El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna durante una rueda anterior a la reunión de la Junta de Portavoces, a 15 de octubre de 2024. Europa Press
Miembros de la cúpula del PP y de Vox -en este caso encabezados por su líder, Santiago Abascal- asistirán este domingo a la protesta que un centenar de asociaciones de la sociedad civil ha convocado en la Plaza de Castilla de Madrid para reclamar ya unas elecciones generales.
Los promotores, que han elegido el lema 'Por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad. ¡Elecciones generales ya', denunciarán el "gravísimo deterioro de la democracia" española tras las "cesiones ilimitadas" a los independentistas y "la corrupción que rodea al entorno del presidente" del Gobierno.
"El deterioro institucional de España se acelera a ojos vista. El informe de la UCO en el que se desvela una trama de corrupción y engaño de enormes dimensiones en el núcleo del Gobierno y del PSOE, no es un caso de corrupción más, sino parte integrante del proceso de descomposición de la democracia nacida de la Transición", aseguran en el documento que han difundido para llamar a todos los ciudadanos "de todas las sensibilidades democráticas" a salir a la calle este domingo.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la ley sobre intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales en la UE, norma que permitirá a algunos terroristas de ETA salir antes de prisión al contabilizar las condenas cumplidas previamente en Francia.
El PP ha avanzado que el Senado, donde el partido tiene mayoría absoluta, presentará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, ya que, a su entender, el rechazo del pleno de la Cámara Alta a la ley debía entenderse como un "veto" y el Congreso tendría que haber votado de nuevo la iniciativa.
El líder de IU, Antonio Maíllo, reafirma su voluntad de lograr una única candidatura de izquierdas en las próximas citas electorales que ponga fin a la "suma de debilidades" de los partidos de este espacio, con la condición de que estén "todos dentro, sin vetos cruzados", incluido Podemos.
En el borrador del informe político que Maíllo presentará para su debate y votación en la Coordinadora Federal de IU del domingo, al que ha tenido acceso EFE, el coordinador federal de este partido subraya su apuesta por "una cultura unitaria en la construcción de alianzas" con el resto de formaciones a la izquierda del PSOE.
"Podemos resumirla gráficamente como ‘todos dentro, sin vetos cruzados’", añade.
El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha advertido al Gobierno de que sus votos son claves como los de Junts para sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se ha reivindicado, frente a Sumar, como la izquierda "exigente" para empujar al PSOE a avances sociales, dado que sin capacidad para marcar "perfil propio" los socialistas "te acaban comiendo".
Por otro lado, ha apuntado que ve "motivos sobrados" para cesar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y no descarta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudiera prescindir de ella aunque eso no sería la solución al problema, pues reclaman un cambio tanto de nombres como de políticas en el Ejecutivo.
En una entrevista al programa Parlamento de RNE, ha asegurado que es obvio que el Gobierno necesita los cuatro diputados morados en el Grupo Mixto para sacar adelante las cuentas públicas o una ley orgánica, por lo que sus votos deben negociarse.
El Partido Popular ha apretado el botón rojo. Este viernes su portavoz en el Senado, Alicia García, anunció una "completa ofensiva" para intentar frenar la reforma legal que facilitará las rebajas de penas a decenas de presos de ETA y, de alguna manera, subsanar el error que cometieron al permitir su tramitación en el Congreso. El primer paso será, con toda seguridad, acudir al Tribunal Constitucional (TC).
Los populares no creen que la reforma legal sea inconstitucional como tal, pero creen haber dado con la vía para retrasar su aplicación. La fórmula es plantear un conflicto de atribuciones entre el Congreso y el Senado o, dicho de otro modo, preguntar al TC si la Cámara Baja y su presidenta, Francina Armengol, se están extralimitando en sus funciones.
El presidente Pedro Sánchez ha calificado a Isabel Díaz Ayuso como "la pareja de un delincuente confeso" y ha exigido su dimisión, en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.
Es el último episodio de una larga guerra entre la Moncloa y la presidenta madrileña, que se libra desde que, hace cuatro años, Ayuso cuestionó las medidas del Gobierno contra la pandemia de coronavirus.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid propinó ayer un nuevo varapalo a Pedro Sánchez y su estrategia de guerra abierta en distintos frentes contra los jueces. Y esta vez con la gravedad de que involucra a la Abogacía del Estado para defender a su esposa, Begoña Gómez, en el proceso penal contra ella.
Moncloa reaccionó hablando de "acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares", lo que en la práctica supone atribuir desde el Poder Ejecutivo a un grupo cada vez más numeroso de jueces una actuación que roza lo delictivo.