El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este jueves por sorpresa el Valle de los Caídos para conocer los trabajos de exhumación de 160 víctimas de la Guerra Civil, cuyos restos reclaman sus familias.
Sánchez ha realizado esta visita, que no estaba prevista en la agenda oficial de la Moncloa, una vez concluida su gira por Oriente Medio para promover el reconocimiento del Estado palestino.
El presidente ha recorrido la nave central de la basílica, acompañado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.
Pedro Sánchez visita el Valle de los Caídos
A continuación ha visitado el laboratorio forense y las criptas o columbarios, donde se está llevando a cabo la localización e identificación de los restos, por parte de un equipo técnico compuesto por seis médicos forenses, además de 20 especialistas en historia, arqueología y genética.
Este equipo forense ha explicado al presidente del Gobierno las labores que realiza, como la toma de muestras para realizar análisis de ADN, el estudio antropológico, odontológico y radiológico de los restos, así como la realización de fotografías y vídeos para dejar constancia del proceso.
El ministro Ángel Victor Torres informó el pasado mes de marzo ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que estas labores ya han permitido exhumar los restos de 12 personas asesinadas en 1936 en Aldeaseca y Fuente de Sauz (Ávila). Once de estos restos ya han sido identificados genéticamente y entregados a sus familias.
El proyecto, que la Moncloa ha calificado de "encomiable", cuenta con la colaboración de la Universidad de Granada, la Universidad de Barcelona, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (dependiente del Ministerio de Justicia) y la Unidad de Policía Científica del Policía Nacional.
Coincidiendo con esta visita, el Gobierno ha anunciado que denunciará ante el Tribunal Constitucional, la ONU, el Parlamento europeo y el Consejo de Europa la decisión de las comunidades autónomas de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León (gobernadas por el PP y Vox) de derogar sus leyes de Memoria Democrática.
En concreto, Pedro Sánchez tiene intención de recurrir al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas para que "para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación".
También promoverá un debate y votación en la Eurocámara y un informe de la Secretaría General del Consejo, al respecto, e invocará la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos para promover un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como ha informado EL ESPAÑOL.
Según anunció el ministro Ángel Víctor Torres en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, el Gobierno confía culminar en 2026 el proceso de "resignificación" del Valle de los Caídos, que pasará a convertirse en un "centro e interpretación" para dar a conocer los "planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos".
[El Gobierno impulsa la ley de Memoria y espera "resignificar" el Valle de los Caídos en dos años]
Esto implicará, también, la expulsión de la comunidad de monjes benedictinos que hoy se encuentran al cuidado de la basílica, que será desacralizada, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática aprobada por la mayoría de Gobierno.
"Reescribir la historia"
Horas después de su visita a Cuelgamuros, Sánchez ha atacado a la "ola de revisionismo ultraderechista que recorre a las democracias más avanzadas del mundo y también, lógicamente, la española".
Durante su intervención en el acto de inauguración de la exposición 'Luis Martín-Santos. Tiempo de libertad', organizada en la Biblioteca Nacional, lamentó las "décadas terribles y sombrías" del franquismo que ha avisado que "algunos ahora quieren embellecer con la peor de las trampas".
Una trampa que ha dicho que consiste en "reescribir la historia valiéndose de una memoria mutilada, mancillando y deformando incluso" la palabra concordia.
Por eso ha defendido que el Gobierno vaya a actuar en todas las instituciones nacionales e internacionales en apoyo de la Ley de Memoria Democrática y "frente al negacionismo de los de siempre".
En concreto ha recordado que defenderán "la dignidad de la democracia española" ante el Tribunal Constitucional, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa e instituciones multilaterales.