El Gobierno maquilla una nueva derrota parlamentaria, pero se queda sin reforma fiscal que pedía Bruselas. Después de dos semanas de negociaciones e intereses cruzados con sus socios de investidura, Pedro Sánchez dice adiós definitivamente a los impuestos a la banca y energéticas que quería hacer permanentes, pero no sólo.
De todos los acuerdos que tenía firmados el PSOE con los diferentes socios sólo han sobrevivido algunas enmiendas puntuales, como la de subir dos puntos el IRPF para las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros. El resto, que era lo que conformaba el núcleo de la prometida reforma fiscal, han sido rechazados.
Es precisamente ese núcleo lo que acabó precipitando al vacío todos los acuerdos. Por poner un punto de partida, la negociación y los "grandes acuerdos de legislatura" empezaron a caer en picado desde el momento en que el Gobierno aceptó eliminar el impuesto a las empresas energéticas, como le pedía Junts. Desde entonces, la izquierda parlamentaria se bajó del carro y nunca volvió a subirse.
Así es que el plan del impuestazo, como se ha conocido al paquete de medidas que estaba negociando el Gobierno, ni siquiera llegará a la votación del Pleno en el Congreso el jueves que viene. Se quedan por el camino, por tanto, el impuesto a la banca, a las energéticas, a los pisos turísticos, a las primas de seguros de salud privados, al diésel, a las socimis y a los bienes de lujo, entre otros.
Sí permanecen en la ecuación otros más anecdóticos, como el aumento de las tasas al tabaco.
La Comisión de Hacienda, en la que se ha negociado y se han intercambiado enmiendas hasta el último minuto, discurrió este lunes en un ambiente de gran desconcierto en el que, por momentos, los grupos no sabían qué estaban votando. Finalmente, ocurrió casi todo lo esperado y el dictamen original irá al Pleno del jueves con un par de enmiendas transaccionales.
Estas son: las rebajas fiscales a pymes, la exención de cotizaciones a clubes deportivos no profesionales, reducir la fiscalidad de los artistas por ingresos irregulares inferiores a 150.000 y, por último, aumentar el IRPF (del 28 al 30%) a las rentas del capital superiores a los 300.000 euros.
Reforma tumbada
Hace ya muchos años que el Gobierno de coalición socialista, primero con Unidas Podemos y ahora con Sumar, lleva poniéndole el ojo a las socimis que "sólo tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades y no ha servido para mejorar la oferta de viviendas".
Esta enmienda de Sumar deroga el régimen de ventajas fiscales de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Ley 11/2009, art. 8-13) y limita su arrendamiento de viviendas para vetar pisos turísticos o de alquiler de temporada, y a un precio por debajo del precio de referencia. La izquierda en bloque la apoyaba.
Otra de las enmiendas que no saldrá adelante es la conocida como enmienda Lamborghini, que es la que tasa los bienes de lujo —formalmente, "bienes suntuarios"— como jets, yates privados o coches de alta gama "para mejorar la equidad en el reparto de renta y la riqueza".
Lo mismo ocurre con el impuesto a las grandes herencias superiores al millón de euros, también idea de Sumar. Según Yolanda Díaz, este gravamen evitaría la competencia fiscal a la baja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que las comunidades autónomas gobernadas por el PP llevan un año agudizando con bonificaciones en cadena.
Siguiendo por esta línea, Hacienda proponía una exención fiscal de los seguros de salud privados, a los que se empezaría a aplicar el impuesto sobre primas de seguro (IPS), en el 8%. Dentro de los socios habituales fue el PNV, en particular, el que más abanderó la batalla contra esta enmienda.
Por último, uno de los elefantes en la habitación que siempre acaban entorpeciendo al Gobierno de coalición también volvió a colarse en la reforma fiscal: la vivienda. En este caso, la enmienda para gravar el IVA de los pisos turísticos y los arrendamientos de corta duración con carácter urgente.
Esta se trata, además, de una directiva europea que permite a los Estados miembros gravar este tipo de inmuebles por su uso turístico, similar a la función de los hoteles, en vez de eximirles de pagar IVA. A petición de EH Bildu y ERC, el Gobierno pedía aumentar los impuestos en los alquileres de corta duración, equiparándolos a la tributación de hoteles en zonas de saturación o escasez de vivienda.