Carles Puigdemont ha decidido incumplir su promesa electoral más arriesgada. El expresident, aún fugado en Waterloo, no dejará la política aunque él no vaya a ser "restituido" en el Govern. Así lo ha podido confirmar este periódico en fuentes del partido.

El pasado 10 de abril, y como golpe de efecto de la precampaña de las catalanas, el líder de Junts trató de convertir el 12-M en un plebiscito sobre él: "Yo no puedo hacer política activa si no soy president", sentenció durante una entrevista en RAC 1.

Sin embargo, "las circunstancias" mandan, apunta un portavoz de la formación de derecha independentista. Y aquel compromiso queda ahora en nada, después del acuerdo entre el PSC y ERC, recién ratificado por sus bases, para darle el cargo a Salvador Illa.

Fuentes de Junts tratan de reescribir las declaraciones de aquel día, alegando que Puigdemont se refería que "no sería líder de la oposición". Pero la textualidad lo desmiente: "Habiendo sido president y depuesto ilegalmente, yo no puedo hacer política activa si no tengo la responsabilidad de la presidencia, que es lo que importa".

Sí regresará

El debate de investidura se celebrará, probablemente, este jueves. Y a ella sí tiene previsto acudir Puigdemont, cumpliendo -ésta vez sí- con un compromiso adquirido y reiterado.

El líder del 1-O anunció en su primer mitin como candidato, en Elna (Francia), que regresaría "del exilio" para esta sesión, ya fuera la suya o la de otro aspirante. Las cuentas le salían por fechas: porque la Ley de Amnistía ya debía de estar en vigor -se aprobó en mayo- y habrían pasado los dos meses de tope que la norma otorga a los jueces para aplicarla -han pasado casi tres-.

Sin embargo, el instructor del caso del proces, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ha mantenido en vigor la acusación por malversación, apoyado en la decisión de la Sala Segunda. Según la interpretación del Alto Tribunal, el desvío de dinero público para impulsar el pretendido referéndum del 1-O y la independencia de Cataluña encaja en las exclusiones de hechos amnistiables previstos en la norma.

Puigdemont contaba con ser él el ganador en las urnas. Y con que, con el apoyo de ERC y la CUP (e incluso, de ser necesario, de Aliança Catalana), volvería a la Generalitat.

Pero incluso en caso de que Illa lograra ser el primer candidato en someterse al debate -como es el caso-, Junts daba por hecho que la presencia de Puigdemont en el Parlament rompería por una vez cualquier tentación de Esquerra de "irse con el PSC, como hace siempre que puede".

Ahora, se ha topado con que ERC está dividida, sí, pero decidida a mantener su pacto con "el más españolista de los socialistas catalanes". Y que ni siquiera su presencia en el Parlament -si logra entrar sin ser detenido antes-, disuadirá a los 20 diputados de Marta Rovira.

De modo que, haciendo "de la necesidad virtud" -como Pedro Sánchez con la amnistía-, aprovechará el revuelo de su más que posible arresto para torpedear la investidura de Illa.

Las consecuencias judiciales, "ya se verán", explican las fuentes. Pero las políticas pretenden ser que la sesión se suspenda y se genere un conflicto institucional entre la judicatura "del Estado" y la inviolabilidad del Parlament y sus diputados.

...y además, y sobre todo, con el Poder Ejecutivo de España, al que los siete votos de Junts sostienen en Madrid. "Los jueces se saltan la única ley que Sánchez ha aprobado en las Cortes españolas, y él no hace nada", reprocha el entorno de Waterloo.

Aunque "el interés del president es estar en el pleno de investidura", en el fondo, a Puigdemont ahora le conviene la detención. De este modo, por las "circunstancias", y porque "la lucha contra la represión no ha terminado", justificará el incumplimiento de su promesa.

Porque si su regreso a España -"a Cataluña", corrigen las fuentes- era para "acabar la tarea" del 1-O, a ésta aún le queda. Y Sánchez, en Moncloa todavía, "pagará el precio". Así lo advirtió en su larguísima carta del pasado sábado.