En qué se diferencian las leyes de concordia del PP de la Ley de Memoria de Sánchez

El último capítulo de la guerra entre el Gobierno de España, del PSOE, y el llamado "gobierno en la sombra", del PP, podría llegar al Tribunal Constitucional. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática llevará este martes al Consejo de Ministros un informe jurídico con el que espera desbaratar las leyes de concordia de los gobiernos autonómicos, a las que considera inconstitucionales, y preservar así la actual Ley de Memoria Democrática, estatal. 

En Aragón, el gabinete que preside Jorge Azcón derogó este mes de febrero el texto autonómico de 2018 y ya trabaja en su propio plan de "concordia, reconciliación y recuerdo" alternativo. La razón, dicen las proposiciones de ley presentadas por toda España, es que "las nuevas generaciones [...] han recibido una visión sesgada" de la Guerra Civil y la conquista de la democracia.

Dicho de otro modo, los gobiernos de coalición entre PP y Vox en las comunidades autónomas consideran que la norma estatal de Pedro Sánchez tiene un sesgo ideológico. De este modo, hacen lo que pueden para paliar sus efectos, que detalla desde el contenido educativo en ESO y Bachillerato hasta la responsabilidad del Estado en las exhumaciones de desaparecidos, entre otros. 

Durante los acuerdos para formar sus gobiernos autonómicos, Vox incluyó en todos los textos un capítulo dedicado a las llamadas leyes de concordia, un texto sobre memoria democrática basado (y calcado) en las normas que lleva impulsando desde 2022 en todos los parlamentos en los que tiene representación.

Si el PP quería sus votos para gobernar, tendría que pasar por el aro con su versión de la ley antes de llegar a junio. Según ellos, para "adaptar" las leyes autonómicas a la nueva legislación estatal; según el PSOE, para "blanquear la dictadura y reescribir la historia".

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Castilla y León

Uno de los puntos del acuerdo de coalición autonómico preveía "reivindicar [la] historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarlas para dividir a los españoles". Proposición de ley de concordia de Castilla y León, la han llamado.

Este, en concreto, justifica la actualización legislativa en que "nunca ha habido un relato consensuado de la II República y la Guerra Civil". De hecho, según el texto aprobado por el PP y Vox, la Guerra Civil no obedeció al golpe de Estado de julio de 1936 sino a "dinámicas de enfrentamiento de años anteriores".

Uno de los puntos más importantes de la nueva norma que ya está tramitándose en las Cortes de Castilla y León es reconocer a las víctimas en un nuevo espectro de tiempo, "desde el año 1931 hasta el año 1978", añadiendo así los años de la II República. En el nuevo texto, además, no aparece ninguna referencia a la "dictadura".

Este punto también es importante, en comparación, porque la ley estatal amplía el paraguas hasta 1983 para incluir así a las "personas que lucharon por la libertad y la democracia" durante la Transición. En cuanto se apruebe la nueva ley, quedarán fuera de la legislación autonómica.

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Otra de las novedades es la creación de una Comisión de Exhumaciones que sustituye al actual Consejo Técnico de la Memoria Histórica, excluyendo así a las asociaciones de víctimas de la toma de decisiones. Una vez se apruebe la ley, este organismo tendrá la plena capacidad de resolver las solicitudes para la localización y exhumación de fosas sin contar con las asociaciones.

Aragón

El pasado febrero, el Gobierno del PP y Vox derogó la anterior norma, de 2018, que contaba con varias enmiendas del entonces Grupo Popular. El método de la coalición fue tan tajante como claro: un procedimiento de urgencia, una lectura única en las Cortes y un único artículo para la ley. Literalmente, "queda derogada la ley".

Lo que esto significa, a grandes rasgos, es que la norma elimina el mapa de fosas regional —lo que dificulta la localización de víctimas— y el homenaje a los aragoneses muertos en campos de concentración, entre otros. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, considera que la norma vulnera el "derecho internacional" y además "retira la condena del franquismo", que sí aparece en la ley estatal.

En Aragón la ley ya fue aprobada, por lo que el Gobierno, según ha anunciado Torres, intentará convocar una reunión bilateral con el Ejecutivo autonómico para llegar a un acuerdo; si no es posible, presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante el TC. Por todo lo demás, al tratarse de un artículo único, la legislación aragonesa no va mucho más allá. 

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Comunidad Valenciana

La ley de concordia en Valencia es parecida a la de Castilla y León, pero con algunos matices quirúrgicos. Para empezar, también amplía el campo de actuación hasta 1931, pero no lo extiende hasta 1978 sino "hasta nuestros días". De este modo, recoge también y mete en el mismo pack a las del terrorismo, como también hace la actual Ley de Memoria Democrática. 

De hecho, el segundo párrafo de la propuesta menciona textualmente que "España ha vivido etapas muy convulsas, como la Segunda República, la Guerra Civil, una dictadura y el azote del terrorismo etarra e islámico". En total, y al contrario que la norma castellanoleonesa, la valenciana menciona tres veces la palabra "dictadura" y la condena como una catástrofe", aunque comparándola con la República.

De este modo, otra de las impugnaciones que hará la ley valenciana sobre la estatal es eliminar la enseñanza de la "memoria democrática" en las escuelas, además de mantener intactos los vestigios históricos del franquismo. También hace desaparecer tanto el Día del Recuerdo de las Víctimas (28 de marzo) como el proyecto de memorial que demandaban las asociaciones.

Por otro lado, la ley valenciana también autoriza a la Abogacía General de la Generalitat a que inicie procesos o se persone en los ya existentes para investigar "los hechos delictivos perseguibles realizados contra las víctimas del terrorismo que no hubieran sido resueltos". 

La valenciana pide explícitamente proteger "espacios, inmuebles o parajes que revelen interés para la comunidad autónoma por haberse desarrollado en ellos hechos de singular relevancia por su significación histórica...".