El partido de Carles Puigdemont ha vuelto a plantar una vez más al Gobierno de Pedro Sánchez. La reforma de la Ley de Extranjería, que se debatía este martes en el Congreso, no ha sido finalmente admitida a trámite por el voto en contra de Junts, que tenía en su mano facilitar los cambios de la norma como socio habitual del Sánchez.

Por no hacer cesiones al PP, que había enviado al Gobierno una serie de condiciones para apoyar la norma o plantear su abstención, el PSOE decidió hacer oídos sordos y depender tan sólo de sus socios nacionalistas de investidura.

Tras la votación realizada en la Cámara Baja la propuesta de reforma ha sido rechazada con 171 votos a favor, 177 en contra y una abstención. 

A pesar de esta derrota parlamentaria, como ya adelantó este lunes EL ESPAÑOL, desde el Ejecutivo se prepara un plan B que pasaría por recurrir de nuevo a la fórmula del decreto ley, según deslizan fuentes del Gobierno a este diario.

Esta fórmula ha sido utilizada una y otra vez por los socialistas para sacar adelante toda clase de proyectos parlamentarios en los últimos años. El decreto ley permite que la reforma entre en vigor inmediatamente, aunque luego tiene que ser ratificada por el Congreso.

 Junts da la espalda

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, reprochó al Gobierno desde la tribuna que "la respuesta del Gobierno no ha sido negociar, sino la de siempre: abusar de la solidaridad del pueblo de Cataluña". "Nosotros nos plantamos", sentenció. Y ha recordado además que el Gobierno "está negociando" con Puigdemont "la delegación plena de los recursos en materia de inmigración".

Por ello, Nogueras ha insistido en que facilitar la reforma de la ley no tenía sentido: "Cómo puede pensarse que nosotros vamos a aceptar una ley que nos obligue a acatar sus decisiones. Retiren la ley y trabajen un acuerdo negociado con Cataluña", ha concluido.

Sin cesiones al PP

El Partido Popular, por su parte, ha reiterado su negativa a apoyar la norma, o a facilitar su tramitación por la vía de la abstención. La diputada del PP y responsable de estas negociaciones con el Gobierno, Ana Alós, ha asegurado que el debate estaba planteado como "un parche y un chantaje al Partido Popular".

A pesar de haber ratificado hace semanas el acuerdo de reparto de los menores extranjeros no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de autonomías, el Gobierno registró la reforma de la ley de Extranjería sin contar con las condiciones marcadas por el PP. 

Dicha reforma propone modificar el artículo 35 de la norma para establecer un reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas. Una obligatoriedad a la que el PP se opone.

El partido de Alberto Núñez Feijóo había puesto una serie de condiciones para apoyar la toma en consideración de la proposición de ley que, según fuentes del PP, fueron rechazadas por el Gobierno en la tarde del pasado domingo.

Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, ya había anunciado la postura de su grupo aquel día: "El PP fue claro en sus pretensiones para apoyar ese texto. La negativa del Gobierno no nos permite facilitar la tramitación de una ley que se basa en la imposición y no en el diálogo".

La diputada Alós también ha insistido este martes en que, "cuando los recursos no existen, la solidaridad no es suficiente" y ha acusado al Gobierno de hacer "demagogia" con la política migratoria. "Si aprobásemos esta modificación no cambiaría nada porque no hay recursos".

"Retiren esta proposición de ley", ha dicho, "pónganse a negociar y convoque una Conferencia de Presidentes". El PP viene insistiendo en que se celebre esta reunión desde hace semanas. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ya la había reclamado porque "lleva dos años sin convocarse".

La ley que regula la Conferencia de Presidentes estipula que se tiene que reunir mínimo dos veces al año y el Ejecutivo de Sánchez no la está cumpliendo.

"Más plazo"

Coalición Canaria, partido clave en el impulso de esta reforma, viene pidiendo un consenso entre el Gobierno y la oposición del PP. Su diputada Cristina Valido ha tomado la palabra en el pleno del Congreso para anunciar que, si no había acuerdo "en las próximas horas", pedirían retirar el texto. 

"Con toda la tristeza, les voy a pedir que nos demos plazo para seguir hablando. Yo no tengo discurso para decir que no ha prosperado la reforma de la Ley de Extranjería. Si en los próximos minutos no hay un acuerdo, pediré que no se vote, que se quede sobre la mesa y que sigamos hablando", ha afirmado la parlamentaria canaria.

El sí de ERC

Hasta este mismo lunes, ERC se resistía a apoyar la norma al apostar por una política de inmigración propia. Todas las opciones de que se iniciase la tramitación pasaban, por tanto, por el PP.

Sin embargo, a última hora algunos medios publicaron que el grupo de Gabriel Rufián votaría finalmente a favor, dejando todo en manos de Junts, que con una abstención podría facilitar su tramitación. Así ha ocurrido, pero Junts ha mantenido su negativa frente al Gobierno.

El diputado de ERC Jordi Salvador i Duch, ha asegurado desde la tribuna que "prefiere ser acusado de buenismo que de malismo". "Sería interesante que esta voluntad de acogida fuera apoyada por todas las comunidades. No tendría que haber ninguna comunidad que lo discutiera, es una cuestión de compromiso con los derechos de la infancia", ha defendido.

Exigencias del PP

En esa misma línea, la de que el Estado dote de recursos a las CCAA que acojan a los menores no acompañados, estaban planteadas algunas de las seis exigencias que el PP había enviado al Gobierno para facilitar la votación de este martes.

Entre las seis exigencias recogidas en la carta que el PP envió al Gobierno está la de hacer extensible la emergencia migratoria que se mantiene activa en Canarias a todo el territorio nacional.

También se recoge la exigencia de "garantizar" la minoría de edad de todos los migrantes que se pretenden repartir entre el resto de comunidades. O la de establecer un fondo de contingencia plurianual que recoja la financiación de los menores desde su acogida hasta su emancipación.

Otra de sus propuestas es que, cuando el número de menores exceda la capacidad de los recursos instalados en un territorio, "corresponderá a las autoridades del Gobierno central habilitar los medios y su gestión directa".

Y quizá, una de las exigencias más importantes es la de que la ley no venga recogida ninguna forma de excepcionalidad catalana. El PP pide garantías de que el reparto será para todas las regiones sin excepción, de forma que "no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna Comunidades Autónomas".