Sánchez pedirá a la ONU y a la UE que actúen contra las leyes autonómicas de concordia del PP y Vox

El Gobierno combatirá por la vía internacional las llamadas leyes de concordia del PP y Vox en las autonomías. Apenas tres días después de amenazar con llevar la derogación de la memoria democrática al Tribunal Constitucional, Pedro Sánchez dará un paso más y elevará el asunto a instancias europeas e internacionales.

Fuentes de la Moncloa confirman que, "por su gravedad", recurrirán los textos a las Naciones Unidas (ONU), el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa para que "evalúen la conformidad" de las medidas que ya están aplicadas en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. El argumento del Gobierno para combatirlas es que podrían ser inconstitucionales.

De esta forma, Sánchez prevé recurrir al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas para que "para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación". También promoverá un debate y votación en la Eurocámara y un informe de la Secretaría General del Consejo.

[El PP sólo hará frente a la Ley de Memoria con leyes de Concordia en las CCAA donde gobierna con Vox]

A su vez, el Ejecutivo invocará la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos para promover un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Ley de concordia

Durante los acuerdos para formar sus gobiernos autonómicos, Vox incluyó en todos los textos un capítulo dedicado a las llamadas leyes de concordia, un texto sobre memoria democrática basado (y calcado) en las normas que lleva impulsando desde 2022 en todos los parlamentos en los que tiene representación. El PP tenía hasta junio para empezar a incorporarlos.

No obstante, los populares sólo sembrarán nuevas leyes de Concordia en aquellas regiones donde gobiernan en coalición con Vox. Es decir, en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura (la única que falta). Murcia se mantendrá al margen, pues no hay ninguna legislación de memoria democrática en vigor.