El Partido Popular ha apretado el botón rojo. Este viernes su portavoz en el Senado, Alicia García, anunció una "completa ofensiva" para intentar frenar la reforma legal que facilitará las rebajas de penas a decenas de presos de ETA y, de alguna manera, subsanar el error que cometieron al permitir su tramitación en el Congreso. El primer paso será, con toda seguridad, acudir al Tribunal Constitucional (TC).
Los populares no creen que la reforma legal sea inconstitucional como tal, pero creen haber dado con la vía para retrasar su aplicación. La fórmula es plantear un conflicto de atribuciones entre el Congreso y el Senado o, dicho de otro modo, preguntar al TC si la Cámara Baja y su presidenta, Francina Armengol, se están extralimitando en sus funciones.
Para entender qué está pasando es necesario echar la vista atrás al lunes de la semana pasada. Los diputados se desayunan con la noticia de que una ley aparentemente inofensiva permitirá a decenas de presos de ETA reducir sus penas de prisión, al poder descontar el tiempo que pasaron encarcelados en Francia. PP y Vox, que habían votado a favor de la norma en tres ocasiones, admiten un error de lectura.
Entonces, el PP, que goza de mayoría absoluta en el Senado, decide aplazar su debate en la cámara hasta la semana siguiente (esta) con la intención de presionar al Gobierno y darle tiempo a retirar la ley de su tramitación. No lo hicieron.
Llegados ya al lunes de esta semana, el Pleno vota con mayoría absoluta contra la norma, como estaba previsto. Con una diferencia: el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, interpreta esta votación como un veto del Senado contra la ley. El movimiento estaba respaldado por un informe de los letrados que, en secreto, habían elaborado durante el periodo de aplazamiento.
¿Y qué dice ese texto? Primero, que "no existen precedentes comparables" en la historia de la Democracia. Pero lo que es más importante, que "sería excesivamente formalista ignorar la voluntad real del Pleno del Senado de rechazo". Dicho de otro modo, que la mayoría absoluta tiene más peso que el reglamento, que deja claro que las "propuestas de veto deberán formalizarse por escrito" (art. 107.2).
Ahí se mete también la letrada, y dice: "Un rechazo por mayoría absoluta del Pleno del Senado es un acto que ha de tener el efecto jurídico de un veto, por haberse acordado con carácter final y global, con la consiguiente devolución del texto al Congreso", resume el informe. El objetivo era obligar a los socialistas a pronunciarse sobre la ley, dado que habían pasado de puntillas por ella.
Vuelta al Congreso
La ley, por tanto, regresa del Senado al Congreso de los Diputados y, como viene ocurriendo en el último año, los letrados de ambas cámaras no coinciden en su interpretación del reglamento. La Mesa de la Cámara Baja y su presidenta, Francina Armengol, se citan con el letrado mayor, Fernando Galindo, y llegan a la conclusión de que el veto del Senado no existe.
Al no reconocer el presunto veto, la presidenta envía la ley directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación.
Hubo tres argumentos para defender esta decisión. Primero, que no se había registrado ninguna "propuesta de veto por escrito", como exige el reglamento del Senado (Art. 107.2). Segundo, que la norma se debatió veintiún días después de iniciar su tramitación y no veinte, como marca la Constitución (Art. 90.3). Y tercero, que Pedro Rollán no avisó a los senadores de que estaban votando un veto, sino que se lo anunció al terminar el Pleno.
Dado que esta es la atribución del Congreso, el Senado no puede contestarle. Rollán envía entonces un mensaje escrito a Armengol exigiéndole que se tenga en cuenta su veto y, por lo tanto, se realice otra votación en el Congreso. Su respuesta, además, desmonta la parte del argumento que habla de los veinte días, dado que el plazo terminaba realmente el mismo lunes que se votó (el domingo es inhábil).
Por otro, sobre la ausencia de un veto presentado por escrito, Rollán señala que "no existe jurisprudencia constitucional aplicable a este caso" y que "nunca se había producido un rechazo por mayoría absoluta en el Pleno sin previamente haberse presentado formalmente vetos". Además, añade que "es el rechazo por mayoría absoluta el único requisito constitucional exigido para considerar que existe un veto".
Choque institucional
Entramos en la última parte de este embrollo. El PP ha dado un mes a Armengol para retractarse y celebrar un Pleno en el Congreso que debata la ley. Si no lo hace, interpondrán un recurso ante el Tribunal Constitucional para que decida cuál de las dos Cámaras tenía razón sobre el susodicho veto.
Haga lo que haga, la norma se publicará en el BOE los próximos días y, se resuelva como se resuelva, acabará siendo ley. Esto se debe a que, por mucho que el TC falle en favor del PP, dicho fallo sólo retrasará la tramitación de la norma y las consecuentes rebajas de penas a los presos de ETA, que actualmente se cuentan por 52.
Una cosa es segura: ni el conflicto jurídico ni el choque institucional entre las dos Cámaras pueden paralizar la tramitación de la norma. Lo que ocurriría, en el mejor de los casos para el PP, es que la ley quedara revocada unas semanas antes de ser aprobada definitivamente.
Si se diera este caso, volveríamos entonces al capítulo del veto de Rollán, sólo que esta vez el Congreso sí tendría que aceptarlo y votar la norma en el Pleno. Lo más probable es que volviera a salir aprobada —esta vez, sin los votos de PP y Vox— y, entonces, el BOE la reactivaría por segunda vez. Es sólo cuestión de tiempo.