La ONU ha pedido a España que adopte "todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica", según un informe de la organización. La advertencia llega tras la revisión de las llamadas leyes de "concordia" de los gobiernos de coalición de PP y Vox de la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León que pretenden reemplazar las normas de memoria democrática.
El informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, advierte de que las iniciativas de los gobiernos regionales de PP y Vox "pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas" de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Asimismo, también denuncia que podrían "invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista".
La ONU señala que las leyes de concordia de PP y Vox "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento" de la ley de memoria democrática aprobada en 2022.
El informe, de ocho páginas y firmado por el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli, analiza por separado las leyes de concordia de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana.
En primer lugar, critica que la ley de concordia en Aragón "no hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista sino que se refiere a las 'atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil". Sin embargo, la ONU señala que "sí menciona la violencia política ejercida durante la Segunda República".
[Lea íntegro el informe de la ONU sobre las leyes de "concordia"]
El informe asegura que la ley de concordia de PP y Vox en Aragón "invisibiliza las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista al no hacer referencia explícita ni condenar el régimen, su carácter dictatorial, o su responsabilidad por los crímenes cometidos en este periodo".
Sobre la iniciativa del Gobierno de Castilla y León, la ONU denuncia que PP y Vox "suprimen la palabra 'dictadura' para referirse al franquismo" y "no incluyen una condena expresa a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1936 y 1978".
También señala que la ley "podría obstaculizar el acceso a la verdad sobre el destino y paradero de las víctimas" y critica que la norma "no reconoce las subvenciones para actividades de memoria histórica que actualmente pueden otorgarse a asociaciones sin fines de lucro".
En la Comunidad Valenciana, en línea con Aragón y Castilla y León, la ley de concordia de PP y Vox "amplía el periodo de la norma a los años de 'profunda crisis' incluyendo la Segunda República, la guerra civil, la dictadura y el 'terrorismo etarra e islámico'. Una modificación que Naciones Unidas no considera correcta.
El informe lamenta que la iniciativa del Gobierno valenciano pretende "reconocer el mismo régimen de protección a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo etarra e islámico" que a las víctimas de la ley de memoria histórica de 2022, lo cual para la ONU "desvirtúa el objetivo" de la legislación actual de atender las necesidades y derechos de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil.
En definitiva, el informe de Naciones Unidas considera que la iniciativa de PP y Vox podría llevar a mezclar los crímenes cometidos durante el franquismo y la Guerra Civil con los perpetrados en diferentes épocas o por otros actores como ETA, el terrorismo yihadista o la Segunda República.
El informe recuerda el obligado cumplimiento de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1977 y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2009.
Igualmente pide "evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas respecto de tales violaciones" como las cometidas durante el franquismo.
"Todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades de Gobierno, cualquiera sea su nivel -nacional, regional o local-, deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humano", insiste la ONU.
Reacciones
Tanto el Gobierno como PP y Vox han reaccionado ante el informe emitido por la ONU. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado el informe de la ONU como "demoledor" y "contundente" y ha celebrado que se exija a las CCAA la modificación de esas leyes.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha quitado importancia al informe asegurando que contiene "errores de bulto" porque se está tramitando "un plan de concordia", no una ley.
También ha acusado a la ONU de mentir: "Lo que dice ese informe es mentira, debería haber más seriedad. Esto deja en mal lugar a la ONU, que no ha contado con Aragón para hacer este informe".
En la última página del documento Naciones Unidas dice que "agradecería recibir información de parte de los poderes pertinentes sobre cómo la ley de 'concordia' es compatible con la obligación del Estado español" y, por tanto, está abierta a hablar con Aragón.
El Gobierno valenciano de Carlos Mazón también ha defendido su ley de 'concordia' asegurando que "no excluye a nadie, sino que amplía a la totalidad de víctimas, como las de ETA, los mismos derechos".
El Gobierno de España recurrió a principios del mes de abril ante la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa las leyes de concordia de PP y Vox. La primera respuesta ha venido de Naciones Unidas apenas un mes después. Ahora se esperan las de las instituciones europeas.