El PP apoya regularizar a los 500.000 'sin papeles' pero exigirá que la ley lo estudie "caso por caso"

Así lo confirman todas las fuentes parlamentarias consultadas por este periódico. Pero el Partido Popular, formación política a la que el Gobierno acusa de "actitudes xenófobas copiadas a la ultraderecha", asegura estar dispuesto a que el trámite de la norma se inicie. La proposición de ley prevé la regularización extraordinaria de "entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad".

Los populares, según fuentes oficiales, aseguran que votaron a favor de la toma en consideración de la norma, el pasado mes de abril, porque creen en ella. Por humanidad y por la economía. "Eso sí, con todas las salvedades que haya que estudiar y debatir con el resto de grupos".

¿Y cuál es la condición de partida para el PP? "Que las regularizaciones se estudien caso por caso". ¿Aunque sean de cientos de miles de personas? "Hay modos de hacerlo", responde un portavoz de Génova. Y alega, posteriormente, que ya se hizo en anteriores procesos similares a este que propone la ILP.

Entre 1985 y 2005, los gobiernos de España impulsaron hasta nueve regularizaciones extraordinarias, cinco con el PP en el Consejo de Ministros, cuatro con el PSOE. En total, más de 1,25 millones de personas recibieron sus permisos de residencia y trabajo. En cada uno de aquellos procesos, fueron distintos los requisitos exigidos, pero todos, con más o menos detalle, "se revisaron individualmente".

La norma que el miércoles debe impulsarse o volver a parar lleva ya ocho ampliaciones del periodo de enmiendas, que es la manera en la que los diputados hacen dormir un texto que a ninguno termina de convencer por motivos de oportunidad política o mediática.

"Se quedará otra vez en el cajón", explica un miembro de la llamada "mayoría de investidura", socio del Gobierno de coalición. "Es posible que durante toda la legislatura", añade otro de la oposición.

A nadie le conviene

La propuesta entró en el Congreso en febrero del año pasado. Poco después, Pedro Sánchez disolvió las Cámaras, pero al tratarse de una ILP, no decayó con el resto de proyectos y proposiciones de ley del Gobierno o de los grupos políticos. Por eso, el pasado 9 de abril el pleno confirmó su toma en consideración con 310 votos a favor y sólo 33 (los de Vox) en contra.

La semana pasada, durante la gira africana de Sánchez, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, reaccionó sorprendido con la oferta del presidente en Mauritania, de 250.000 empleos anuales para migrantes de ese país y los siguientes que visitaría, Gambia y Senegal.

"Mientras gobiernos como el de Alemania habla de deportaciones masivas", apuntó Tellado, "Sánchez comete la irresponsabilidad de ir al origen del problema para incitarlo, en lugar de a pararlo".

En una entrevista con EL ESPAÑOL, este domingo, el mano derecha de Alberto Núñez Feijóo incidía en el contradictorio mensaje de Sánchez. Y en su "incapacidad" de atender la emergencia de los menores no acompañados "que se acumulan en Canarias y Ceuta porque el Gobierno no pone un euro" para su atención en otras CCAA.

El problema es que el debate político actual sobre la crisis migratoria no ayuda a que la norma se reactive. Ni al Gobierno le conviene agitar el fantasma de las "regularizaciones masivas" ni a la oposición le interesa desviar el foco de atención sobre una "emergencia migratoria y humanitaria" que está pasando por encima del Ejecutivo de Sánchez.

Feijóo se abría a la posibilidad de impulsar "regularizaciones individuales" este lunes, durante una entrevista radiofónica, preguntado por la ILP que el miércoles podría volver a ser aplazada. Pero el líder gallego, sobre todo, reseñó que Sánchez "no tiene política migratoria" y está utilizando a los menas como rehenes de su estrategia política.

Fuentes del Gobierno de Canarias lo dicen aún más claro: "Quieren forzar la ruptura entre CC y el PP, pero no lo van a lograr".

Canarias y Ceuta

También este lunes, el Ejecutivo de Canarias lanzaba un órdago al de la nación. Harto de no ser atendido en sus llamados de auxilio desde hace más de un año, el Gobierno de Fernando Clavijo se negará a aceptar bajo su custodia ni un solo menor extranjero no acompañado (menas) más arribado a sus costas.

Es la respuesta a las presiones de Interior, este fin de semana, utilizando requerimientos de la Fiscalía para obligar a las ONG y a los funcionarios canarios a aceptar más menores en El Hierro "cuando ya no podemos atender con dignidad a los que están". Según declaraciones de Clavijo a este diario, "si el Gobierno se va a poner escrupuloso, nosotros también".

Así que, tirando de la literalidad de la Ley del Menor de 1996 y de su reglamento, el Ejecutivo insular se negará a considerar "desamparados" a los menas que rescate Salvamento Marítimo. De este modo, podrá negarse a que pasen a su competencia, "ya que si están bajo la guarda del Estado", en un barco Salvamar, "ya tienen amparo".

También este miércoles, el presidente canario viajará a Ceuta para reunirse con Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad autónoma española en el norte de África, que ha visto cómo su emergencia se multiplica por tres desde el año pasado. A su ciudad han llegado 1.917 migrantes en situación irregular en lo que va de año... el doble que en todo el año 2023.

En Ceuta estará la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que tenía prevista una visita a la ciudad para atender las llamadas de "socorro" de Vivas. Con ella tratará de reunirse también Clavijo, en busca de soluciones.

...todo pasará este miércoles. El mismo día en el que los miembros de la Mesa del Congreso (con mayoría de PSOE y sus socios) deberán decidir si la ILP y, como dice el artículo único de la proposición, los casi 500.000 "extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021" tienen que seguir esperando.