Las sensaciones de los presidentes autonómicos de Andalucía, Galicia y País Vasco fueron muy distintas tras reunirse este viernes con el presidente del Gobierno en el palacio de la Moncloa.
Juanma Moreno y Alfonso Rueda salieron con "las manos vacías" y "con pocas concreciones", mientras que el lehendakari, Imanol Pradales, obtuvo el compromiso de poder gestionar la Seguridad Social a partir de 2025.
Tanto el presidente andaluz como el gallego pidieron la retirada del concierto catalán y defendieron una mejora de la financiación autonómica que se negocie de manera multilateral en la Conferencia de Presidentes o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Y no de uno en uno.
Los populares no se desviaron del acuerdo alcanzado el pasado 6 de septiembre por los barones del PP en su reunión con Alberto Núñez Feijóo, y ninguno se prestó a negociar "una bilateralidad tramposa" en lo que se refiere al sistema de financiación.
Moreno y Rueda argumentaron ante Pedro Sánchez que el cupo catalán "debilita al país". "¿Por qué un dependiente catalán o un vasco recibe el 50% de la prestación por parte del Estado y un andaluz sólo el 30%? No lo llego a entender", expuso el primero.
Pradales, en cambio, no quiso pisar ese charco y reconoció que en su reunión con Sánchez no se tocó ese asunto. "No me meto en casa ajena porque no me gusta que se metan en la de los vascos", zanjó en una comparecencia que dio en castellano y en euskera.
El paro y Fogasa
Realmente, el lehendakari fue a Moncloa a hablar de lo suyo y a recordar al presidente todas las transferencias pactadas tras apoyarle en su investidura y que aún no se han hecho efectivas. Así, además, de demandarle la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco, le sumó quedarse también con la gestión de las prestaciones relacionadas con el paro laboral y el fondo de garantía salarial (Fogasa).
El lehendakari se mostró confiado en que la transferencia de la Seguridad Social se cumpla íntegramente en 2025 e instó al presidente del Gobierno a "acelerar el traspaso".
Entre sus peticiones también se encuentran la gestión y ordenación del litoral, salvamento marítimo, meteorología, un fondo cinematográfico y algunas cuestiones ligadas a pesca recreativa; la gestión de puertos y aeropuertos y que acelere la llegada de la Alta Velocidad a Euskadi.
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Enfrente, Alfonso Rueda lamentó que el presidente Sánchez le dedicara "muchas buenas palabras, pero muy pocas concreciones".
Tras la cita con ambos, Moncloa dio a conocer que la intención del presidente del Gobierno es convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera "próximamente", pero sin concretar fechas. Y que antes de que acabe septiembre convocará la Comisión Preparatoria de la Conferencia de Presidentes para ir preparando una reunión, también sin fecha.
Conferencia de Presidentes
En realidad, Sánchez no quiere que se hable del concierto catalán en la próxima Conferencia de Presidentes y a Moreno y a Rueda les respondió con frases genéricas como "voy a buscar una fórmula en la que no pierdan las demás comunidades". Pero no concretó nada.
Les dijo lo que ya se sabía, es decir, que tiene previsto celebrar una Conferencia de Presidentes en Cantabria y que su intención es que aborde únicamente el problema de la vivienda. Pero además, la retrasará.
El PP lleva meses pidiendo la celebración de esa Conferencia, que no se celebra desde hace 785 días, es decir, hace más de dos años.
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El reglamento de las Conferencias de Presidentes permite que una decena de líderes autonómicos incluyan asuntos en el orden del día, pero no puedan forzar que el Gobierno haga propuestas concretas, que se busquen acuerdos y mucho menos que Sánchez explique el acuerdo del concierto catalán. Es decir, entrará en la agenda de la reunión porque Moncloa no puede evitarlo, pero de manera secundaria, según fuentes del Gobierno.
Hasta ahora, el presidente del Gobierno no ha explicado su posición respecto al concierto catalán, que rechazaba expresamente antes del pacto con ERC. Se limitó a asegurar en rueda de prensa en julio que estaba contento con ese acuerdo, pero no lo ha desarrollado ni en el Congreso, ni ante el Comité Federal del PSOE.
La vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, compareció en el Senado, pero tampoco dio detalles sobre el acuerdo que supone que Agencia Tributaria de Cataluña recaudará, gestionará e inspeccionará todos los impuestos que se paguen en la comunidad y luego pagará al Estado un cupo y una cuota de solidaridad.
La ronda de encuentros de Sánchez con presidentes autonómicos en la Moncloa seguirá el próximo viernes y no concluirá hasta mediados de octubre.