El PP propone poner límite a los 'decretazos' para que España cumpla con los estándares democráticos que exige la UE

El escrito, que será remitido a la Mesa del Congreso de los Diputados y al que ha tenido acceso este periódico, argumenta que el último informe de la Comisión Europea suspendió a nuestro país y puso de manifiesto "la necesidad de abordar de manera urgente" numerosos "problemas".

Entre ellos, el PP cita la falta de independencia, la debilidad en la lucha contra la corrupción, las restricciones a la libertad de prensa, la dificultad en el acceso a la información, la falta de respeto a los procedimientos parlamentarios o el abuso de los Reales Decretos Ley, entre otros asuntos.

Comisión Europea

Bruselas amonesta a Sánchez por no reforzar la independencia del fiscal general del Estado

El pasado mes de julio, la Comisión Europea publicó el último informe sobre el Estado de derecho, que toma la temperatura a la salud democrática de los Veintisiete.

Entonces, Bruselas amonestó al Gobierno español por no haber cumplido una de sus recomendaciones prioritarias para garantizar el buen funcionamiento de la Justicia: reforzar la independencia del fiscal general del Estado, haciendo que su periodo de mandato no coincida con el del Gobierno. 

Por ello, el PP pide reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para adecuar los requisitos de elección y el tiempo de mandato del fiscal general del Estado a las normas europeas. 

Reales Decretos

La Comisión también dio un tirón de orejas a España por el "uso excesivo de los procedimientos acelerados o la calidad general de la legislación". Por eso, el PP pide al Gobierno revertir el abuso de los Reales Decretos Leyes.

Otra de las asignaturas pendientes para España es la transparencia: la Comisión reclamó la creación de un registro público obligatorio de lobbistas. También veía urgente reforzar la independencia y el poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Interés.

El informe sobre el Estado de derecho en España lamentaba además la falta de avances tanto en la legislación sobre lobbies, como en el fortalecimiento de las normas sobre conflictos de interés y declaraciones patrimoniales de los altos cargos con funciones ejecutivas.

También pedía revisar la Ley de Secretos Oficiales con el fin de mejorar el acceso a la información, teniendo en cuenta los estándares europeos en este ámbito.

En este sentido, el PP pide "remitir a la mayor brevedad posible al Congreso el proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés", conocidos como lobbies. Los populares también reclaman una Ley de Información Clasificada que "tenga en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales".

Por último, el PP pide "endurecer las penas por los delitos de malversación de fondos públicos", un asunto pendiente para el Ejecutivo español, tal y como recuerda el informe de la Comisión.