El Gobierno ha acordado con el Govern de Pere Aragonès la transferencia de 1.520 millones en los próximos tres años a la Generalitat, 1.058 de ellos destinados a Rodalies, 450 para I+D y 7,9 para la gestión de las becas universitarias. Estas partidas forman parte del pacto alcanzado entre PSOE y ERC de noviembre de 2023 para asegurar la permanencia de Pedro Sánchez en Moncloa y se formalizan ahora en plenas negociaciones para la investidura de Salvador Illa.

Esta transferencia es el principal acuerdo cerrado este lunes en la Comisión Mixta del Estado y la Generalitat para Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF) celebrada en Barcelona, de la que han dado cuenta en rueda de prensa las consejeros de Economía y de Territorio, Natàlia Mas y Ester Capella, y a la que han acudido, en representación del Gobierno, los secretarios de Estado de Hacienda y de Política Territorial, Jesús Gascón y Arcadi España.

Mas ha detallado que la Generalitat recibirá un total de 1.520 millones de euros en los tres próximos dejercicios, hasta 2026, y otros 442 millones anuales a partir de 2027.

Para el Govern, este acuerdo supone "una corrección en la infrafinanciación" que sufre Cataluña y es "indispensable pero no suficiente" de cara a la investidura de Illa, ha añadido Mas.

Los republicanos reivindican los traspasos formalizados este lunes como avances en la llamada "carpeta cero" de las negociaciones con el PSC, pues se da cumplimiento a acuerdos sellados entre este partido independentista y el PSOE en el marco de la investidura de Sánchez.

De esta transferencia, el traspaso económico asociado a Rodalies es el más voluminoso. Se trata de 1.057,9 millones a abonar en los próximos tres años.

En concreto, 191,5 por el Plan de Acción entre 2016 y 2023 -lo que conllevará que el operador, Renfe, desista del proceso judicial en el que reclamaba estos fondos a la Generalitat-; 283,4 por el déficit de explotación de 2023, una partida que se abonará anualmente, aunque la cantidad podrá variar; 5,2 millones anuales por mejoras en Rodalies Lleida; y 900.000 euros por planes de transporte alternativos que había asumido la administración catalana.

De este total, unos 300, el déficit de explotación más las partidas relacionadas con Rodalies Lleida, se transferirán de forma recurrente, cada año, a partir de 2027.

Para Capella, los acuerdos sobre Rodalies permiten "poner el contador a cero", poner fin a litigios judiciales en marcha y a "deudas históricas" nunca resueltas. Un paso decisivo, en definitiva, para avanzar en el despliegue del traspaso de Rodalies a la Generalitat.

Fondo para I+D

En el encuentro de este lunes también se ha formalizado la transferencia anual de 150 millones para proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) en Cataluña. Es decir, 450 millones anuales hasta 2026 -que se incluyen en el sumatorio de 1.520 millones del que ha dado cuenta Mas- y 150 al año a partir de entonces.

Otra partida que el Estado abonará a la Generalitat son dos millones anuales para la gestión de becas, que se suma a 7,9 millones relativas de misma partida por atrasos de los años 2022, 2023 y 2024.

Mas también ha recordado que en diciembre se dio cumplimiento a otro de los pactos de la investidura de Sánchez: 93,5 millones de euros a la administración catalana en 2024 para los Mossos d'Esquadra, una cifra que debe ascender hasta los 1.600 millones hasta 2030.

La condonación parcial del FLA

Por otra parte, Mas ha explicado que otro de punto de los acuerdos para la investidura de Sánchez, la condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña con los mecanismos estatales de provisión de liquidez, como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), "se hará efectiva en los próximos meses".

Mas ha asegurado que Gobierno y Generalitat trabajan en los "últimos detalles técnicos" para concretar ese pacto, aunque la consejera ha asegurado que esa condonación se formalizará "por otra vía diferente" a la CMAEF.

La titular de Economía ha asegurado que, de hecho, las agencias de calificación crediticia ya dan por descontado ese acuerdo con el Estado, un pacto que supondría rebajar el pasivo total de la Generalitat, que asciende a 87.253 millones -74.328 millones correspondientes al FLA-, según los últimos datos del Banco de España, los correspondientes a marzo, hasta los 72.253 millones, según las cifras actuales de deuda.

A la pregunta de cómo afecta lo anterior de cara a la investidura de Illa, la consejera ha comentado que las negociaciones seguirán adelante mientras existan "garantías de cumplimiento en calendarios razonables", y ha añadido: "No dejaremos que nada quede en el aire".