El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha reivindicado la necesidad de una ley y una comisión en el Senado sobre los derechos lingüísticos en España que evite situaciones discriminatorias y la desigualdad normativa entre las comunidades autónomas y el Estado. Uno de los ejemplos sería la ley de política lingüística de Cataluña, que obliga a las Administraciones a comunicarse en catalán y sólo reconoce el derecho a recibir la información en castellano si se pide expresamente.
Así lo reclamó José Domingo el pasado viernes durante la Jornada de Derechos Lingüísticos organizada en el Instituto CEU, al que asistieron políticos como Cuca Gamarra (PP), Carlos Pérez-Nievas (Ciudadanos) o Guillermo del Valle (Izquierda Española). También participaron la rectora del CEU, Rosa María Visiedo, y el director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Ramiro Alonso de Villapadierna.
"Hay que diferenciar entre los derechos lingüísticos y los derechos de las lenguas. Hay que alejarse del proteccionismo y poner el acento en la protección de los derechos de los hablantes", declaró Manuel Toscano, profesor de Filosofía Moral de la Universidad de Málaga durante la primera mesa.
El profesor considera que el concepto de "lengua propia" sólo se entiende "en el marco del nacionalismo ideológico", una visión que comparte también el inspector de Educación Jesús Rul. Según él, el cambio demográfico en España en los últimos años tiene sus consecuencias en el mapa de lenguas... en el cual el inglés es la segunda más conocida.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional y Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado, coincidieron en que "es el carácter de lenguas oficiales" el que "confiere derechos lingüísticos a los hablantes de esas lenguas ante los poderes públicos".
En este sentido, es necesario compatibilizar la protección a los hablantes de las lenguas autonómicas con los derechos constitucionales de los ciudadanos que solicitan ser atendidos o escolarizados en español.
Esto no siempre ocurre, matizan otros como el abogado Francisco López Lera. Según él, "no es necesario que todos los empleados públicos de una Administración deban conocer la lengua autonómica, sólo los que presten atención a los ciudadanos". "La exigencia de bilingüismo ha de llevarse con un criterio de razonabilidad y de proporcionalidad", asegura.
No se trata sólo de la función pública, sino también de la enseñanza. Ricardo Arana, exmiembro de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del País Vasco Ricardo Arana, asegura que la obligación para más del 70% de alumnos vascos a estudiar en euskera (cuando no es su lengua materna) tiene "consecuencias perniciosas en los resultados escolares".
"La lengua es un vehículo de comunicación y, si se utiliza como un arma identitaria, el modelo educativo fracasa", asegura el profesor.
Sobre esto, una de las claves las aporta Joan Font Rosselló, profesor Titular de Física de la Universidad de las Islas Baleares. Según él, el modelo de elección de lengua por las familias en el archipiélago ha fracasado porque en muchos centros el formulario de la matrícula no ha incluido una casilla de opción lingüística.
"Los catalanohablantes tienen que estudiar en catalán porque es su lengua materna y los hispanohablantes también tienen que hacerlo en catalán porque el castellano ya lo hablan en su casa", asegura el profesor. Esto, además, no tiene que ver con los partidos, y dice que la situación sigue igual desde que el PP está en el Govern.