El Partido Popular no tomará por el momento medidas disciplinarias contra los diputados María Jesús Moro, José Manuel Velasco y Rafael Benigno Belmonte, los tres parlamentarios que formaron parte de la ponencia encargada del proyecto de ley que incluye una enmienda que beneficia a más de 40 presos de ETA.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido este martes "disculpas" en nombre de su grupo parlamentario por "no haber detectado antes" el "engaño del Gobierno". El dirigente popular ha asegurado que su partido "asume la responsabilidad de no haber estado vigilante" pero que "hoy no se trata de depurar responsabilidades, sino de buscar soluciones". 

También Alberto Núñez Feijóo ha pedido perdón por el "error injustificable" de que el partido que dirige haya apoyado la "treta" del Ejecutivo de Sánchez.

El Congreso votó el pasado 18 de septiembre por unanimidad a favor del proyecto de ley, una transposición de una directiva europea sobre el intercambio de información de antecedentes penales en la UE

En la primera versión del texto, redactado por el Gobierno, no se incluía la polémica enmienda que ha desencadenado una enorme polémica.

Al pasar por la ponencia, Sumar introdujo un retoque que, según la interpretación de varios juristas, permitiría a decenas de etarras salir antes de prisión, entre ellos Txapote, el asesino del concejal de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco.

José Manuel Velasco, diputado del PP por Toledo; Rafael Benigno Belmonte, diputado por Sevilla; y María Jesús Moro, diputada por Salamanca, participaron en esa ponencia encargada de los trabajos para tramitar la ley y enviarla posteriormente a la comisión de Justicia. Moro sustituía a Ana Vázquez, que no acudió a la ponencia porque tenía un cumpleaños, según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes del PP.

De hecho, estos tres ponentes firmaron el pasado 31 de julio haber "estudiado con todo detenimiento" la iniciativa legal "así como las enmiendas presentadas", según el acta de la ponencia disponible en la web del Congreso.

Como decimos, el texto de la norma llegó desde el Ministerio de Justicia sin cambios y reflejaba únicamente la transposición de la directiva europea, pero en ese grupo de trabajo el partido de Yolanda Díaz introdujo una enmienda para que los presos de ETA se descontaran los años de prisión cumplidos en Francia.

Tellado ha explicado que ya ha "recabado información sobre cómo se ha desarrollado toda la tramitación parlamentaria de esta cuestión" y ha admitido que los diputados del PP "posiblemente perdieron de vista" la maniobra de Sumar porque se "centraron" por su "gravedad" en otra enmienda de Junts con la que los independentistas catalanes "pretendían lograr beneficios judiciales para el señor Puigdemont".

Parar la ley

En cualquier caso, Tellado ha insistido en que "hoy" no toca discutir si hay que sancionar o no a esos diputados, sino "buscar soluciones". Y en este sentido, ha destacado que el PP en el Senado ya ha "ganado tiempo" porque ha aplazado el debate una semana la votación de esta polémica reforma legal al eliminar del orden del día este asunto. 

"Tenemos una semana en la que el Gobierno pararlo" porque los beneficios a etarras son "una indignidad". Por eso, ha emplazado a Pedro Sánchez a que "pare" esta ley y ha avisado al PSOE que tiene que aclarar si está "con las víctimas o con los etarras".

Tellado ha señalado que el PSOE tiene que decir "en qué posición está", dado que "si no está a favor de darle esos beneficios penitenciarios a los terroristas" tiene "hasta el día 14 de octubre para retirar el proyecto de ley de su tramitación parlamentaria en el Senado".

"Le exigimos al Partido Socialista que lo haga. Que lo haga si quiere poder mirar a los ojos a las víctimas de terrorismo en España y si quiere seguir mirando con responsabilidad a su propio electorado. No creo que ningún votante socialista entienda que hoy el PSOE pudiendo parar esto en el Senado no lo haga", ha manifestado.

"Yo creo que hoy no se trata de depurar responsabilidades. Se trata de buscar soluciones. Y la solución existe. La solución está en manos del Gobierno de España, que tan solo tiene que enviar un escrito al presidente del Senado pidiéndole que se paralice la tramitación parlamentaria del proyecto de ley".

El portavoz popular ha lamentado que el Gobierno sea "capaz del engaño más mezquino que nunca podríamos haber imaginado, conceder un triunfo a asesinos pervirtiendo la adaptación de una directiva comunitaria".