La parte socialista del Gobierno está muy molesta por la carta que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha enviado a empresas españolas advirtiéndoles de que no deben colaborar con Israel para no apoyar el "genocidio". Así lo explican en la Moncloa y en los ministerios de Exteriores y de Economía.
Exteriores asegura no conocer ni entender "qué quiere decir" Bustinduy "con el Gobierno'", cuando es una iniciativa sólo suya y con competencias discutibles sobre este asunto.
"No sabemos nada de esa carta. Nuestra posición es clara sobre Gaza, Palestina y el reconocimiento", señalan las fuentes.
En efecto, la carta que ha hecho pública este miércoles el Ministerio de Derechos Sociales con la advertencia a las empresas españolas, defiende la acción como "una más" en "la línea política del Gobierno de España, que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU".
Recuerdan que el ministro José Manuel Albares ha asegurado reiteradamente que "es clara nuestra posición de que el Estado de Israel y el pueblo de Israel son amigos de España y del pueblo español, y lo ha dicho públicamente muchas veces".
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Fuentes oficiales añaden que "la línea de actuación del Gobierno en relación con Gaza es clara y notoria y pasa por proteger derechos, pero no poniendo el foco en nuestras empresas".
Esas fuentes aseguran haberse sorprendido por la noticia de la carta y explican que ni siquiera está claro que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que forma parte de la cuota de Sumar en el Gobierno de coalición, tenga competencias sobre este asunto. Aseguran que además no es oportuno cuando se tramita el reconocimiento de Palestina.
En el Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo, la sorpresa y la contrariedad también han sido manifiestas.
Las fuentes oficiales inscriben la iniciativa de Pablo Bustinduy en la situación de Sumar, buscando foco y la manera de tener presencia pública, especialmente ahora con todo lo que tiene que ver con Gaza.
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El Ministerio de Bustinduy asegura que “esta acción responde a un mandato general del derecho internacional y de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Hay una resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos al respecto sobre los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado”.
Aseguran que su competencia tiene que ver con el impulso de la Agenda 2030 y el respeto a los derechos humanos.
Bustinduy ha advertido por carta a las empresas españolas con negocios en Israel sobre el riesgo de estar contribuyendo al "genocidio en Palestina" y les ha instado a "adoptar las actuaciones necesarias" para evitar su participación "directa o indirecta" en los ataques israelíes a Gaza.
Pretende que las empresas españolas con actividad económica en Israel eviten contribuir a las "flagrantes vulneraciones de derechos humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los territorios palestinos ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina".
Díaz exigió este fin de semana que se produjera este mismo martes el reconocimiento de Palestina y, como es obvio, pasó el Consejo de Ministros sin que se produjera el reconocimiento, porque Sánchez tiene su propio plan y su propio ritmo decididos, diseñados y aplicados al margen de Sumar.
De hecho, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció el lunes que aún debe entrevistarse el viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos para tratar este asunto, sin que Díaz tuviera conocimiento previo de tal trámite.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, explicó que ese asunto es competencia del presidente del Gobierno y fuentes de Moncloa aseguran que Díaz sólo busca subirse a esa decisión para apropiársela, dando impresión de que es una propuesta suya.
Antes, Exteriores frenó hace meses una hipotética visita de la vicepresidenta segunda a Gaza que ella misma había anunciado. No se ha vuelto a saber nada de tal viaje.