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Pedro Sánchez ha dado este martes un paso decisivo para asegurarse por decreto el control de RTVE con sus socios y al margen del PP durante los próximos seis años, es decir, más allá de la actual legislatura.

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que cambia el sistema de elección parlamentaria del Consejo de RTVE para asegurarse una mayoría en ese órgano de control y gestión de la radiotelevisión pública.

Moncloa asegura como coartada que se trata de sacar a RTVE de la mala situación corporativa, que no se corresponde con sus buenos datos de audiencia y de credibilidad, según diferentes estudios. De hecho, ha aprovechado que la corporación pública actualmente se encuentra bloqueada con la mayoría del Consejo de Administración caducado y una presidenta interina, Concepción Cascajosa, cuyo mandato expiró hace casi un mes.

El decreto señala que los miembros del Consejo serán elegidos por mayoría de dos tercios en primera votación e incluirá una fórmula de desbloqueo. En caso de no haber acuerdo y mayoría reforzada serán elegidos por mayoría absoluta en una segunda votación.

Se introducen dos modificaciones clave: se eleva el número de miembros de 10 a 15 y, además, se multiplica la desproporción entre el Congreso y el Senado para sortear la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.

Hasta ahora el Congreso elegía a seis miembros y el Senado a cuatro y desde este momento el Congreso elegirá a once miembros y el Senado a cuatro. Es decir, la Cámara Baja donde el PSOE tiene mayoría absoluta con los socios de investidura elegirá casi cuatro veces más que el Senado que controla el PP.

Con esa proporción, el PSOE sabe que el PP nunca tendrá mayoría, haya acuerdo o no lo haya. Es más, el PSOE no tiene ningún incentivo para llegar a un acuerdo y puede elegir por mayoría absoluta con sus socios 11 miembros en el Congreso, aunque el PP elija en solitario los cuatro del Senado.

El Gobierno aprueba un decreto para desbloquear la renovación del Consejo de RTVE Sara Fernández

El ministro de Transformación digital, Óscar López, se ha escudado en la necesidad de garantizar el pluralismo y lograr el Consejo más plural de la historia para justificar el aumento de miembros y la desproporción entre las Cámaras. Pero no ha explicado la razón de esa nueva proporción de 11 a 4 entre ambas Cámaras.

De hecho, la Constitución otorga a las dos Cámaras idéntica capacidad para designar miembros de instituciones, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial. Y otros como el Tribunal de Cuentas o la Agencia de Protección de Datos no diferencian entre el número de miembros que elija cada cámara. Es decir, lo incluido en este decreto es una decisión arbitraria del Gobierno.

Además, se eleva a seis años la duración del mandato de los consejeros, sin posibilidad de ser removidos si hay mayorías suficientes, con lo que llegarán en el cargo hasta 2030, garantizando así hasta entonces la mayoría del PSOE y sus socios.

El decreto se publica desde hoy en el BOE para su entrada en vigor aunque tenga que ser convalidado en el Congreso por mayoría absoluta en 30 días. Esa mayoría también la consigue Sánchez con sus socios.

El Gobierno explica que se trata de sacar a RTVE de la situación de inestabilidad en la que vive, con administradores provisiones y presidentes y consejeros con mandato caducado como ha ocurrido en los últimos cuatro años.

El ministro López ha asegurado que el decreto sólo ha sido negociado y pactado con Sumar, su socio de Gobierno, y no ha creído necesario acordarlo con otras fuerzas políticas cuyo consenso ahora se pide.

Tampoco se ha pactado con sindicatos y consejos profesionales de RTVE, según él mismo ha admitido.

Contra la UE

Se da la circunstancia de que el decreto contraviene lo establecido en el reglamento europeo sobre medios de comunicación en el que se basa Moncloa para su plan de regeneración democrática que incluye medidas sobre los medios.

En ese plan no se hacía mención en absoluto a los medios públicos, pese a que el reglamento tiene un apartado sobre ello. Ahora se aprueba el decreto al margen del plan y del reglamento.

En la norma europea se señala que “se establecerán mecanismos libres de la influencia política de los Gobiernos”.

Ese reglamento señala que “los Estados miembros se asegurarán de que los procedimientos para el nombramiento y la destitución del directivo al frente de la gestión o de los miembros del consejo de administración de los prestadores del servicio público de medios de comunicación tengan por objeto garantizar la independencia de los prestadores del servicio público de medios de comunicación”.

Añade que “los responsables de la gestión y los miembros del consejo de administración de los prestadores del servicio público de medios de comunicación serán nombrados siguiendo procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios y criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados, establecidos de antemano a nivel nacional. La duración de su mandato será suficiente para garantizar la independencia efectiva de los prestadores del servicio público de medios de comunicación”.

Y, sobre todo, establece que “los Estados miembros designarán una o más autoridadesorganismos independientes o establecerán mecanismos libres de la influencia política de los Gobiernos para efectuar un seguimiento de la aplicación de los apartados 1, 2 y 3. Los resultados de dicho seguimiento se harán públicos”.