interpreta que es una especie de tirón de orejas al PP. "Dice que sería deseable un mayor consenso y ojalá fuera mayor el consenso. Yo animo al PP a que haga caso a la recomendación y se sume al consenso", señaló este viernes el ministro de la Presidencia y de Justicia.
El Gobierno no interpreta que tenga que elevar los estándares de la aprobación y seguirá tramitándola con la necesidad de aprobarse con mayoría absoluta. Este jueves el Congreso respaldó la Ley de Amnistía con 178 votos a favor y 172 en contra, con sólo seis escaños de diferencia.
Ahora, la norma irá al Senado y en dos meses volverá al Congreso de los Diputados para ser aprobada de nuevo. Cuando regrese a la Cámara Baja será aprobada con otra mayoría absoluta, seguramente replicando los 178 votos a favor.
Otras críticas
El informe de la Comisión de Venecia mantiene la mayoría de las objeciones que ya mantenía en su borrador preliminar –que tampoco fueron recogidas en el texto aprobado este jueves– e incluye algunas nuevas, después de que el texto de la ley cambiase el pasado 7 de marzo en la Comisión de Justicia del Congreso.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, este viernes en Bilbao.
Como Junts consideraba que la redacción inicial de la amnistía podía dejar fuera de su aplicación el caso de Carles Puigdemont, forzaron al PSOE a una serie de cambios que los socialistas, en un inicio, descartaban.
Uno de ellos es el ámbito temporal de su aplicación. Al principio, se iban a amnistiar los delitos cometidos a partir del 1 de enero de 2012. Sin embargo, tras su paso por la Comisión de Justicia el ámbito se amplió a noviembre de 2011. La Comisión de Venecia asegura que esa modificación se ha hecho "sin justificación alguna" y que "suscita preocupación".
La Comisión de Venecia también recuerda que una amnistía es "una cuestión de interés general" y subraya que los criterios para su aplicación "no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos".
Aunque el Gobierno no reconoce públicamente que estas modificaciones son para garantizar la amnistía a Carles Puigdemont, Junts sí ha manifestado que el anterior texto de la norma podía dejar fuera al expresidente de la Generalitat. Los objetivos de Junts eran garantizar el olvido de sus delitos y el PSOE ha aceptado las modificaciones que pedía el partido independentista para ello.
Necesaria para el Gobierno
A pesar de todos estos matices, Félix Bolaños ha celebrado el informe y se ha mostrado "agradecido al PP y al Senado que hayan solicitado un informe que avala de manera rotunda" una amnistía.
"El informe dice que no afecta al principio de igualdad y que no afecta a la separación de poderes, porque los jueces tienen la última palabra", añadió este viernes. Aseguró, además, que "tumba una de las principales mentiras del PP: que era necesaria una reforma constitucional".
La reforma constitucional no es sólo un argumento del PP, sino que los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso ya dudaron de su constitucionalidad y recordaron que su encaje necesita una reforma de la Carta Magna española. Es previsible que los letrados del Senado se pronuncien ahora en una dirección parecida.
Sin embargo, a pesar de todos los baches, la Ley de Amnistía es necesaria para el Gobierno. No sólo porque de ella depende el apoyo de Junts para lo que dure la legislatura, sino porque esperan que este tipo de medidas sirvan para atraer a los votantes en las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.