El Gobierno sigue cuestionando la actuación del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez desde la rueda de prensa institucional posterior al Consejo de Ministros.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha acusado al juez de "pedalear en la nada" y ha insistido en que "no hay caso" contra la esposa del presidente del Gobierno.

Alegría ha vuelto a expresar su confianza en que el caso será archivado, por carecer de base jurídica, y ha insistido en que se sustenta en denuncias de organizaciones ultraderechistas, con recortes de prensa y pese a dos informes de la Guardia Civil que aseguran que no hay materia delictiva en la actuación de Begoña Gómez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó a la Abogacía del Estado presentar una querella contra el juez por prevaricación, a la que se unió otra de Begoña Gómez por revelación de secretos del sumario. Ambas iniciativas están aún pendientes de la decisión sobre su admisión a trámite en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

VÍDEO | El Gobierno critica la instrucción del juez Peinado en el "no-caso" Begoña: "Lleva seis meses pedaleando en la nada" Foto: Zipi (EFE) | Vídeo: E.E.

En la Moncloa hay malestar por el retraso en la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la petición de archivo del caso, motivado por un error material al no adjuntarse un documento.

El ministro de Transición Digital, Óscar López, hasta hace poco jefe de Gabinete de Sánchez, ha insinuado intencionalidad por parte del juez Peinado calificando el caso como un "montaje político".

"Un suponer, una audiencia provincial le pide a un juzgado de instrucción que le remita toda la causa para decidir. El juzgado no envía todo y, en concreto, ni envía ni menciona un documento muy importante para resolver. Blanco y en botella", afirmó este lunes en redes sociales. 

Sobre este asunto, la ministra portavoz ha evitado pronunciarse.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, juez de carrera, ha defendido la capacidad de los poderes del Estado parta emitir opiniones críticas entre sí. Es decir, ha defendido que el Gobierno pueda cuestionar la actuación de los jueces.

"Todo poder del Estado puede ser objeto de crítica, en parámetros de respeto y educación", ha dicho. Incluso, ha asegurado que es "salud democrática".