El BOE publica la Ley de Amnistía: Junqueras, 36 encausados de ERC, Turull y Rull piden su aplicación

La Ley de Amnistía ya está en vigor. El Boletín Oficial del Estado publica este martes la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que fue aprobada en el Congreso el pasado 30 de mayo con 177 votos a favor y 172 en contra, y que abre la puerta al regreso a España de Carles Puigdemont. Oriol Junqueras y otros 36 encausados de ERC ya han presentado las peticiones de aplicación de la amnistía, al igual que Jordi Turull y Josep Rull, ambos de Junts.

Desde la publicación de la ley este martes, se suspenden de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención sobre los potenciales beneficiarios de la amnistía pero hay discrepancias entre juristas y fiscales del Supremo sobre si puede hacerse de forma inmediata. De hecho, el juez del TS Pablo Llarena ha anunciado que mantiene la orden de detención contra Puigdemont y el resto de líderes del procés fugados. 

Además, los jueces y tribunales disponen de dos meses para aplicarla. Eso sí, ese plazo se detendrá si se eleva una cuestión a la Justicia europea. El BOE también abre el plazo de presentación de recursos de inconstitucionalidad y al menos el PP ya tiene anunciado que la impugnará.

La aprobación de esta norma llega 48 horas después de las elecciones europeas y al día siguiente de la constitución de la Mesa del Parlament, que presidirá Josep Rull, imponiéndose Junts al PSC. 

El decreto, firmado por el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recoge la norma que pactó PSOE con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura del líder socialista.

Desde noviembre de 2011

Su objetivo es amnistiar a todos los implicados en las movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023.

De esta forma, la Ley de Amnistía comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.

Para blindarse ante posibles cuestiones prejudiciales a la justicia europea, la ley establece en un artículo los delitos que quedan excluidos de la amnistía y delimita el perdón a la malversación y el terrorismo de mayor gravedad. 

Según confirmó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, la norma ampara a 372 personas, entre las que se incluyen dirigentes de Junts y ERC, a los 12 CDR procesados y a los investigados por Tsunami Democràtic, entre otros.

Turno ahora de los jueces

A partir de ahora, su aplicación queda en manos de los jueces y tribunales que tengan sobre la mesa causas vinculadas al procés, estos son, el Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas amén de más de 300 causas en los juzgados y tribunales de Cataluña.

La ley establece que se suspenderán de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención en vigor, pero hay discrepancias entre los juristas y los fiscales del Supremo que ejercieron la acusación en el juicio a la cúpula del procés han cuestionado que pueda hacerse de forma automática.

Es más, los fiscales del Supremo ya han comunicado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se oponen a amnistiar el delito de malversación porque la propia norma lo excluye y, además, "afecta a intereses financieros de la Unión Europea", lo que concierne al exvicepresident catalán Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, condenados por malversación. También afecta a tres de los fugados de la Justicia Carles Puigdemont y los exconsellers Toní Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia.

De hecho, estos fiscales sostienen que la orden de detención contra Puigdemont y los fugados no pueden ser retiradas por la amnistía dado que, en su opinión, el delito que justifica la vigencia de dichas órdenes no se puede amnistiar, la malversación.

Será aquí donde entre en juego la posición de la Fiscalía, que pretende mantener una unidad de actuación, aunque aún no se conoce cual será su posición respecto a la malversación o las cautelares, una decisión cuya última palabra estará en manos del fiscal general del Estado. 

Orden de detención 

Por eso, el primer paso que dará el juez del Supremo Pablo Llarena será preguntar a las defensas y acusaciones, como se prevé que hagan una gran mayoría de juzgados y tribunales del país, esto es, dirigirse a las partes para que informen sobre la aplicación de la amnistía en cada procedimiento que pueda verse afectado.

De hecho, Llarena esta misma mañana ha acordado mantener la orden nacional de detención contra Puigdemont y ha dado cinco días a las partes para que opinen sobre la aplicación de la Ley de Amnistía. 

Aprobada en seis meses

La proposición de ley fue registrada en solitario por el Grupo Socialista el 13 de noviembre del año pasado y, aunque formalmente se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, no ha visto la luz hasta más de seis meses después, después de que el 30 de mayo reuniera el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.

Tras su aprobación definitiva, el Gobierno explicó que se seguiría el procedimiento habitual para su publicación en el BOE y que, por tanto, no sería de forma inmediata. 12 días después la norma ha entrado en vigor. 

Junqueras pide la amnistía

Los primeros en presentar las peticiones formales para reclamar que se les aplique la Ley de Amnistía han sido las defensas jurídicas de los 37 encausados de ERC por el procés.

Entre los encausados que piden la amnistía -algunos con dos y hasta tres causas abiertas- figuran el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó y Meritxell Serret, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, además de Anna Simó, Ruben Wagensberg, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó, Natàlia Garriga o Xavier Vendrell, entre otros.

¿Y Puigdemont?

Por el lado de Junts, Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, no presentará por el momento ningún escrito para que se aplique la Ley de Amnistía, a la espera de ver qué hacen los jueces.

"Esperamos que la ley se aplique tal y como está establecida", ha señalado este martes en una entrevista en TVE. 

Prevé que Puigdemont regrese a España para el debate de investidura en el Parlament de Cataluña y admite que entre los escenarios que barajan está "su detención". 

Jordi Turull y Josep Rull 

Por su parte, la defensa del nuevo presidente del Parlament, Josep Rull, ha pedido aplicarle la amnistía para borrar sus antecedentes penales, mientras que para el exconseller y secretario general de Junts, Jordi Turull, la ha reclamado para poner fin "inmediatamente" a la inhabilitación de 12 años que le impuso el Tribunal Supremo en la sentencia del 1-O.

En un escrito al Supremo al que ha accedido Europa Press, la defensa de Turull  argumenta que su caso está amparado por la Ley de Amnistía y que su condena por malversación cumple el requisito de que no haya existido intención de enriquecerse, algo que respalda en la propia sentencia que lo condenó.

Jordi Turull fue condenado en 2019 a 12 años de prisión y 12 años de inhabilitación, y en junio de 2021 fue indultado de la pena de prisión que le quedaba por cumplir, de manera que le quedaba vigente la condena de inhabilitación.