El Senado convocará un Pleno para requerir al Congreso que retire la ley de amnistía y acudirá al TC

La Mesa de la Cámara Alta iniciará este procedimiento -recogido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional- tras el informe de los letrados sobre la medida de gracia que trascendió este lunes y que, entre otras cosas, alerta de la "clara inconstitucionalidad" de la norma. 

Los juristas, concretamente, como avanzó ayer este periódico, recomiendan: "Tras la entrada de la iniciativa en el Senado, y para la defensa de las atribuciones constitucionales de la Cámara Alta se podría plantear un conflicto entre órganos constitucionales en sus dos fases". 

"Una previa, mediante la celebración de un Pleno en el Senado, para requerir formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley orgánica; y otra posterior, ante el Tribunal Constitucional, con posible petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo en el Senado por el perjuicio irreversible que la espera de la resolución del Alto Tribunal pudiera provocar en las atribuciones que la Constitución confiere a la Cámara Alta".

Asimismo, el Senado está estudiando una segunda vía para frenar la amnistía que también citan los letrados en su informe: "El planteamiento del recurso de amparo por vulneración del derecho de representación política en su vertiente de ius in officium (artículo 23.2 de la Constitución), con petición de suspensión cautelarísima del procedimiento".

[Los letrados del Senado animan a plantear un conflicto constitucional para frenar la amnistía]

En la tarde de este martes, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ratificó la información adelantada por este periódico: "El Partido Popular defenderá por encima de todo, las facultades de esta Cámara y los derechos de todos los españoles, porque no solo está en juego la capacidad del Senado, sino la defensa del Estado de Derecho y el cumplimiento de la Constitución".

Acto seguido, fuentes del PP confirmaron que pedirán a la Mesa del Senado que celebre un Pleno para requerir formalmente al Congreso que retire la proposición de ley que contiene la amnistía. 

En ningún caso esta acción paralizará la tramitación de la medida de gracia. Todo está supeditado a la decisión que adopte primero la Cámara Baja, que presumiblemente rechazará el requerimiento del Pleno del Senado; y, después, al veredicto del TC. 

"Reforma de la CE encubierta"

El argumento que esgrimen los letrados para plantear el conflicto entre órganos constitucionales es que la amnistía no es una mera proposición de ley.

En su informe, señalan: "Desde el punto de vista material, el Senado se encuentra ante una reforma de la Constitución encubierta, o bien, requerido para continuar con la tramitación de una norma inconstitucional "in toto" y cuyos vicios de inconstitucionalidad no podrían depurarse en esta fase ni en ninguna otra, pues supone una invasión del contenido esencial de varios derechos y de la separación de poderes, que son las dos notas características del concepto de constitución".

En 69 páginas, los juristas de la Cámara Alta desgranan los argumentos por los que consideran que la norma colisiona con la Carta Magna. El primero: que "en ausencia de mención constitucional expresa y de un pronunciamiento directo sobre la amnistía como figura jurídica por el Tribunal Constitucional (...) no cabe entender que la amnistía pueda instrumentarse mediante ley". 

A partir de ahí, los expertos Alta advierten de que la ley que mandará al olvido los delitos que se cometieron durante el procés "incurre en motivos de inconstitucionalidad por vulnerar varios principios, valores y derechos fundamentales que se contienen en la Constitución". 

Entre otros, el "valor superior de la Justicia y principio de separación de poderes", el "derecho fundamental de igualdad ante la ley y no discriminación", el "derecho fundamental a la libertad ideológica"; o los principios de "seguridad jurídica y legalidad penal". 

Además, el informe subraya que "la proposición de ley deviene incompatible con los valores contenidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea" por la inclusión de los "delitos de terrorismo", además de los de "malversación" y "alta traición". 

Pese a todo, los letrados recuerdan que el Senado se ve "obligado a velar por sus competencias, y, simultáneamente, a quedar vinculado al ordenamiento en una doble dirección". Es decir, que "viene obligado a tramitar lo que se le presenta formalmente como una proposición de ley". Lo que no quita que, a su vez, pueda señalar su disconformidad con la amnistía, como hace con este informe.

La ley empezará este martes con la fase final de su recorrido legislativo. Gracias a la reforma del Reglamento de la Cámara que impulsó el PP con su mayoría absoluta, el proceso se podrá dilatar hasta dos meses, ya que el texto se someterá al trámite ordinario y no al de urgencia, como sí ha sido en el Congreso.

Es decir, que si el conflicto de órganos constitucionales no surte efecto, la amnistía saldrá del Senado el 16 de mayo, justo después de las elecciones catalanas.