Rechazo absoluto del Partido Popular a las palabras de la ministra Isabel Rodríguez sobre las consecuencias de incumplir la Ley de Vivienda. Andalucía, Madrid, Baleares y Murcia, autonomías gobernadas por el partido que encabeza Alberto Núñez Feijóo, se han apresurado a replicar a la titular de Vivienda y Agenda Urbana sobre su advertencia de recortar la financiación a las comunidades "insumisas" en la aplicación de la ley.
La citada ley, cuya aplicación es competencia de las autonomías, incluye declarar zonas de alquiler tensionado e intervenir los precios de las viviendas cuando se disparen.
"Quien no aplique la Ley de Vivienda no va a tener financiación del Gobierno central", ha avisado este jueves la ministra en una entrevista, en la que ha recordado que entre el 70 y el 75% de las políticas de vivienda de las comunidades autónomas se financian con fondos públicos.
Una de las primeras en reaccionar ha sido Madrid. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha utilizado las redes sociales para oponerse a "limitar el precio de la vivienda porque no funciona y porque es un atentado contra la propiedad".
"¿Será tan brava con regiones como País Vasco, que han recurrido esa nefasta ley de vivienda? ¿Le dejarán de regalar millones al independentismo en Cataluña, que incumple sistemáticamente los derechos constitucionales de los catalanes?", se ha preguntado a través de su cuenta de X.
También Andalucía ha calificado de "inaceptables" las declaraciones de la responsable de Vivienda y lo ha considerado un "chantaje", ha dicho la consejera andaluza de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, Rocío Díaz.
Valencia, dirigida por el popular Carlos Mazón, también se ha unido a Madrid y Andalucía y ha avisado de que "no van a tolerar que el Gobierno se inmiscuya en las competencias autonómicas", en palabras de Susana Camarero, vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.
Baleares también ha rechazado "aplicar aquello que ya hemos visto que fracasa", ha denunciado José Luis Mateo, conseller de Vivienda de las islas.
Marcos Ortuño, portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, ha tachado de "inaceptables" las amenazas del Gobierno. "Es un chantaje y una prueba del afán intervencionista de Sánchez".
Castilla y León, gobernada por Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado que Sánchez "sea sumiso con los separatistas" y que "quite fondos a las comunidades" para hacer frente a los pagos políticos a sus socios.