Gobierno y PP ponen en la picota al Supremo y al Constitucional a la semana de pactar la paz judicial

Ahora intercambian descalificaciones sobre el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado, y se atrinchera cada uno en el órgano judicial que dicta resoluciones de acuerdo con sus posiciones e intereses políticos. Las togas y las salas de vistas son el campo de batalla política y como hinchas de fútbol, los partidos celebran las resoluciones que les convienen como triunfos de su equipo y censuran las que no les convienen como si fueran decisiones fallidas del árbitro y apelan al "VAR judicial".

El PP respalda al Supremo, que ha mandado a vía muerta la Ley de Amnistía, pero pone en duda la imparcialidad del Constitucional y exige la dimisión del fiscal general del Estado.

El Gobierno se refugia en el Constitucional para que, finalmente, avale la Ley de Amnistía, critica con dureza al Supremo y respalda al fiscal general, Álvaro García Ortiz, a un paso de ser imputado por revelación de secretos.

El panorama político se completa con la pugna entre el Constitucional y el Supremo porque el primero está desmontando las sentencias condenatorias por el caso ERE, con la impresión de que se cruzan líneas rojas y se entra en sus respectivas competencias jurisdiccionales.

De hecho, fuentes judiciales explican que esas decisiones y las que se refieren a amnistiar delitos de malversación, previa diferenciación entre circunstancias de este delito, suponen una cierta banalización de algunos tipos de corrupción. 

Fuentes del Gobierno expresan su profundo malestar por la forma en la que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha decidido que no es aplicable la amnistía a dirigentes independentistas como Carles Puigdemont, con una interpretación flexible del delito de malversación, pese a que la norma sólo dejaba fuera el enriquecimiento.

Está pendiente, además, la decisión sobre el llamado caso Tsunami, en el que los independentistas son acusados de terrorismo por los sucesos ocurridos durante el procés y tras la publicación de la sentencia condenatoria.

Esas fuentes señalan que el Supremo está obligado a aplicar la literalidad de la norma con el principio de la interpretación más favorable para el reo. Entienden también que hay una decisión de esos jueces de no aplicar la ley y poner en riesgo la legislatura y el apoyo de Junts a Pedro Sánchez.

En público, el Gobierno mantiene las críticas contra el Supremo explicando, como hizo la portavoz Pilar Alegría, que la voluntad del legislador y de la Ley de Amnistía es muy clara. "Que los jueces apliquen la ley", advirtió la ministra.

"Pasan cosas extrañas en nuestro país", aseguró la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en referencia al Supremo y sin ser preguntada expresamente sobre este asunto.

Gerardo Pisarello, diputado de Sumar, señaló que esta decisión del Supremo una "auténtica vergüenza" y un "retorcimiento absoluto" de la ley, que supone un "desconocimiento" de lo que debería ser la función judicial en un Estado de derecho. "Espero que el Tribunal Constitucional corrija esta desmesura", ha señalado.

"Toga nostra"

Los socios de Sánchez han ido mucho más allá con expresiones como "toga nostra", utilizada por el propio expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Se suma a las críticas implícitas del propio Sánchez al descalificar la posibilidad de que el Supremo impute en breve al fiscal general del Estado. El presidente del Gobierno, de hecho, ha impuesto que Álvaro García Ortiz siga en el cargo aunque el Supremo le abra una causa.

La siguiente etapa de la polémica se refiere al Tribunal Constitucional, donde fuentes del Gobierno esperan poder frenar al Supremo con un pronunciamiento que ordene aplicar la amnistía. El del Constitucional será el "partido de vuelta" que decante la eliminatoria en favor de la amnistía y las tesis del Gobierno, según dan por hecho en la Moncloa.

Y el PP empieza a poner en duda esa institución donde, a diferencia del Supremo, hay mayoría progresista.

"Tengo dificultades para aceptar la imparcialidad" del Tribunal Constitucional, al estar "trufado de dos cargos del Gobierno", aseguró Feijóo en Onda Cero en alusión al exministro Juan Carlos Díaz y a la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.

El líder del PP, además, pidió la dimisión de esos magistrados y cuestionó al presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Y Miguel Tellado, portavoz del PP, remató asegurando que "es un hecho que el Tribunal Constitucional está trufado de exmiembros del Gobierno de Pedro Sánchez", a los que ha calificado como "comisarios políticos", en alusión a Campo y a Laura Díez.

Mientras Pilar Alegría pedía al líder del PP que rectificase sus críticas al Constitucional, a su lado, en la rueda de prensa de la Moncloa, la vicepresidenta Yolanda Díaz cuestionó a José María Macías, propuesto por Feijóo como magistrado del Constitucional.

Fuentes del PP recuerdan que el Gobierno, encabezado por Sánchez, arremetió contra el Tribunal Constitucional en diciembre de 2021 cuando, con mayoría conservadora, ordenó parar un pleno del Senado. "El Constitucional ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español. Algo que no ha sucedido nunca en los últimos 44 años, que no ha pasado jamás en ningún país europeo de nuestro entorno y que afecta a los fundamentos de la separación de poderes de nuestra democracia", dijo el entonces ministro de Presidencia Félix Bolaños en una comparecencia solemne en la Moncloa.