De la llamada desde la India al despliegue del Ejército, el Gobierno alega que Mazón "arrastró los pies" 48 horas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contactó el martes 29 de octubre por la tarde desde la India con el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, para preguntarle por la evolución de la DANA que apenas arrancaba a esa hora, según el Ejecutivo.

Sánchez le preguntó si necesitaba algo, como medios humanos o material, y Mazón le respondió que no era necesario. Siempre según la versión del Gobierno central, esa fue la primera de una serie de ocasiones en las que el responsable de la Generalitat Valenciana rechazó las ofertas de ayuda, "arrastrando los pies" para tomar algunas decisiones.

Así fue hasta el jueves 31 al final de la tarde, cuando aceptó finalmente el despliegue del Ejército y la presencia del ministro del Interior en el órgano de coordinación creado por el Gobierno autonómico.

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Fuentes del Gobierno explican que esa situación ha provocado malestar y disgusto en las reuniones celebradas en el Comité de Crisis sobre las Consecuencias de la DANA que, a su vez, se constituyó en la Moncloa.

Oficial y públicamente, de ahí no salió ningún tipo de reproche a Mazón, porque el presidente del Gobierno dio orden a los presentes de intentar evitar polemizar con el Gobierno autonómico.

Las fuentes del Ejecutivo explican que desde el pasado viernes 25 de octubre la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió notas diarias claras en las que advertía de la llegada de la DANA, subrayando su peligrosidad y, por tanto, elevando la alerta al máximo posible. Así lo hizo hasta el mediodía del martes 29.

Desde las 7.30 de ese día, AEMET advirtió de riesgo meteorológico extremo, con fenómenos "no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto".

Con esos datos, el Gobierno valenciano optó ese día por el nivel de emergencia 2 que, según la ley, le permite pedir ayuda al Estado, pero el presidente de la Comunidad es quien mantiene el mando único desde el principio. El nivel 1 sólo está previsto para daños "en zonas localizadas" y el 3 es el máximo nivel y supone ceder el control y el mando al Gobierno central, concretamente, al ministro del Interior.

Mazón quiso quedarse en el 2 y el Gobierno explica que no forzó elevarlo al 3 porque hubiera supuesto un choque institucional grave en plena situación de riesgo. Hubiera sido tanto como arrebatar a la fuerza competencias a la Comunidad de Valenciana en plena situación de riesgo, es decir, aplicar de facto una especie de artículo 155 de la Constitución.

Mazón, portavoz

El presidente valenciano tomó ese día (martes 29) el mando único, según la ley autonómica de Protección Civil y Gestión de Emergencias. Esa norma prevé que el jefe del Ejecutivo autonómico asuma "el mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia, pasando a su directa dependencia la estructura organizativa del plan territorial de emergencia de la Comunitat Valenciana".

A las 13.14 del martes, la cuenta de la red social X de Mazón publicó un vídeo en el que señalaba que "según la previsión, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca, en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana".

Ese mensaje, que minimizaba la previsión, fue borrado luego de la cuenta del presidente, sin explicación alguna.

La comunicación de crisis hubiera aconsejado que el portavoz no fuera el propio máximo responsable político, sino algún técnico, como ha ocurrido en situaciones similares como la pandemia o diferentes crisis alimentarias. Mazón ha preferido mantener desde el primer día la portavocía del comité creado en la Comunidad Valenciana, incluido ese momento en el que pronosticó el fin rápido de la alerta.

En coherencia con esa actuación, el presidente valenciano no emitió entonces más advertencias a los ciudadanos, ni se pidió que se limitaran los movimientos de las personas o cualquier otra medida similar.

Curiosamente, a mediodía del martes 29, la Diputación de Valencia y la Universidad sí cerraron sus actividades para evitar que hubiera flujo de personas en momentos de riesgo. Lo decidieron con los mismos datos de la AEMET que manejaba la Generalitat.

De esa forma, siguió la actividad normal en la región, incluyendo el desplazamiento habitual de vehículos por las carreteras.

Cuando ya estaba desatada la tormenta, sobre las 20 horas del martes, los ciudadanos recibieron en sus móviles la alerta llamada Es-Alert, que llega a los dispositivos a través de ondas de radio. Pero para esa hora las carreteras ya estaban llenas de coches y empezaban a desbordarse algunos ríos y a inundarse localidades enteras. No había tiempo para reaccionar, ni para tomar medidas y, por tanto, la alerta ya carecía de eficacia.

La activación de esa alarma corresponde a las comunidades autónomas y, de hecho, fue utilizada por primera vez en Madrid en septiembre de 2023 para advertir de lluvias torrenciales que nunca lo fueron luego. Aquella alarma fue activada horas antes del momento en el que se preveía la descarga de la gran tormenta y provocó que se limitaran los movimientos de ciudadanos. Es cierto, que aquello ocurrió un domingo cuando la actividad laboral es mínima.

Según los datos del Gobierno gran parte de los fallecimientos tuvieron lugar la noche del martes en la red viaria. Han sido hallados muchos cuerpos en las carreteras e incluso, el Ejecutivo maneja previsiones que elevan el número de muertos definitivo por encima de 300 por considerar que muchos aún permanecen en los coches, más de dos días después.

Despliegue de la UME

Fuentes del Gobierno explican que cuando Mazón activó sobre las 20 horas la alerta a los móviles ya había recibido la propuesta de desplegar la UME (Unidad Militar de Emergencia) en la Comunidad, pero el mando único, es decir, el presidente valenciano, no lo consideró oportuno.

A las 20.36 del martes, Mazón pidió finalmente el despliegue de la UME. Pero a esa hora había ya enormes dificultades para tal despliegue por colapso en las carreteras, por las adversas condiciones meterológicas y por las dificultades de comunicación.

Siempre según la versión del Gobierno central, desde la mañana del miércoles 30 el control del despliegue de la UME siguió en manos del mando único que ostenta Mazón y la zonificación establecida ha limitado los lugares en los que esa unidad militar podía actuar.

El jueves 31 por la mañana se reunieron en Valencia Sánchez y Mazón, en una reunión que transcurrió en un tono cordial, según la expresión que suele utilizarse en este tipo de encuentros. 

Sánchez ofreció el despliegue del Ejército e incrementar la coordinación entre el centro de mando de la Comunidad y el comité constituido en la Moncloa. Se habló de que fuera el ministro del Interior quien se incorporara al comité de seguimiento en la Comunidad, dado que se habían producido dificultades de coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional. Según la versión manejada luego en la reunión del Comité de Seguimiento que se celebró en la Presidencia del Gobierno, Mazón no aceptó de inicio la oferta.

Incluso, se le pidió al presidente valenciano que emitiera una alerta para la provincia de Castellón ante las pésimas previsiones para esas horas. Sánchez se impacientó durante la reunión por la resistencia a ordenar tal medida y Mazón terminó dando orden para que se emitiera esa alerta.

El presidente valenciano habló en todo momento de las recomendaciones de sus técnicos como base de todas sus decisiones durante la crisis.

Además de esa reunión ha habido intensos contactos directos estos días entre los responsables de los gabinetes de Sánchez y de Mazón.

En la larga reunión del Comité en la Moncloa, celebrada el jueves, que incluyó una comida de todos los miembros, se explicó que la impresión es que el presidente valenciano estaba "sobrepasado por los acontecimientos".

Ese día (jueves 31), en el Gobierno central preocupaba la falta de control en numerosas zonas de la Comunidad Valenciana, con notables problemas de abastecimiento de agua potable y alimentos básicos. Esa mañana, según explica un miembro del Gobierno, sobrecogía la imagen de voluntarios andando varios kilómetros para intentar hacer llegar agua y víveres a zonas afectadas. Y preocupaba la situación sanitaria sin agua corriente y sin acceso a medicamentos básicos.

Parecía casi un Estado fallido en el que los ciudadanos afectados estaban abandonados y desatendidos.

Los tres Ejércitos

En la reunión del jueves, la ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó impaciente al comité que tenía disponibles hasta 150.000 efectivos de los tres Ejércitos con capacidad para desplegarse por todo el territorio afectado. Esos efectivos cuentan con medios para llegar a todos los lugares, incluyendo helicópteros de transporte, además de raciones de víveres para hacer frente a la escasez.

Sin embargo, hasta las 17.00 horas del jueves 31 Carlos Mazón no pidió oficialmente la presencia del Ejército en las zonas afectadas. A las 17.16 escribió un tuit en el que señalaba: "Acabo de solicitar la incorporación del Ejército. @Defensagob y los efectivos disponibles de tierra, mar y aire para reforzar las labores logísticas y de distribución de ayuda a la población". Y anunciaba que a las 8 de la mañana del viernes 1 de noviembre se produciría el despliegue.

Además, informaba de que, finalmente, había aceptado la petición que le hizo Sánchez por la mañana para que el ministro Fernando Grande-Marlaska se incorporara al comité que gestiona la crisis en la Comunidad bajo dirección de Mazón. "Tras conversación con el presidente del Gobierno, para mejorar la coordinación operativa dentro del órgano de control que se ha tenido desde el lunes, junto a la incorporación del ejército hemos decidido que se sumará al equipo de CECOPI del 112 al más alto nivel desde el Gobierno el ministro Marlaska de manera permanente".

La reunión entre Sánchez y Mazón había concluido cuatro horas antes de esos anuncios.

Finalmente, este viernes se ha producido el despliegue de fuerzas de los tres Ejércitos. Así ha sido más de dos días después de la descarga de la DANA. La UME trabaja desde el miércoles en labores de rescate, pero era imprescindible el despliegue de muchos más efectivos para socorrer a los afectados, según el Ejecutivo.

Siempre según la versión del Gobierno, ese despliegue del Ejército no era posible legalmente sin la solicitud previa de Mazón, en calidad de mando único frente a la catástrofe. Por eso, según explican las fuentes, se produjeron reiteradas peticiones que fueron rechazadas, lo que provocó la impaciencia en el Gobierno y en responsables del Ejército.

En una lectura mucho más política, fuentes del Gobierno aseguran estar muy molestos también por las intervenciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde la zona afectada, interpelando al Ejecutivo por la gestión de la crisis. Explican, no obstante, que la orden tajante de Sánchez es la de evitar polemizar en público con la Generalitat y, por contra, colaborar al máximo con Mazón.

Únicamente, el Ministerio del Interior hizo pública una nota detallando la situación y explicando que decisiones como la activación de la alerta a los móviles son competencia del presidente autonómico.

Oficialmente, el Gobierno sigue defendiendo su decisión del miércoles al llevar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a mantener la parte del Pleno de la Cámara que debía convalidar el decreto que cambia el sistema de elección de RTVE para que el PSOE y sus socios controlen la radiotelevisión pública. Sin embargo, cada vez más miembros del Ejecutivo y dirigentes del PSOE admiten en privado que ese fue el gran error del Gobierno desde que descargó la DANA el martes por la tarde.

Sobre la crisis ha sobrevolado también el hecho de que una de las primeras decisiones del Gobierno de Mazón fuera la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) como parte de la eliminación de organismos heredados que se consideraban innecesarios. La Generalitat alega que en realidad ese órgano no tenía ni funciones ni medios y, por tanto, hubiera sido inútil en este caso.

De hecho, la supresión fue pedida y apoyada en su momento por sindicatos y por los bomberos de la Comunidad Valenciana, que consideraban que duplicaba las estructuras, dificultando la respuesta ante una emergencia.