La Ley de Amnistía podría no servirle a Carles Puigdemont para salir limpio de todos los juzgados que lo investigan en las causas vinculadas al procés. La acusación popular acaba de solicitar al Supremo que le impute por los delitos de malversación con enriquecimiento personal y blanqueo de capitales.

El escrito de acusación presentado por Sociedad Civil Catalana (SCC) ante el Tribunal, hace constar que "el Sr. Carles Puigdemont, tiene una cuenta en la plataforma Ethereum (krls.eth), lo cual es público y notorio, pues aparece la dirección de la misma en sus redes sociales".

Y es más, el escrito señala que "en la referida cuenta de Ethereum, podemos observar una transferencia a través del protocolo Tornado Cash", realizada el 14 de diciembre de 2021, y se aporta la dirección de internet donde se accede a los datos de la transferencia.

Según la proposición de ley que ya ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y que ahora inicia su tránsito legislativo en el Senado, el delito de malversación de caudales públicos no está amparado por la amnistía en el caso de que haya un enriquecimiento personal.

Concretamente, el artículo 1.a) de la norma especifica que "se entenderán comprendidos en este supuesto los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación, únicamente cuando estén dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realización de cualesquiera de las conductas descritas". 

Y éstas son, únicamente, las "acciones ejecutadas" entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023 "en el contexto del denominado proceso independentista catalán".

Es más, el apartado b) del mismo artículo explicita que "se entenderán comprendidos en este supuesto los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación, únicamente cuando estén dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realización de cualesquiera de las conductas descritas en el párrafo anterior, siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento".

SCC ejerce la acusación popular en el caso Tsunami desde el pasado noviembre, y se personó asimismo ante el Supremo. El pasado 29 de febrero, el Alto Tribunal decidió abrir causa contra Puigdemont y Wagensberg, al ser estos dos aforados, por el delito de terrorismo que le imputaba el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

Ahora, según el escrito al que ha tenido acceso este diario, SCC ha solicitado a la Sala de lo Penal que investigue "al prófugo Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos con enriquecimiento personal y blanqueo de capitales".

A pesar del escrito en contra de la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez, el Tribunal Supremo consideró los indicios apreciados por García-Castellón contra Puigdemont, para imputarlo por haber ejercido el "liderazgo absoluto" del llamado Tsunami Democràtic, movimiento que promovió los violentos disturbios de 2019 tras hacerse pública la sentencia del 'procés'.

En razón de dicha personación, explican fuentes de SCC, y dado que "la malversación con enriquecimiento personal ha quedado fuera de los delitos que pretende borrar la ley de amnistía", la asociación cívica y cultural considera estos hechos como "de especial trascendencia". Por esta razón, solicita al TS que investigue "a la máxima urgencia dado su potencial delictivo" un pago de 3.500 en criptomonedas que Puigdemont habría recibido en su cuenta personal de Ethereum, en diciembre de 2021.

Plataforma opaca

Este pago lo recibió el expresident fugado en Waterloo desde octubre de 2016, a través de un protocolo conocido como Tornado Cash. Este software envía la transferencia de criptomonedas al destinatario a través de un sistema propio de encriptación que impide conocer el origen del dinero. Por eso, es una herramienta prohibida en Estados Unidos, al ser considerada una vía para blanquear dinero. La plataforma fue sancionada en agosto de 2022 por el Departamento del Tesoro de EEUU por esta razón.

De hecho, un año después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó personalmente a Roman Semenov, uno de los tres cofundadores de Tornado Cash, por apoyar supuestamente a la organización de 'hackers' norcoreanos Lazarus Group.

Este grupo delictivo vinculado al régimen de Kim Jong-un habría lavado más de 450 millones de dólares gracias a esta tecnología opaca.

Tanto Semenov como Roman Storm, otro de los cofundadores, fueron acusados asimismo de asociación delictiva para cometer lavado de dinero, explotación de una empresa de envío de dinero sin licencia y otros delitos.

Así, la recepción por parte de Puigdemont de una transferencia económica en su cuenta personal en la criptomoneda ether a través de una herramienta específicamente diseñada para poder ocultar el lavado de dinero "podría evidenciar", según SCC y siempre que se demuestre el desvío de dinero público para financiar Tsunami Democràtic, "un acto de apropiación de fondos públicos con ánimo de lucro personal".

Asimismo, el bufete Chapapría-Navarro & Asociados, que representa los intereses legales de SCC, considera que "el uso de esta plataforma podría implicar una intención de ocultar o encubrir el origen de los fondos", sugiriendo que éstos "podrían proceder de actividades delictivas previas, lo cual constituiría un acto de blanqueo de capitales".

En abril de 2023, el Parlamento Europeo aprobó una nueva directiva de la UE para seguir el rastro de los criptoactivos y prevenir el blanqueo de dinero. La Unión trata de perseguir la actividad delincuencial en este entorno electrónico, y desde entonces obliga a asegurar la trazabilidad de las transferencias.

Relación con el 'caso Volhov'

Ésta podría ser la vía para que la amnistía, en caso de terminar siendo aprobada -como todo parece indicar- no sirva para borrar toda investigación en España de la injerencia rusa en el procés separatista catalán.

Desde noviembre de 2020, SCC está personada en el llamado caso Volhov. Esta causa es otra en las que están siendo investigados los líderes del 1-O. El juez Joaquín Aguirre, titular del número 1 de Instrucción de Barcelona, sugirió en su auto del pasado 29 de enero, la imputación de Puigdemont por delito de "traición", dados sus contactos con enviados del Kremlin en los meses previos y posteriores al referéndum independentista ilegal del 1 de octubre de 2017.

De la instrucción de una de las piezas separadas del caso, que investiga los contactos del independentismo con el régimen de Vladímir Putin, se desprenden indicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una "legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos".