El Supremo anula la subvención de 30 M que el Gobierno dio a sindicatos y patronales con fondos UE

En una sentencia del pasado 10 de enero, recientemente publicada en el BOE, el TS estima por completo el recurso de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) contra el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, por lo que impuso, además, las costas "a las partes demandadas". Es decir, el Estado, UGT, CEOE y Cepyme deberán resarcir a la parte demandante con "un máximo de 4.000 euros".

Según la resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Ministerio de Educación y Formación Profesional infringió "el procedimiento legalmente previsto" para la elaboración y aprobación del decreto. En concreto, por "haberse omitido indebidamente los trámites participativos de consulta previa, audiencia e
información pública", y por "no haber motivado debidamente la elección de las entidades beneficiarias".

Esta subvención de 2022 era la continuación de otra anterior, de 2020, incluidas ambas en el "ambicioso Plan Estratégico de Formación Profesional, iniciado desde el cuarto trimestre de 2018". Es decir, antes de la pandemia y —evidentemente— de la creación de los fondos europeos de ayuda a las economías más castigadas por la Covid. 

Así lo pudo comprobar este periódico, comparando el decreto que el Supremo ha considerado "nulo de pleno derecho" con el que, en el año 2020, concedía estas mismas subvenciones a CEOE, Cepyme y UGT. Entonces, el Real Decreto 1104/2020, de 15 de diciembre, no sólo elegía a los mismos "interlocutores sociales" como destinatarios de las ayudas. También les concedía exactamente las mismas cantidades, en lo que refleja un claro corta y pega.

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De hecho, el Consejo de Ministros justificó primero en esta circunstancia haber tramitado las subvenciones a dedo y sin publicidad. Y la Abogacía del Estado alegó después, ante el recurso de Conpymes, que el procedimiento de subvención directa se debía a que era "una continuación de un plan de formación de tres años que el Ministerio de Educación y Formación Profesional considera y motiva que se ha acreditado eficaz".

Sentencia demoledora

Pero la sentencia desmonta todos estos argumentos, al declarar la "nulidad de pleno derecho del Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —financiado por la Unión Europea— Next Generation".

Para empezar, rechaza de plano que se usen los fondos europeos para esta subvención a dedo, cuya tramitación opaca impidió concurrir a Conpymes a la financiación de estos cursos de formación en digitalización.

Y lo hace asegurando que la continuidad del Plan Estratégico ni siquiera quedó acreditada en el decreto ni en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo: "En la Memoria no se acredita la continuidad de la formación a que se refiere el Real Decreto 1104/2020 aunque se haga mención a dicha continuidad".

Además, el fallo rechaza las alegaciones del Gobierno y de los agentes sociales beneficiarios de las ayudas. Todos ellos alegaron que si la primera subvención enmarcada en este Plan Estratégico se dio a dedo, y a estas entidades, haber seguido el mismo procedimiento en la segunda era completamente legal.

La ponente, Celsa Pico Lorenzo, recuerda que el primer decreto de ayudas de 2020 ya fue recurrido por la Confederación Unión Sindical Obrera (USO) sin éxito porque el tribunal estimó que "no fue irrazonable poner en marcha esta línea de actuación de la manera en que se hizo, teniendo en cuenta la situación excepcional que se estaba viviendo como consecuencia de la pandemia sanitaria de la Covid-19".

Pero que, en 2022, ya "no resulta coherente recurrir a la urgencia". Según el texto, "las circunstancias singulares de su promulgación, esto es, durante la pandemia Covid-19" no se pueden esgrimir en 2022 "a fin de excluir la regla general del procedimiento ordinario", porque "no se daban en el momento de aprobación" de la norma recurrida.

"La invocación, sin más justificación, de la crisis del Covid-19 y de la crisis de Ucrania no constituye elemento que impida el respeto a la Ley General de Subvenciones", advierte al Gobierno.

A este respecto, el fallo añade que "no quedan suficientemente acreditadas las razones de interés público, social, económico o humanitario" del decreto "que dificulten su convocatoria pública".

Y respecto a las entidades beneficiarias, da la razón a Conpymes haciendo hincapié en que UGT, CEOE y Cepyme no tenían derecho a sentirse legitimadas de facto. "Conviene indicar que los beneficiarios finales serían realmente los trabajadores participantes en la acción formativa".

Por esta razón, reclama al Gobierno que si quiere volver a hacer la convocatoria de ayudas, la tramite de una manera "más coherente". Es decir, "en régimen de concurrencia competitiva".

Una gestión en duda

Cuando en diciembre de 2022, este periódico informó de este uso de fondos europeos Next Generation para "financiar gasto corriente destinado a sindicatos y patronal", el escándalo provocó preguntas parlamentarias de la oposición.

Aunque fuentes del Ministerio admitieron los hechos. Según reconoció un portavoz oficial, el programa de digitalización comenzó "a finales de 2018", fue consolidado "en julio de 2020" y se incluyó "en el Plan de Modernización y en la Ley de la FP, que forma parte de las reformas comprometidas con la Comisión Europea".

Es decir, que toda esta integración de la FP para estudiantes y trabajadores ya "formaba parte de la hoja de ruta" del Gobierno de Pedro Sánchez antes de la Covid, que justificó asignación directa en 2020. Y de que existieran los fondos de recuperación.

Según el Ministerio, la llegada del 'maná' europeo "permitió ampliar el presupuesto" del Plan Estratégico.

Por eso, "en 2020 se pagó con cargo a los Presupuestos" y se entregaron los 30,6 millones a UGT, CEOE y Cepyme a dedo y por urgencia. Y por eso, en 2022 "el dinero se sacó de los fondos europeos" sin cambiar prácticamente una coma de un decreto a otro. 

Fuentes del personal laboral del Ministerio de Hacienda, del que depende la gestión del dinero que llega de Bruselas, ya dudaban entonces de la idoneidad del procedimiento ahora anulado. "Utilizan los fondos europeos como si fuese una hucha para todo", denunciaban funcionarios. "Sufrimos presiones de los responsables políticos para sacar adelante expedientes dudosos".

Hace un mes, dimitió el director general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Jorge Fabra. Este alto cargo dejó el puesto "a petición propia" por el desgaste personal después de menos de año y medio en el cargo, sustituyendo a otra dimisionaria, Rocío Portela.

Fabra había llegado al puesto en octubre de 2022. Y este real decreto de subvenciones a dedo, ahora anulado, fue uno de los primeros expedientes aprobados bajo su mandato. Su salida, conocida el 13 de febrero, coincide con el intervalo temporal entre la fecha de la sentencia, 10 de enero, y su publicación, 7 de marzo.