Marlaska remite ahora una carta a la Eurocámara para que el Frontex "recupere la vigilancia en aguas africanas"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apremiado en una carta dirigida al Parlamento Europeo a que la agencia europea Frontex "recupere la vigilancia marítima en aguas africanas del Atlántico", y no en las españolas, para prevenir la inmigración irregular que llega a Canarias, calificando de "decepcionante" la ayuda ofrecida hasta ahora.

Esta misiva llega después de que la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (LIBE) haya pedido a España explicaciones por no recurrir a los 3.000 agentes de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex), con patrulleras y fragatas, para hacer frente a la crisis migratoria en Canarias. 

Marlaska asegura que el Gobierno sí ha pedido ayuda a Frontex de forma "reiterada" pero ha dejado claro que esa solicitud no está dirigida a aumentar los efectivos de esta agencia en Canarias sino a enviar medios de vigilancia a África.

"Reiteramos nuestra petición de que Frontex apoye a la UE, a España y Canarias con medios de vigilancia en África, no en aguas de responsabilidad española", explica el ministro, que defiende que "las razones del incremento de llegadas a Canarias no se encuentran en España, sino en los países de origen y tránsito de la inmigración irregular".

En la carta, dirigida a Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP que preside el LIBE del Parlamento Europeo, Marlaska busca "puntualizar" la información facilitada por el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, el pasado 4 de septiembre.

En esa fecha, Leijtens ofreció la ayuda a Canarias pero dijo que esto dependía de que lo solicitara las autoridades españolas, lo que motivó que la comisión LIBE del Parlamento Europeo preguntara hace dos días al ministro del Interior si iba a pedir más asistencia de la agencia europea de costas y fronteras.

Muy duro con Frontex

Marlaska se muestra duro con Frontex ante "la falta de respuesta positiva a la petición de apoyo solicitada por España" y asegura que las respuestas que ha recibido, tanto por escrito como verbalmente en sus múltiples encuentros, "han sido decepcionantes". 

La falta de respuesta positiva a la petición de apoyo solicitada por España "no significa que España no haya solicitado, de manera reiterada, el apoyo de la agencia", reitera el ministro, antes de recordar que la vigilancia fronteriza en aguas de un tercer país requiere de un acuerdo de Frontex con ese país en cuestión. 

"Frontex no lo ha alcanzado con ningún país africano del que parten las embarcaciones que llegan a Canarias", afirma Marlaska, que asegura que ante la falta de apoyos de la agencia europea "hoy es España la que sigue apoyando a los países terceros en la vigilancia fronteriza".

Agentes en aguas africanas

Siguiendo esta línea, el titular de Interior insiste en la necesidad de que Frontex patrulle en aguas africanas "siguiendo el modelo de la operación Hera, -desplegada en Canarias para asistir a España en la crisis de los cayucos de 2006- no operativa desde hace años".

"Uno de los elementos que permitió poner fin a la llamada crisis de los cayucos de 2006 (en Canarias) fue precisamente el apoyo de Frontex en la labor preventiva", recuerda.

Marlaska también aprovecha esta carta para puntualizar que España "no es una excepción" en materia migratoria en Europa y que los flujos migratarios comenzaron a subir desde la pandemia y han crecido de manera significativa en lo que va de 2024 no sólo en España sino también "otros Estados miembros", algunos incluso con "cifras superiores a las españolas". 

25.000 inmigrantes en ocho meses

El Gobierno de Canarias lleva más de un año reclamando al de España que atienda la "crisis humanitaria" que supone la llegada de una media de más de 200 migrantes al día a sus costas, en un flujo que ya triplica al del año pasado, que cerró con la llegada de 39.910 migrantes a las islas, entre ellos, unos 4.000 menores no acompañados.

Es decir, un récord desde la crisis de los cayucos de 2006, que provocó una convulsión por el desembarco de 31.678 personas.

Este año, en los ocho primeros meses, ya son más de 25.000 los migrantes que han llegado a Canarias, a falta de los cuatro meses de aguas calmadas que comienzan ahora, y que suelen ser los de mayor afluencia. "Son más de 15 millones de euros al mes lo que nos cuesta esta crisis", explican fuentes del Gobierno canario. "Y todo lo ponemos de nuestros propios recursos, que ya están agotados, y de nuestro presupuesto, que cerrará con un déficit incalculable".

El incremento en lo que va de año es del 126% y, sin embargo, "ni se han habilitado fondos extraordinarios por parte del Gobierno del Estado" ni se ha arbitrado mecanismo alguno para aliviar la peor parte de la carga: los más de 5.300 'menas' a los que el Ejecutivo de Fernando Clavijo está teniendo que tutelar.

De ahí, la medida desesperada de publicar un nuevo protocolo, ahora suspendido por la Justicia, "para obligar al Estado a cumplir con los derechos de los niños y niñas".

Comisión y Parlamento

Hace una semana, el vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas visitó Canarias, para entrevistarse con Clavijo y demostrar que Bruselas sí está pendiente de su frontera más al sur.

Canarias, desde el África occidental, se ha convertido en el punto de mayor llegada de migrantes irregulares procedentes de ese continente, precisamente porque Italia y Grecia han logrado reducir en más de un 60% este año las cifras de sus rutas, procedentes de Libia y Túnez.

En esa visita ofreció un plan que incluye un fondo extraordinario de 14 millones de euros, cuyo objetivo es aumentar la capacidad de recepción y "aliviar la presión provocada por las llegadas irregulares". Este dinero se suma a los 20 millones de euros urgentes que Bruselas ya asignó a Canarias en marzo.

Además, el Ejecutivo comunitario flexibilizará las normas de uso de los fondos regionales asignados al archipiélago, con el fin de que puedan redirigirse más fácilmente a la gestión migratoria, y ofreció ampliar el despliegue de agentes de Frontex, así como de funcionarios de la Agencia Europea de Asilo.