Los quioscos ya están instalados en el lado español de La Verja, porque si el próximo 10 de noviembre Gibraltar no ha aceptado el acuerdo "generoso y equilibrado" que ha ofrecido España, la Unión Europea terminará, a todos los efectos, en el paso fronterizo que separa La Línea de la colonia británica. Y volverán las colas a un lado y al otro de la marca, casi como en los primeros años 80, cuando, primero, sólo podían cruzar peatones con pasaporte y, ya en 1985, vehículos a motor.
La pelota está en el tejado de los gibraltareños, porque Londres nunca firmará un acuerdo que no acepte Fabián Picardo, el ministro principal de la Roca. Pero tanto en la Comisión Europea como en las oficinas de Exteriores, en Madrid, se transmite el optimismo de que ya se ha llegado al mejor de los arreglos posibles.
Fuentes de Exteriores aclaran que eso será así en todo caso, porque nadie ha discutido la soberanía del Peñón, sino de un arreglo ad hoc a su especial situación, tras la ejecución definitiva del Brexit. Los llamados Acuerdos de Nocheveja lograron en 2020 alagar la situación transitoria en la Roca, a la espera de que Londres y Bruselas llegaran a un acuerdo definitivo... oficialmente.
Aunque formalmente el día del acuerdo se comunicará como alcanzado entre a Comisión y el Gobierno de Su Majestad, la realidad ha sido que las negociaciones se han llevado entre los Gobiernos de Reino Unido y España.
Londres, actuando como representante de los intereses de los gibraltareños. Y Madrid, como legatario del pacto, que incluía una cláusula clave: en todo lo que tenga que ver con Gibraltar tras la salida de Gran Bretaña de la UE, España es la que tiene la última palabra.
Pero una cosa es que la colonia británica va a ser, en todo caso, los que ya es, territorio de un "país tercero", que es como en la jerga comunitaria se llama a todos los que no son miembros de la UE. Y otra que sobre el terreno los ciudadanos, los bienes y los servicios lo vayan a vivir del todo así o no.
El 10 de noviembre acaba el periodo transitorio para la aplicación de las normas Schengen de entradas y salidas. Y si no hay acuerdo, los quioscos ya instalados en el lado español obligarán a cualquier ciudadano de un país tercero a pasar su pasaporte y registrar sus datos biométricos al cruzar la frontera.
Los ciudadanos gibraltareños serán en ese sentido, extanjeros en la UE. Para las personas, esto significará, por ejemplo, que sólo podrán pasar un periodo máximo de 90 días de cada 180 en suelo europeo. Para los bienes que hayan sido descargados en el puerto o el aeropuerto de la Roca, las consecuencias serán aún más engorrosas (permisos, inspecciones, albaranes, registros...).
Y para todos, las colas en la frontera.
La otra opción es la desaparición física de La Verja. Pero comporta que en las aduanas comerciales de la colonia británica haya policías españoles y agentes aduaneros de nuestro país, que sería el representante Schengen en el territorio.
¿Cuál es la reticencia del gobierno gibraltareño? Que hasta ahora ha vendido a sus conciudadanos, los llanitos, este asunto como un problema de soberanía.
Picardo no quiere policías y agentes de aduanas españoles en su suelo. Pero si quiere que Gibraltar forme parte del espacio Schengen, tendrá que aceptar que las aduanas personales y comerciales de su puerto y su aeropuerto quien haga el trabajo de control de entradas y salidas sean funcionarios del espacio Schengen, es decir, de España.
Y le queda un mes para encontrar la manera de aceptarlo, explicarlo y firmar un acuerdo que ya está redactado en lo esencial, tal como revelan a este diario fuentes conocedoras de las últimas negociaciones.
Los últimos meses
El pasado mayo se celebró la primera reunión a cuatro: la Comisión Europea, el Gobierno de España, el de Reino Unido y el ministro principal de Gibraltar. De aquel encuentro se esperaba el pacto, porque para España su
ponía una cesión estética esa foto. Pero el acuerdo no llegó, esencialmente por este escollo final del gobernante de la colonia.
Este 19 de septiembre se celebró la segunda cita con ese mismo formato. En Bruselas, se vieron el comisario Maros Sefkovic, Albares, Picardo y el nuevo titular británico de Exteriores laborista, David Lammy.
Desde entonces, los contactos a niveles inferiores no han dado más pasos. Porque esencialmente está todo hecho, de ahí que este miércoles el jefe de la diplomacia española se reuniera con los alcaldes del Campo de Gibraltar y los consejeros de la Junta de Andalucía implicados en la cuestión.
"Llevamos muchos años negociando y ya es hora de que Reino Unido diga que sí" a un acuerdo formulado "hace tiempo" por Bruselas y Madrid. Así lo trasladó el propio Albares tras la cita en la sede del Ministerio, poniendo la presión diplomáticamente en Londres, pero realmente en Picardo.
El ministro remarcó que en un mes, el 10 de noviembre, entra en vigor el nuevo sistema de control fronterizo del espacio Schengen. Y que, a menos que haya un acuerdo para entonces, a quien afectará principalmente es a los gibraltareños, dado que está firmado que se respeten los derechos los alrededor de 15.000 españoles que cada día cruzan la frontera para trabajar en el Peñón.
El Sistema de Entradas y Salidas (SES) y el nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés) no tienen que ver con que haya pacto o no. Pero la ubicación de los controles, sí. Y ese escollo retrasa la fumata blanca mientras la presión se acrecienta del lado gibraltareño.
Picardo respondió airada y públicamente, horas más tarde, a un Albares que se había mostrado especialmente tranquilo y sonriente. Según el ministro principal gibraltareño, es España quien debe dejar de insistir en que Londres y el Peñón asuman posiciones que "no pueden aceptar" y, por contra, asumir las "propuestas razonables" formuladas por ellos.