Puigdemont asistirá al Parlament a riesgo de ser detenido para reventar la investidura de Illa

El líder de Junts ha comunicado a su círculo más cercano que mantiene la intención de regresar a España para asistir al debate de investidura en el Parlament, "ya sea la suya o la de Salvador Illa", aun a riesgo de ser detenido por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Puigdemont tiene previsto protagonizar este sábado un acto ante más de un millar de simpatizantes, en un escenario al aire libre en la población francesa de Amélie-les-Bains-Palalda (a apenas 15 kilómetros de la frontera española), para conmemorar el cuarto aniversario de la creación de Junts.

Se trata del mismo escenario en el que ofreció un acto de precampaña el pasado 20 de abril, en el que utilizó un tono especialmente amenazador: "El PSOE se está hundiendo en toda España", afirmó, "Cataluña no puede ser su flotador". "Toca hacer temblar al Gobierno", añadió. Ya ha comenzado a cumplir esta amenaza.

Fuentes próximas a Junts consultadas por EL ESPAÑOL indican que, muy probablemente, Puigdemont aprovechará el acto de este sábado para reafirmar su compromiso de regresar este verano a Cataluña para participar en la sesión de investidura, tal como prometió en campaña.

Desde entonces se han esfumado las posibilidades de que Puigdemont pueda ser investido presidente de la Generalitat. Para ello precisaría la abstención de los 42 diputados del PSC y los socialistas no están dispuestos a ofrecerle esa baza.

Muy al contrario, el PSC apura este fin de semana las horas para cerrar el acuerdo de investidura de Salvador Illa antes de que, el próximo miércoles, venza el plazo concedido por ERC. La exigencia de un sistema de financiación diferenciado, similar al cupo vasco (una reivindicación que también comparte Junts), sigue siendo el principal escollo para cerrar el acuerdo.

Los secretarios generales de Junts, Jordi Turull, y ERC, Marta Rovira, celebraron este viernes un encuentro para analizar los posibles escenarios de la investidura, según desveló El Nacional. Aunque poco ha trascendido del contenido de la reunión, todo indica que Turull elevó la presión sobre la dirigente de ERC para frustrar la investidura de Illa. 

Junts intensificó el martes su ofensiva en el mismo sentido, al tumbar en el Congreso de los Diputados dos importantes iniciativas del Gobierno: el techo de gasto de los Presupuestos de 2025 y la reforma de la ley de extranjería, necesaria para garantizar el reparto de los menores inmigrantes entre todas las comunidades autónomas.

El mensaje que Junts ha enviado a los socialistas durante las últimas semanas es muy claro: Pedro Sánchez se quedará sin mayoría para mantenerse al frente del Gobierno, si el PSOE impide que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat.

Su regreso a Cataluña este verano, con el riesgo cierto de ser detenido, buscaría resquebrajar aún más la posición de ERC en el frente independentista y hacer inviable el apoyo de ERC a Salvador Illa, al que Junts ya identifica con la "represión" del artículo 155.

El partido de Oriol Junqueras y Marta Rovira ya se encuentra en una situación de extremada debilidad a la hora de negociar, inmerso en una guerra interna tras su descalabro en los comicios del 12-M.

El equipo negociador de Marta Rovira necesita ahora poder anotarse un éxito que justifique, ante sus bases, el acuerdo de investidura de Illa. Su petición de máximos en una fórmula de financiación similar al cupo vasco, que el PSC rebaja a un consorcio fiscal, constituido por la Generalitat y el Ministerio de Hacienda, para recaudar todos los impuestos. 

Carles Puigdemont ha visto cómo, el pasado 12 de julio, regresaba a España la secretaria general de ERC, Marta Rovira, gracias a un error formal que obligó al juez Manuel García-Castellón a archivar la investigación sobre el Tsunami Democràtic.

Mientras tanto, el líder de Junts no se encuentra hoy más cerca de beneficiarse de la ley de amnistía. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó el pasado 1 de julio un auto en el que acordaba mantener las órdenes nacionales de detención de Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, al considerar que la ley de amnistía no es aplicable al delito de malversación que se les imputa, por la organización del referéndum ilegal del 1-O.

A ello se suma la decisión, adoptada el miércoles por la Sala Penal del Tribunal Supremo, de recurrir la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional por considerar que "repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone", entre otros argumentos.

El PSOE y el Gobierno se han mostrado hasta ahora convencidos de que el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido avalará sin ningún problema la ley de amnistía negociada con ERC y Junts. Pero todo indica que la norma será recurrida, finalmente, ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que dilatará aún más el trámite final.

Carles Puigdemont ya no está dispuesto a esperar más. Con su regreso a Cataluña este verano, buscaría reventar la investidura del socialista Salvador Illa, colocarse de nuevo en el papel de víctima de la"represión" y presentar la ley de amnistía como un engaño del Gobierno, que no impide su detención para ser conducido ante el juez.