En el mismo Pleno en el que el PSOE ha unido sus votos a sus socios de Gobierno, independentistas incluidos, para aprobar la Ley de Amnistía, los socialistas han tumbado junto a PP y Vox cambiar la ley para garantizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial rebajando las mayorías, como proponen, entre otros, Sumar y Podemos.
El PSOE también ha votado con los populares y la ultraderecha de Santiago Abascal en contra de reconocer la existencia de una guerra judicial -lawfare- contra el independentismo catalán y vasco.
Estos eran los dos puntos de una proposición no de ley de ERC que han sido tumbados en el Pleno de este jueves con los votos de PSOE, PP y Vox, y que sí han recibido el apoyo de Sumar y los partidos independentistas.
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Otra cuestión que no ha salido adelante es la creación, por parte del Gobierno, de una comisión de expertos para analizar posibles casos de lawfare en el Estado español y proponer medidas para ponerles fin y resarcir a las víctimas. En esta cuestión, propuesta por ERC, el PSOE se abstenido, mientras que sus socios han votado a favor.
El Pleno tampoco ha respaldado depurar las "cloacas" del Estado como solicitaba ERC, tomando las medidas legales, penales, administrativas, que procedan para castigar a los responsables y ejecutores de actuaciones ilegales o ilícitas, o para separarlos de los lugares susceptibles de reincidencia en caso de prescripción del delito. Aquí el PSOE también se ha abstenido y se han impuesto los votos en contra de la bancada de la derecha.
El PSOE sí ha votado con el PP y Vox en contra de hacer cambios legales para garantizar la renovación del CGPJ, que lleva ya cuatro años y medio caducado, así como contra una propuesta para castigar abusos policiales y judiciales.
Ley Mordaza y CNI
La Cámara sí ha aprobado, con los votos en contra de PP y Vox y la abstención del PSOE, impulsar la derogación de la Ley Mordaza, así como reformar las leyes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de Transparencia y la Ley de Secretos Oficiales para facilitar el acceso a la información pública. Este punto ha salido adelante con apoyo del PP, Sumar, los socios del Gobierno, la abstención del PSOE y el no de Vox.
También se ha acordado, con los votos de PP, Sumar, el resto de socios del Gobierno, la abstención socialista y el no de Vox, impulsar las modificaciones legales oportunas para que las empresas y personas corruptoras no puedan beneficiarse de contratos públicos en un período de entre 10-20 años y para endurecer las incompatibilidades de los cargos políticos -estudiando cómo incorporar a los familiares directos-, para evitar prácticas de dudosa ética como las puertas giratorias.
Los mismos votos han permitido instar al Gobierno a enviar al Congreso en tres meses un informe de análisis y propuestas para la lucha contra la corrupción, el fraude fiscal y la elusión fiscal, sin embargo, se ha desechado con el no de PP y Vox y la abstención del PSOE la reclamación de informes similares sobre la regeneración democrática del Estado, del Poder Judicial y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
La petición de crear un Consejo Profesional de Buenas Prácticas que "vele por evitar la desinformación, haga prevención contra las noticias falsas, y sirva para acreditar a los medios responsables ante los eventuales abusos y desfiguraciones de actores comunicativos dedicados a la propaganda", ha sido tumbada por PP, PSOE y Vox.