El 'Plan de acción por la Democracia' aprobado este martes por el Consejo de Ministros está compuesto por una "hoja de ruta de 31 medidas", entre las que destacan un registro de medios de comunicación para conocer a sus propietarios y la publicidad que ingresan, limitar la financiación que las administraciones públicas puedan dedicar a los medios o una reforma de la ley de secreto profesional de los periodistas.
Más allá de los medios de comunicación, el plan pretende reformar los delitos de injuria a las instituciones del Estado u ofensas a los sentimientos religiosos o la actualización de la ley de secretos oficiales.
El Gobierno también ha propuesto celeberar anualmente el debate del estado de la nación, celebrar debates electorales o publicar todos los microdatos de las encuestas electorales.
Los encargados de presentar el plan de regeneración democrática han sido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Ambos han destacado la importancia de la "transparencia" y que la idea del Gobierno es ir ejecutándolo a lo largo de las tres años que quedan de legislatura.
Gran parte de las medidas que se incluyen son iniciativas legislativas, que por tanto tendrán que recibir los correspondientes apoyos parlamentarios y ser aprobadas por las Cortes.
Bolaños ha explicado que el plan tiene dos finalidades: "Reforzar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación para que se garantice una información veraz en virtud del artículo 20 de la Constitución".
El ministro de la Presidencia ha precisado que el plan está compuesto por "tres ejes" principales. El primero "va dirigido al Gobierno", el segundo pretende "fortalecer la transparencia y pluralidad de nuestro medios para garantizar información veraz" y el tercero busca "reforzar la transparencia del poder legislativo".
Urtasun se ha centrado en explicar las medidas relacionadas con los medios de comunicación justificando el plan para hacerle "frente al auge de las extremas derechas".
"Es imprescindible que las instituciones no seamos financiadoras del virus de las fake news y click baits", ha aseverado el ministro de Cultura tras explicar la medida que pretende limitar la financiación de administraciones públicas en medios de comunicación.
El Gobierno asegura que este plan para la democracia "va de la mano de la Unión Europea". "En virtud del marco europeo intentamos implementar en nuestro país este plan", ha señalado Bolaños este martes.
Transparencia de medios
En el área de los medios de comunicación, el Gobierno quiere que se deba publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas.
El objetivo es limitar la financiación que los gobiernos autonómicos, por ejemplo, puedan dedicar a medios. ¿Por qué? "Para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas", ha explicado el ministro de Cultura. Con esto también se pretende "garantizar el pluralismo" de medios.
Igualmente, el Ejecutivo de Sánchez intentará reformar la Ley de Publicidad Institucional para introducir "criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación".
También se creará el ya mencionado "registro de medios de comunicación". En él se establecerán "criterios sobre qué es un medio y con información pública sobre fondos que recibe". Todos los medios deberán publicar anualmente sus ingresos publicitarios.
Urtasun también ha incidido en la importancia de garantizar sistemas imparciales de medición de audiencias, señalando la "manipulación" que ya existe en algunos casos.
Entre las reformas previstas en ese área se propone también reformar la ley de secreto profesional de los periodistas y también el artículo de la llamada ley mordaza que sanciona el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Finalmente, Urtasun también ha anunciado que se buscará apoyar a los medios en lenguas cooficiales.
Desinformación
El plan incluye aprobar una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación y reformar la ley del derecho al honor y a la intimidad y la ley del derecho de rectificación, para mejorar el sistema que permite rectificar noticias "falsas o abiertamente tendenciosas", con indemnizaciones y plazos adecuados.
En este apartado se incluye la reforma de los delitos del Código Penal que pueden afectar a la libertad de expresión, en concreto los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público.
Junto al programa de 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios, se dotará a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación.