Marlaska asegura que el tercer grado del asesino de Portero está "avalado" por el juez pero admite no conocer el informe

Tras conocer la noticia de la excarcelación, las víctimas del terrorismo de ETA mostraron su "decepción total" con la decisión del Gobierno vasco, en concreto con la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José. Ella es la responsable última de conceder el régimen de semilibertad a estos dos etarras "no arrepentidos" y lo ha hecho, además, sin acreditar cómo se ha motivado la decisión, algo que no había ocurrido hasta la fecha.

Se trata de los etarras Luis Mariñelarena Garciandía, condenado por participar en el atentado con coche bomba que acabó con la vida del político socialista Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez Elorza en el año 2000, y Harriet Iragi Gurrutxaga, condenado a un total de 128 años por tres asesinatos.

Los tres tuvieron lugar en Andalucía: mató a tiros a Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; participó en el asesinato de José María Martín Carpena, concejal del PP en Málaga, que murió acribillado por seis balazos delante de su mujer y su hija; y estuvo implicado en el atentado contra el coronel médico Antonio Emilio Muñoz Cariñanos.

Gobierno PNV-PSOE

Desde la configuración del nuevo Gobierno, una coalición aupada por el PNV y el PSOE, este último partido es el responsable de la concesión de los terceros grados a los presos de ETA, una materia hasta ahora en manos de los nacionalistas vascos.

Tras los buenos resultados de los socialistas en las elecciones autonómicas del 21 de abril (pasó del 9% al 14% de los sufragios) frente a un PNV que ganaba en votos pero empataba en escaños con Bildu, el PSOE se vio con fuerzas para pedir más peso en el nuevo Ejecutivo.

Los peneuvistas, con Imanol Pradales como nuevo lehendakari, acabaron cediendo por primera vez la consejería de Justicia al socio minoritario.

"No arrepentidos"

Hasta ahora, el Gobierno autonómico enviaba a las asociaciones de víctimas "una ficha con información" detallada con la que podían "comprobar en qué basaban sus resoluciones", es decir, verificar si había o no arrepentimiento por parte del etarra, explica en un comunicado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite).

Covite considera que "ninguno de los dos etarras cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para progresar en grado, que es el del arrepentimiento por sus crímenes" y la "colaboración con la Justicia".

Las víctimas de ETA recuerdan que la ley general penitenciaria recoge la necesidad de la petición del perdón a las víctimas y la colaboración expresa y concreta con la Justicia.

Para muestra, un botón: los dos presos "son exhibidos constantemente por la izquierda abertzale en sus manifestaciones en las que se exige su excarcelación, lo que prueba que no están arrepentidos". De hecho, este mismo verano ambos presos de ETA "han sido exhibidos y jaleados" durante varias fiestas populares.

Promesa

La noticia del tercer grado a estos dos etarras se produce, además, menos de una semana después de que la propia consejera prometiera en el Parlamento Vasco que impulsaría un cambio en la política penitenciaria con los presos de ETA.

"Que nadie espere de mi un trato especial a los presos de ETA", llegó a decir María Jesús San José durante su comparencencia el 25 de septiembre, en la que anunció que entre los ejes de su nueva política penitenciaria se incluiría el "rigor histórico"." Trece años después de conseguir que dejaran de matar, no les vamos a conceder ese estatus diferenciado".

"Nuestra sorpresa ha sido mayúscula al comprobar que, menos de una semana después de sus contundentes declaraciones en sede parlamentaria, se esté haciendo exactamente lo mismo que hacía el PNV", lamentó este martes Consuelo Ordónez, presidenta de Covite. "Están jugando con un tema muy sensible, que es el derecho de las víctimas a la justicia y a que se cumplan las condenas con arreglo a Derecho", añadió.

Por todo ello, Covite reclamará a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que "recurra estos dos últimos terceros grados" para que se puedan revertir, dado que es la única institución que "puede y debe hacerlo en aras al derecho a la justicia de las víctimas".

"Es la Fiscalía la que debe velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas", insistió Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián asesinado a tiros por ETA en 1995, mientras comía en un restaurante de la capital guipuzcoana.