El Ministerio de Igualdad, dirigido por la socialista Ana Redondo, va a revisar los casos de fraude a la Ley Trans de los que ha alertado la Comunidad de Madrid. Sin embargo, fuentes del departamento aseguran que en ningún caso se modificará la norma, impulsada la pasada legislatura por la entonces ministra Irene Montero.
Desde que entró en vigor la Ley Trans, hace ahora un año, se han ido conociendo numerosos casos de fraude. En su mayoría son hombres que cambian el género a mujer, pero no porque sean personas trans, sino para obtener beneficios como eludir leyes contra la violencia de género.
Tall y como publicó EL ESPAÑOL a principios de marzo, sólo en Ceuta ha habido 37 cambios de género que no han ido acompañados de un cambio de nombre ni situación de pareja. En su mayoría son funcionarios, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército que han logrado así beneficios profesionales más fácilmente accesibles para las mujeres.
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El pasado lunes, la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, envió una carta a Redondo alertando de que en la región se estaban detectando también fraudes a la ley, en este caso por eludir acciones contra la violencia de género.
En la misiva, adelantada por El Mundo, Dávila-Ponce advierte a Redondo de que hay seis hombres registrados en el sistema VioGén de protección a las víctimas de violencia de género (dependiente del Ministerio del Interior) que han sido denunciados por sus parejas. La carta, no obstante, iba dirigida a Igualdad, entendiendo que la raíz del problema era el cambio de género de estos presuntos maltratadores.
De hecho, tres de ellos han pedido directamente ser protegidos como mujeres, lo cual ha alarmado especialmente a la Comunidad. "Ministra, es evidente que la Ley 4/2023 aprobada por su Gobierno no resuelve las cuestiones suscitadas", indica la consejera en la carta.
Este miércoles, Ana Redondo aseguró que el ministerio dará una respuesta "firme, fiable y dentro de la ley" a los casos conocidos en Madrid y que lo hará tras elaborar un estudio "técnico y jurídico" de lo que está sucediendo. Ha destacado, eso sí, que "los casos aislados no pueden elevarse a categoría".
En el Ministerio de Igualdad no consideran que estos casos impliquen que la norma tenga agujeros y que haya que cambiarla, de la manera en la que el PSOE sí asumió que había que cambiar la ley del sólo sí es sí tras las rebajas de condena.
Ello a pesar de que, a medida que va pasando el tiempo desde la aprobación de la Ley Trans, se van conociendo nuevos fraudes a lo largo y ancho de toda la geografía.
Muchas feministas, incluso dentro del PSOE, están pidiendo a Redondo que actúe de forma global; aseguran que ya advirtieron durante la tramitación de la norma que esto podía suceder y que no se les escuchó. Ahora temen que está sucediendo lo mismo que con la ley del sólo sí es sí.
Lo cierto es que, aunque las personas que están cambiando su género con fines espurios podrían estar cometiendo un fraude de ley, apenas se está combatiendo desde las distintas fiscalías y las negaciones de cambio son muy pocas, ya que basta con declararse mujer para poder cambiar de género.
Sin embargo, en múltiples ocasiones Redondo ha asumido como propia la Ley Trans del anterior departamento diciendo que es (también) una ley socialista, y cada vez que se le ha preguntado sobre la posible modificación insiste en que "no habrá retroceso de derechos".