A finales de noviembre, el Senado presentará ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones, como ya adelantó EL ESPAÑOL, a cuenta de la reforma legal impulsada por el Gobierno que beneficiará a decenas de etarras ahora en prisión, reduciendo el tiempo de cárcel que pasaron en Francia.
Según ha podido confirmar este periódico de fuentes de la Cámara Alta, el Grupo Popular llevará este martes un escrito a la Junta de Portavoces para instar al Pleno a que eleve un requerimiento al Congreso "la semana que viene". El motivo es exigir a la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, que agende un debate para votar el levantamiento del "veto" a la ley que le remitió el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán.
El texto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, es muy duro en sus apreciaciones contra la conducta de la Mesa del Congreso, que despachó el asunto la semana pasada "sin debate ni informe jurídico" y remitió la ley al Gobierno para la firma del Rey y su publicación, "a pesar del veto presentado por el Senado".
Según el documento, Armengol se excedió de sus competencias, "invadiendo la autonomía y la soberanía de la Cámara Alta". Porque no es ella "quién para interpretar la constitucionalidad o no de lo determinado por el informe de los letrados del Senado, ni tampoco la Mesa", reza el documento.
Es más, fuentes del entorno de Rollán confirmaron su "indignación" con Armengol por haber "colado el asunto" en el orden del día "para poder despreciar la decisión soberana de la otra de las Cámaras que componen las Cortes Generales en España".
En eso también coincide el escrito de requerimiento presentado por el PP. Los populares interpretan la Constitución como que, en su artículo 91, respeta "la voluntad expresa" del Senado al referirse a "las leyes aprobadas por las Cortes Generales". Y esto habría sido conculcado "flagrantemente" por el Congreso.
Así, el pasado sábado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó definitivamente la norma: una simple transposición de una directiva técnica sobre intercambio de información penal y antecedentes penales entre Estados miembros de la UE... convertida en una ley para excarcelar etarras.
"Un indulto encubierto", acusan desde la dirección del PP, "producto de la extorsión a la que Bildu tiene sometido a Pedro Sánchez para permitirle permanecer en el poder".
Durante su tramitación en la comisión del Congreso, Sumar le introdujo cinco enmiendas, una de ellas con este objetivo en concreto. Ni en ponencia, ni en comisión, ni en el pleno del Congreso... en todos esos pasos la oposición no se percató de la jugada. Incluso votaron a favor. Tampoco lo vieron en el Senado, hasta que el tema saltó a la prensa a principios de mes.
Los plazos
Ahora, lo previsto es que la norma entre en vigor el 8 de noviembre, a los 20 días de su publicación este 19 de octubre. Y ya no tendrá remedio para los etarras a los que las cuentas les salgan, de repente, a cero días más de pena.
Y es que, aunque el Senado incluya medidas cautelarísimas en su conflicto de atribuciones ante el Constitucional y estas fueran aceptadas por el Tribunal, ya llegarían tarde. Sólo así se pararía la entrada en vigor de la norma, pero parece poco probable, porque los plazos juegan en contra de los populares.
Una vez que este martes la Junta de Portavoces incluya el punto en el orden del día, el debate y votación del requerimiento al Congreso se celebrará en el pleno de la semana que viene.
"Cuando lo apruebe la Cámara, se remitirá al Congreso", aseguran las fuentes. Y desde ese momento, la Cámara Baja tiene 30 días para contestar. Sólo entonces, ya a finales de noviembre, el Senado podría presentar el conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.
Para el PP, la publicación en el BOE de la ley "con la que el Gobierno pretende beneficiar a los presos de ETA" no cambia en nada el camino iniciado por los populares en el Senado "para defender las competencias de la Cámara Alta". Si fructifica, será la primera vez que ocurre en Democracia.
Según explican las normas del TC, "cuando uno de estos órganos constitucionales considere que otro de ellos adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes orgánicas, lo hará saber al órgano invasor dentro del mes siguiente [...] y le solicitará que la revoque". Esa es la fase que comienza este martes.
Después, si el órgano al que se dirige la solicitud responde afirmando que actúa en el ejercicio de sus atribuciones o si, "en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, no rectificase en el sentido solicitado", el Senado podrá plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, "especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas".
Resolución
Aún quedaría otro mes de plazo, en este caso otorgado por el Tribunal Constitucional, para que el órgano requerido (el Congreso) "así como a los demás órganos legitimados para promover este proceso constitucional" presenten alegaciones. Lo que nos llevaría a finales de diciembre o principios de enero de 2025.
La esperanza de los populares, que creen tener un caso "muy sólido", es no sólo que están convencidos de tener la razón... "aunque ya sabemos quién preside el TC y qué sesgo tiene", añade un senador. De hecho, hay quien ha recomendado al PP, desde dentro, que deje el asunto estar, que no se regodee más en el error no detectado y evite un varapalo en "un Constitucional colonizado por Sánchez".
La clave está en que la sentencia, por un lado, debe determinar a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas. Y que, por otro, "declararía nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones, resolviendo lo que proceda sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de los mismos".
Es dudoso que esto pudiera significar la vuelta a prisión de los etarras a los que ya se les hubiesen aplicado estos beneficios penitenciarios, por aquello de no ser retroactivo. Pero "podríamos evitar los de los demás, al tiempo que el sanchismo de Armengol recibiría un duro varapalo".
El Grupo Popular en el Senado advierte de que llegará "hasta el final en la defensa de los derechos de los españoles y la dignidad de las víctimas del terrorismo". Y que "las prisas del Gobierno por atender las demandas de Bildu, aunque eso suponga beneficiar a presos de ETA y enfrentar a instituciones del Estado, sólo demuestran su nerviosismo para satisfacer a sus socios".