El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons; la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este martes en Bruselas.

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons; la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este martes en Bruselas. Comisión Europea

Política PACTO POR EL PODER JUDICIAL

Las claves de un pacto que promete más separación de poderes y supera años de anomalía política

El acuerdo entre PP y PSOE, entre otros asuntos, pretende cerrar 'puertas giratorias' similares a la de Dolores Delgado y reformar la LOPJ.

26 junio, 2024 02:43
Javier Corbacho Alberto D. Prieto

El acuerdo anunciado este martes por el PSOE y el PP pretende poner fin a los más de 2.000 días que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva con su mandato prorrogado.

Concretamente, la anomalía se eternizaba desde el 4 de diciembre de 2018. De eso hace más de cinco años y medio. Entonces, con todo acordado, el pacto se fue al traste tras una exclusiva de EL ESPAÑOL que mostraba cómo los partidos políticos trataban de controlar al Poder Judicial.

Ahora, por fin, no sólo se acaba con aquella crisis, sino que el nuevo acuerdo, signado en Bruselas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y por Esteban González Pons, vicesecretario institucional del PP, promete más separación de poderes, incluyendo una renovación del CGPJ que vendrá de la mano de ciertas reformas legales en el ámbito de la Justicia.

Al documento firmado por ambos políticos le acompaña el texto de una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, incluyendo salvaguardas, incompatibilidades, y cierre de las llamadas puertas giratorias. "Se avanza en la independencia judicial", coincidían las fuentes de ambos partidos, felicitándose del contenido del pacto, más allá de los matices —que los hay— que señala cada formación.

Ambos negociadores, en todo caso, han logrado culminar con éxito la enésima ronda de negociaciones, gracias a la supervisión de la Comisión Europea (CE). De hecho, el documento ha sido firmado en Bruselas en presencia de la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la CE, Vera Jourová.

El método comunitario del "diálogo estructurado", propuesto por Alberto Núñez Feijóo en la reunión que mantuvo con Pedro Sánchez el pasado diciembre, ha surtido efecto. Pero el documento incluye medidas basadas en la desconfianza acumulada. Todo se hará a la vez, con garantías cruzadas.

Renovación del CGPJ

12 vocales judiciales y ocho juristas. Los nuevos vocales del CGPJ conforman una lista de 20 nombres "de perfil profesional e independiente". Los grupos parlamentarios de PSOE y PP se comprometen a apoyar este listado tanto en el Congreso como en el Senado. Cada formación ha elegido una decena de estos nombres, la mitad.

Reforma de la LOPJ

Poder Judicial. El Partido Popular y el Partido Socialista han acordado, asimismo, tramitar por la vía del procedimiento de urgencia una proposición de ley orgánica que reforme la actual Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El texto está blindado contra las traiciones cruzadas, porque el compromiso incluye "no tramitar ni apoyar ninguna enmienda" a esa proposición si no va firmada conjuntamente.

Estatuto Fiscal

Estatuto Fiscal. El otro texto que será modificado será la norma básica que regula el funcionamiento del Ministerio Público. Según el PP y el PSOE, la reforma profundiza en "las garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado".

Actualmente, quien encabeza dicha institución es Álvaro García Ortiz, muy criticado por el PP debido a que los dirigentes de este partido le atribuyen demasiada cercanía con el Gobierno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, con esta reforma, Dolores Delgado, su antecesora, exministra de Justicia, jamás habría podido ocupar ese puesto poco después de abandonar el Gobierno.

¿Por qué? Porque la proposición de ley prohibirá que sea propuesto como fiscal general del Estado "quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un ministerio o de una secretaría de Estado". Tampoco quienes, en el lustro previo, hayan sido consejeros autonómicos, alcaldes, diputados, senadores o eurodiputados.

Separación de poderes

Nuevo sistema de elección del CGPJ. El PP llevaba tres años exigiendo que la renovación fuera "de la mano de una reforma según los estándares europeos". Y el Informe sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea, reclamando ese cambio en el sistema de elección de los vocales jueces.

El PSOE siempre se negó a ceder en este punto. Ahora, nadie gana, pero sí hay un compromiso. El nuevo CGPJ tendrá que presentar, en seis meses, una propuesta de reforma del sistema de elección que cumpla estos criterios.

Y se garantiza que el acuerdo sea consensuado: la futura reforma de la ley exige que este informe vaya a ser aprobado "por mayoría de tres quintos" de los vocales.

El futuro texto será trasladado al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación. Dicho informe, tal y como recoge el acuerdo entre PSOE y PP, deberá determinar el grado de "participación directa de jueces y magistrados" en la elección del cupo de miembros del CGPJ que les corresponde escoger. El dosier, posteriormente, será enviado a la Comisión Europea y analizado por ésta.

Por otro lado, la ley introduce un nuevo régimen de incompatibilidades, que impide a quienes pretendan ser designados como vocales del Consejo en el turno de "juristas de reconocida competencia" haber desempeñado, durante los cinco años previos, cargos políticos. Concretamente, los de ministro, secretario de Estado, consejero autonómico, alcalde, diputado, senador y europarlamentario.

La proposición coordinada entre el PP y el PSOE también obligará a que el Congreso y el Senado elijan un suplente para cada uno de los 20 vocales titulares del Consejo General del Poder Judicial.

Completar el Constitucional

Fin a otra anomalía. El acuerdo adquiere un enfoque completo al contemplar, también, la designación de un sustituto, como magistrado del Tribunal Constitucional, de Alfredo Montoya, que renunció hace dos años por problemas de salud.

Esta plaza, que corresponde aprobar al Senado, formó parte del método de presión del PSOE para forzar al PP a este pacto. En adelante, la ocupará José María Macías, actual vocal del CGPJ y que, como los 20 nuevos miembros del órgano de gobierno de los jueces, "cumple ya los criterios de independencia e idoneidad" establecidos en la proposición acordada entre PP y PSOE.

Consenso 'desconfiado'

Garantías cruzadas. El documento incluye medidas basadas en la desconfianza acumulada. La proposición de ley orgánica y los nombres de los candidatos
propuestos al CGPJ se presentarán "de forma conjunta" por PP y PSOE en el registro del Congreso y del Senado.

Además de no aceptar enmiendas si no están amparadas por el acuerdo previo de populares y socialistas, los grupos parlamentarios "ordenarán el calendario" de las Cámaras de tal manera que la ley, la lista de candidatos al CGPJ y el propuesto para la vacante del Constitucional se aprueben "en la misma semana del mes de julio, idealmente el mismo día".

Respeto institucional

Sin manoseo de los políticos. "El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo será aquél que decidan los miembros del CGPJ, tal y como dispone la ley", subraya el texto. 

La misma necesidad de redactar este último punto del acuerdo político firmado por PSOE y PP demuestra hasta qué punto se había perdido el respeto institucional entre los poderes políticos (Legislativo y Ejecutivo) y el judicial. 

Pese a que gran parte del acuerdo se centra en la renovación del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, también contempla otros extremos, además de la ya mencionada designación de Macías para cubrir el asiento vacante en el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, la proposición de ley orgánica aumenta a 20 años el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo. De momento, este plazo es de década y media, por lo que se añade un lustro al cómputo.

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano que se encarga de su designación, tras constatar que se trata de "juristas de prestigio" y que reúnen "suficientes méritos".

A su vez, otro de los asuntos que recoge la proposición de ley orgánica pactada entre el PP y el PSOE es la "necesaria adecuación de la plantilla judicial y fiscal mediante la provisión de 200 plazas cada año". En un lustro, serán mil las plazas convocadas para hacer frente al "aumento de la litigiosidad de los últimos años" y a las jubilaciones previstas. De todo ello ha venido advirtiendo el Consejo General del Poder Judicial.