El conflicto entre órganos constitucionales que planteará el Senado contra el Congreso de los Diputados a cuenta de la tramitación de la ley de amnistía no llegará hasta el Tribunal Constitucional. 

Al menos, así lo aseguran fuentes de la dirección del Partido Popular, donde consideran innecesario "dar una baza a Pedro Sánchez a través de Cándido Conde-Pumpido", que presumiblemente resolverá el caso en favor del Gobierno de coalición. 

Tal y como avanzó en exclusiva EL ESPAÑOL, este miércoles, el grupo parlamentario popular en la Cámara Alta registró un escrito en la Mesa para plantear un conflicto de atribuciones con la Cámara Baja por considerar que la medida de gracia es una "reforma de la Constitución encubierta". 

No obstante, en la cúpula de Génova son partidarios de acometer sólo la primera fase de esta figura que viene recogida en la Ley Orgánica del TC. Es decir, que el conflicto consistiría únicamente en celebrar un Pleno en el Senado para requerir formalmente al Congreso que retire la amnistía. 

Según el razonamiento que trasladan desde la dirección del PP a este periódico, si el órgano de garantías da la razón a la institución que preside Francina Armengol, tanto la posición política del partido con la amnistía como la posterior ofensiva judicial en los tribunales, "quedaría debilitada". 

[Los letrados del Senado animan a plantear un conflicto constitucional para frenar la amnistía]

El PP decidió plantear el choque institucional entre el Senado y el Congreso tras el informe sobre la amnistía que emitieron los letrados de la Cámara Alta este lunes. Los juristas, plantearon este recurso como una vía para intentar frenar la norma que busca dar impunidad a los delitos que se cometieron durante el procés. 

En su dictamen, firmado por la secretaria general de la Cámara, los letrados recomendaban "plantear conflicto entre órganos constitucionales" en sus dos fases. Una previa, "mediante la celebración de un Pleno" para "requerir formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley orgánica"; y otra, posterior, "ante el Tribunal Constitucional, con posible petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo en el Senado".

"Nuestra guía es el informe"

La segunda fase en el TC, en todo caso, llegaría si el Congreso, en el plazo de un mes, no ofrece una respuesta al requerimiento planteado por el Senado o la respuesta es negativa. 

En ese sentido, cabe destacar que en Génova dan por hecho que el conflicto no terminará en el TC; pero en la dirección del grupo popular en el Senado no quieren cerrar del todo esa puerta. "Ya veremos, tiene que pasar primero por el Congreso", apuntan desde el grupo, donde insisten: "Nuestra guía es el informe de los letrados". 

Otra posibilidad que arrojan los juristas de la Cámara para boicotear la amnistía es "el recurso de amparo por vulneración del derecho de representación política en su vertiente de ius in officium (artículo 23.2 de la Constitución), con petición de suspensión cautelarísima del procedimiento", que el PP no contempla en este momento. 

No es ninguna novedad que los populares tratan de evitar a toda costa que todo lo relacionado con la amnistía acabe en la mesa de Conde-Pumpido, porque dan por hecho que un fallo del TC, ahora con mayoría progresista, siempre será en favor del Ejecutivo de Sánchez. 

Desde hace meses, Alberto Núñez Feijóo centra su ofensiva contra la amnistía en Europa. En ese sentido, en las filas populares reconocen que el objetivo del conflicto entre órganos constitucionales no es tanto el resultado, ya que el Congreso y el TC, aseguran, no les dará la razón. 

La iniciativa, más bien, obedece a la necesidad de tener una argumentación a fondo para los recursos judiciales que se interpondrán en el futuro en organismos como el Tribunal Europeo de Justicia. De ahí también los informes que el PP está reclamando a órganos consultivos como la Comisión de Venecia o el CGPJ.