El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) iniciado por Sudáfrica contra Israel por supuesto genocidio en Gaza.
Se trata de una decisión "meditada durante semanas" con el objetivo de "poner fin a la guerra" en la Franja y "por compromiso con el derecho internacional", según ha explicado el ministro sólo unos días después de que el Gobierno asegurara que respondería de forma "serena y firme" a las "provocaciones" y "bulos deleznables" de Israel sobre España tras el reconocimiento de Palestina como Estado.
Con este paso, España intervendrá en la demanda presentada por Sudáfrica "apoyando al tribunal en su interpretación de las medidas cautelares que va haciendo" y así como la decisión que este tome. Esto quiere decir, según explica a EL ESPAÑOL Carlos Gil, doctor en Derecho Internacional Penal y profesor de la Universidad de Murcia, que España podrá enviar una representación legal a las audiencias y que el nombre del país aparecerá en la web del tribunal durante el proceso judicial. En ningún caso esto significa que España actúe a favor de una de las partes.
Antes que España, se han sumado a la demanda de Sudáfrica, Nicaragua, Colombia, Libia y México. Además, tienen la intención de intervenir Irlanda, Bélgica, Maldivas, Egipto Turquía, que aún no lo han formalizado. En realidad, cualquier país puede solicitar su deseo de intervenir en una controversia legal entre dos Estados en la CIJ porque considere que la decisión afecta a sus intereses de índole jurídica.
El embajador de Palestina en España y Hamás han felicitado a nuestro país por esta decisión y por actuar "de forma coherente con sus principios".
Albares evita hablar de genocidio
En una rueda de prensa convocada de manera urgente Albares ha explicado que "hemos decidido dar este paso tras los acontecimientos de los últimos días en los que vemos que las medidas cautelares del Tribunal Internacional de Justicia se orillan completamente y están muy lejos de cumplirse". También ha pedido el fin de los bombardeos en Gaza, el alto el fuego, la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.
Estas declaraciones hacen una clara referencia al hecho de que Israel no ha frenado su ofensiva contra Rafah, como le había exigido el Tribunal Internacional de Justicia, ni tampoco contra otras zonas de la Franja. De hecho, esta madrugada, Israel ha bombardeado una escuela de la ONU en un campo de refugiados de Gaza y ha matado a 40 personas, varias de ellas niños y mujeres.
Albares ha evitado pronunciarse sobre si la operación militar que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza es un genocidio, como sí considera la demanda presentada por Sudáfrica, incidiendo una vez más que le corresponde a este tribunal de la ONU dirimir esta cuestión y en que el Gobierno la respaldará, sea cuál sea, cuando se produzca.
"Poco importa mi opinión personal, el ministro de Asuntos Exteriores no está para dar sus opiniones personales", ha afirmado para insistir en que "la opinión institucional del Gobierno de España hoy es la intervención en esta demanda", como ya hizo también en la formulada por Ucrania contra Rusia tras la invasión.
"Esto no es un concurso o una carrera de a ver quién tiene una opinión más matizada o menos matizada", ha puntualizado para explicar que esta decisión se toma no sólo por "la continuación de la operación militar en Gaza", también por "la extensión regional del conflicto".
La demanda de Sudáfrica
Fue el pasado mes de enero cuando Sudáfrica denunció ante el Tribunal Internacional de Justicia a Israel al considerar que está cometiendo un genocidio en Gaza, algo que ha rechazado el Gobierno de Benjamín Netanyahu. "Las acciones [de Israel] muestran un patrón sistemático de conducta del que se puede inferir el genocidio", dijo Adila Hassim, defensora del tribunal superior de Sudáfrica durante la audiencia del pasado 11 de enero.
Como prueba, el equipo de expertos en derecho Internacional del país africano señaló "el lenguaje de deshumanización sistemática" utilizado por altos cargos israelíes para calificar a los palestinos de Gaza, como las palabras del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en la que calificó a los palestinos de "animales humanos".
En su petición, Hassim defendió la necesidad de parar la guerra en Gaza por el "riesgo de morir por hambre, deshidratación y enfermedades que provoca la destrucción de ciudades palestinas y el acceso insuficiente de ayuda permitida a la población palestina".
Desde el inicio, Israel ha rechazado el contenido de la demanda y ha acusado a Sudáfrica de "manipular" la realidad tras casi 37.000 muertos en la Franja.
¿Qué significa la decisión de España?
Según relata a EL ESPAÑOL Carlos Gil, doctor en Derecho Internacional Penal y profesor de la Universidad de Murcia, desde un punto de vista jurídico, la decisión anunciada este jueves por Albares pone de manifiesto que "España cumple con sus obligaciones internacionales en el marco de la Convención contra el Genocidio, ratificando su compromiso jurídico en la defensa de este tratado, del que forma parte".
Lejos de ser un puro acto simbólico, "se trata de una cuestión jurídico-práctica de suma relevancia", sostiene el experto. Y es que, a efectos prácticos, que España intervenga en el proceso significa que podrá enviar una representación legal a las audiencias y que el nombre del país aparecerá en la web del tribunal durante el proceso judicial.
En ningún caso, recuerda Gil, esto significa que España actúe a favor de una de las partes, ya que no se adhiere a la demanda de Sudáfrica, sino que ejerce su derecho de intervenir en el procedimiento para ayudar a la Corte a interpretar correctamente la Convención. “Actuamos a favor de la interpretación correcta del derecho”, aclara.
No romperá relaciones con Israel
Tras esta rueda de prensa y en una entrevista en La Sexta, José Manuel Albares ha replicado a los socios de Gobierno de Sumar que lo "efectista" sería retirar a la embajadora en Israel, como han reclamado, pero esto no ayudaría en nada a la paz en Oriente Próximo, que es el último término lo que todos desean.
"No me planteo la retirada ni la ruptura de relaciones diplomáticas", ha asegurado el jefe de la diplomacia española.