El Congreso va a rechazar este martes por "improcedente" el conflicto de competencias esgrimido por el Senado a cuenta de la Ley de Amnistía. Los servicios jurídicos de la Cámara Baja han elaborado un informe en el que se expone que no existe cauce alguno para que la Mesa que preside Francina Armengol pueda retirar una normaa tramitada y aprobada por el Pleno.
El Senado, gracias a la mayoría absoluta del PP, envió el pasado 10 de abril un requerimiento al Congreso para que retirase la Ley de Amnistía y, aunque la Cámara Baja tenía hasta mayo para responder, la Mesa va a aprobar este mismo martes su respuesta.
Los letrados del Congreso niegan en su informe que la tramitación de la Ley de Amnistía en la Cámara Baja haya sido errónea. Sin entrar en cuestiones sobre la constitucionalidad de la Ley, el informe se ciñe únicamente a cuestiones procedimentales.
A través de nueve puntos, el documento subraya que la Cámara Baja ha ejercido sus atribuciones "en los términos constitucional y reglamentariamente establecidos", y que ahora es el turno del Senado, conforme a las competencias que le otorga la Constitución.
A su juicio, "bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones, el Senado no puede intentar subvertir las legítimamente ejercidas por el Congreso en el macro del procedimiento legislativo", y avisa de que el planteamiento del conflicto por parte de la Cámara Alta "supondría un artificio para evitar cumplir su obligación constitucional y suplantar al Congreso".
Apoyándose en sentencias del Tribunal Constitucional, los servicios jurídicos recalcan que las votaciones que se producen en la Cámara en el marco del procedimiento legislativo "no son objeto idóneo" de un conflicto de atribuciones, y que si el Senado entiende que la usurpación de sus competencias se produjo cuando la Mesa del Congreso admitió a trámite en noviembre la proposición de ley del PSOE, debió haber presentado entonces ese conflicto, pero ahora ya está "fuera de plazo" porque se han superado "sobradamente" los 30 días que establece la Constitución para recurrir.
En todo caso, los letrados del Congreso se reafirman en su informe inicial de noviembre que avaló la tramitación de la iniciativa legislativa alegando que las dudas de constitucionalidad que pudieran existir no eran tan "palmarias" como para vetarla ignorando el derecho de los parlamentarios a discutirla. En su opinión, declarar la inconstitucionalidad de una iniciativa no es labor de la Mesa del Congreso ni de su homóloga del Senado, sino del propio Tribunal Constitucional.
Tampoco acepta el argumento del Senado de que debió tratarse como una reforma constitucional porque el TC exige que ese tipo de iniciativas deben contener un articulado alternativo a la Carta Magna, y no había tal.
Una "clara injerencia" del Senado
Además, el informe ve como una "clara injerencia" que el Senado cuestione la constitucionalidad de la tramitación parlamentaria de la iniciativa en el Congreso o el cumplimiento de las normas reglamentarias: "La función de controlar cómo ha aplicado su Reglamento el Congreso corresponde en su caso al TC, no pudiendo el Senado asumir funciones de fiscalización de otros órganos constitucionales", subrayan.
Así las cosas, los letrados indican que "no existe ningún cauce reglamentario" que permita que la Mesa del Congreso pueda paralizar una iniciativa que está en tramitación, como reclama el Senado. "Semejante pretensión, que de nuevo carecería de precedentes, implicaría reconocer una potestad exorbitante a la Mesa de la Cámara", señalan.
El informe concluye que "el conflicto planteado es improcedente por referirse a decisiones que no constituyen el objeto propio de un conflicto de atribuciones sino, en su caso, de un recurso de inconstitucionalidad".
Con todo ello, y dada la mayoría con la que cuentan el PSOE y Sumar en el órgano de gobierno de la Cámara, la Mesa del Congreso se responderá negativamente a la petición de retirada del Senado y aconsejará a la Cámara Alta desistir del conflicto de atribuciones y "dar cumplimiento al deber de tramitación de la iniciativa" que se encuentra ahora en fase de comisión en la Cámara Alta.
Una vez que el Congreso rechace oficialmente el requerimiento del Senado, esa cámara podría iniciar un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, que tomaría su primera decisión sobre la amnistía, aunque ésta se circunscribiría a cómo fue su tramitación.