La ley para regularizar hasta 500.000 'sin papeles' vuelve al Congreso el miércoles tras 8 prórrogas

El Congreso tiene en tramitación una iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a 500.000 migrantes irregulares que residen desde hace años en España, pero el texto acumula ocho prórrogas del plazo de enmiendas y no termina de arrancar. Este lunes regresa, aunque fuentes parlamentarias ya anticipan que continuará "metida en un cajón", quizás "durante toda la legislatura".

Esto es importante porque, si se opta por la vía de la regularización, el Congreso es el único medio posible. De las nueve veces que España ha aprobado una medida similar —cinco veces de la mano del PP y cuatro del PSOE— todas han pasado por el Hemiciclo.

Esta vez no será tan sencillo debido, principalmente, a las críticas nacidas de la gestión migratoria de Pedro Sánchez. En el PP, sobre todo, la postura se ha ido escorando en los últimos meses —principalmente desde las elecciones catalanas y europeas— hasta plantear posibles deportaciones de los extranjeros en situación de irregularidad.

De este modo, si no se opta por la regularización, fuentes parlamentarias advierten de que existe otra vía más directa, que es la de la carta de naturaleza. El Gobierno no tiene la capacidad de regularizar a los extranjeros sin papeles, pero sí tiene la potestad de darles la nacionalidad. Nunca se ha hecho de una manera masiva y, de momento, la Moncloa tampoco la plantea.

500.000 beneficiados

Volviendo a la iniciativa que sigue su curso en el Congreso, el texto de la ILP que sigue su curso en el Congreso pretende legalizar la situación de aquellos extranjeros que, antes del 1 de noviembre de 2021, residían en territorio español. El número de referencia, estimado, es que podría beneficiar a cerca de 500.000 migrantes, convirtiéndola en la segunda más extensa de la historia por detrás de la de 2005.

El centro de análisis Funcas, por su parte, estima que en torno a 700.000 personas extranjeras ya viven en situación de irregularidad en España, aunque matiza que la inmensa mayoría de ellas provienen de Latinoamérica, no de África. 

Esta cifra, la de 2023, es un 32,67% superior a la observada en 2021, cuando la misma entidad situaba este dato en 517.149 personas, y más de cinco veces superior a la observada en 2017, cuando contabilizaba 127.066 inmigrantes en situación de irregularidad.

Fuentes del Gobierno apuntan a que España necesitará de 200.000 a 250.000 trabajadores migrantes al año hasta 2050 para sostener el Estado del bienestar, debido al previsible decrecimiento de los cotizantes locales.

Nueve antecedentes

En España se han aprobado nueve regularizaciones de ciudadanos extranjeros desde el inicio de la democracia, cinco impulsadas por el PP y cuatro por el PSOE. La última de ellas, en 2005, fue la más extensa, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó los papeles a 576.506 trabajadores no comunitarios.

El resto de regularizaciones de cuño socialista vinieron todas de la mano de Felipe González en 1986, 1991 y 1992. En total se aprobaron 152.717 solicitudes extraordinarias, aunque la última de ellas requería ser  "familiar dependiente" de alguno de los extranjeros regularizados en procesos anteriores. 

Por su parte, el PP de José María Aznar promovió su primer proceso de regularización nada más llegar a la Moncloa, en 1996, y nada más revalidarla, en el 2000. Les siguieron otras tres (todas en 2021) en las que se introdujo la regularización "por arraigo", como lo definió su Ejecutivo. En total, la administración popular facilitó 524.621 regularizaciones extraordinarias.