El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ) también ha suspendido de manera urgente la orden del Gobierno de dicha comunidad dirigida a los responsables de los centros de menas que no aceptasen, sin autorización expresa del Ejecutivo autonómico, a más menores extranjeros no acompañados llegados a las islas en patera.
Así consta en una resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de TSJC, que toma esta decisión después de haber suspendido también —de forma urgente, aunque en otro procedimiento distinto— el protocolo del Gobierno canario que frenaba la acogida de estos menores. En aquella primera ocasión, el tribunal actuó a petición de la Fiscalía, que había impugnado este reglamento, al considerar que podía vulnerar los derechos de los menas.
Ahora, el TSJC, de un modo similar, deja sin efecto, por el momento, el citado acuerdo del Consejo de Gobierno que preside Fernando Clavijo. Y lo hace a petición de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado (CEAR).
A juicio del CEAR, dicha orden "puede comprometer los intereses de un colectivo especialmente vulnerable", el de los menores extranjeros no acompañados (menas) que llegan a las islas.
El TSJ canario expresa en este último auto que debe "seguir el mismo criterio" que la resolución que paralizó la aplicación del nuevo protocolo canario de acogida de menas.
En sintonía con aquel fallo, el tribunal advierte que la orden del Gobierno de Clavijo es "una medida que altera sensiblemente el procedimiento de entrega y asistencia" y "cuya puesta en práctica" puede afectar a "los intereses de este colectivo especialmente vulnerable".
El nuevo protocolo
Hace apenas dos semanas, el Ejecutivo de Clavijo publicó su nuevo protocolo de acogida de menores no acompañados, que incluye ciertas diferencias frente a lo dispuesto en el Protocolo Marco de 2014.
Concretamente, establece una serie de trámites previos a la acogida del mena, como "su reseña de identificación" policial, una resolución administrativa que, de forma individualizada, le asigne a un órgano del Estado o la celebración de una entrevista con el mismo, acompañado de un intérprete y con conocimiento de un fiscal.
Sin estos requisitos, entre los que se encuentra el hecho de que la Administración estatal deba identificar individualmente a cada menor, el Ejecutivo canario se niega a acogerles.
El Gobierno central se mostró, desde el principio, contrario a la nueva norma porque entiende que puede vulnerar los derechos fundamentales de la infancia. La Fiscalía lo impugnó, pidió su suspensión de manera urgente y el TSJC le dio la razón.