El secretario de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, este martes a su llegada a una reunión.
Sumar acusa al Supremo de "prevaricación" y de "retorcer la ley" por no amnistiar a Puigdemont
Gerardo Pisarello ve una "vergüenza" la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación y mantener la orden de detención contra Puigdemont.
2 julio, 2024 11:31El secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, de Sumar, ve una "auténtica vergüenza" la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont y ha advertido de que los jueces tienen que hacerlo "porque lo contrario es prevaricar".
Pisarello, portavoz también de los comunes, ha insistido en que los jueces "son la boca muda de la ley" y lo que ha hecho el magistrado Pablo Llarena "es un retorcimiento absoluto de la interpretación de la ley".
"No la quieren aplicar", ha dicho, "y se inventan una teoría como esta de la malversación por ahorro, una cosa que no se había oído nunca".
Si los jueces tienen dudas sobre cómo hacer efectiva la norma "que planteen cuestiones de inconstitucionalidad y si quieren hacer política que se presenten a las elecciones", ha subrayado Pisarello para calificar de "inaceptable" la resolución de Llarena.
Pisarello cree que seguramente presentarán recursos de amparo y confía en que el Tribunal Constitucional "corrija esta desmesura" .
En este sentido y de manera preventiva, ha avisado al PP que no se le ocurra luego decir que el Constitucional "es el cáncer de la democracia" porque no tiene mayoría en el alto tribunal.
Investidura de Illa
Sobre las consecuencias que esta decisión pueda tener en las negociaciones para la investidura de Salvador Illa en Cataluña y también en la legislatura, el dirigente de Sumar ha explicado que esto continúa introduciendo "una anomalía en la política española que tiene repercusiones en la política catalana" al no reconocer la soberanía popular.
Ésta, ha añadido, se expresa en el Parlamento elaborando leyes y cuando estas leyes "tienen el apoyo mayoritario tienen que aplicarse" y en el caso de que los jueces no estén de acuerdo -ha repetido- deberán plantear una cuestión de inconstitucionalidad.
