Este 6 de diciembre, la Constitución Española cumple 46 años. El texto, aprobado en 1978 por consenso, llega a este 2024 en un clima político donde los grandes acuerdos brillan por su ausencia, a diferencia de la época de la Transición que dio luz a la Carta Magna.
Aunque en enero de este año los principales partidos apoyaron reformar el artículo 49 para sustituir el término "disminuidos", que hoy en día se considera despectivo, por el de "personas con discapacidad, la polarización de la política nacional impide abordar otro tipo de reformas de mayor calado.
El ajuste del artículo 49, aunque mínimo, sirve para reabrir el debate sobre el futuro de la Constitución y las propuestas de reforma de los partidos políticos.
PP, PSOE, Vox y Sumar han incorporado en sus programas electorales diversas propuestas de reforma constitucional, adaptadas a sus líneas ideológicas. Desde la abolición de Monarquía hasta el blindaje de derechos fundamentales, las iniciativas planteadas abordan cuestiones clave como el modelo territorial, los derechos sociales y la estructura de las instituciones.
PSOE
Los socialistas proponen una serie de reformas constitucionales centradas en la protección de los derechos sociales y la modernización del sistema político. En concreto, blindar en la Carta Magna el derecho al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la paridad de género como principio rector en las instituciones.
Además, se plantea garantizar la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que siempre se mantenga por encima del 60% del salario medio, siguiendo las recomendaciones de la Carta Social Europea.
En el plano medioambiental, el PSOE aboga por incluir el derecho a la seguridad climática y al agua potable en la Constitución. También se busca asegurar el derecho a la sanidad pública universal.
En cuanto a la vivienda, la reforma de Pedro Sánchez propone blindar la titularidad pública de las viviendas de promoción pública para evitar su privatización. Asimismo, se plantea una reforma del Senado para ajustar las circunscripciones al ámbito territorial autonómico, y la creación de un "escaño ciudadano" en ambas cámaras para fomentar una mayor participación directa de la ciudadanía en la política.
Minuto de silencio al inicio de la última reunión de la ejecutiva federal del PSOE por las víctimas causadas por la DANA.
PP
En este momento, el Partido Popular descarta cualquier reforma de la Constitución y defiende su papel en la protección de los principios fundamentales frente a lo que considera una monopolización de las instituciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Alberto Nuñez Feijóo pone la defensa de la Carta Magna en el centro de su discurso y denuncia un "retroceso democrático" y la "colonización de las instituciones". El proceso de polarización política, según el dirigente popular, comenzó con el discurso de investidura de Sánchez en noviembre de 2023, cuando habló de crear "un muro" ideológico contra la derecha y la ultraderecha.
Vox
El partido de Santiago Abascal propone recentralizar el poder para garantizar la uniformidad del Estado. Vox plantea la supresión del Estado de las Autonomías, lo que se traduciría en devolver competencias como Sanidad, Educación y Seguridad al Gobierno central.
Además, propone prohibir referéndums separatistas y reforzar la indivisibilidad de España mediante modificaciones en el artículo 2. En concreto, Vox quiere cambiar este artículo para eliminar el término "nacionalidades" para consolidar la idea de una España unitaria.
En el ámbito judicial, aboga por eliminar el Tribunal Constitucional, trasladando sus funciones al Tribunal Supremo, así como la despolitización del Consejo General del Poder Judicial. También se muestra partidario de abolir el jurado popular, una figura jurídica que cosnsideran "ineficaz".
A nivel territorial y lingüístico, busca establecer el español como lengua vehicular obligatoria "eliminando las ventajas" de las lenguas cooficiales. Además, plantea suprimir los fueros del País Vasco y Navarra ya que los considera discriminatorios.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, este miércoles en una comparecencia.
Sumar
Sumar propone introducir en la Constitución Española el derecho a la libre interrupción del embarazo, un tema clave en su agenda social, para garantizar el acceso universal al aborto como un derecho fundamental.
Además, el partido de Yolanda Díaz plantea una reforma constitucional para fortalecer el Estado de derecho y que la Seguridad Social sea gestionada exclusivamente por el Estado, sin intervención de intereses privados, y que se base en el principio de solidaridad.
ERC, PNV y Bildu
Los partidos nacionalistas catalanes y vascos han incluido en sus programas propuestas de reforma constitucional que apuntan hacia un cambio en la forma de Estado. ERC aboga directamente por la "abolición de la Monarquía y el establecimiento de la República", mientras que PNV y EH Bildu respaldan una "necesaria reforma" de la Carta Magna para cambiar "la forma política del Estado" y "habilitar la opción de la República".
El partido de Oriol Junqueras también propone reconocer la capacidad legislativa del País Valenciano en temas civiles y eliminar los obstáculos para la participación política de los extranjeros.
Además, los republicanos catalanes proponen suprimir el artículo 145, que impide la "federación de Comunidades Autónomas" y obliga a someter cualquier acuerdo de cooperación a la aprobación de las Cortes Generales.
¿Cómo se reforma?
La Constitución Española establece dos procedimientos para su reforma, según el alcance de los cambios que se pretendan introducir. La vía ordinaria, regulada en el artículo 167, es el mecanismo más ágil y se utiliza para modificaciones menores que no afectan a los pilares fundamentales del texto.
Este proceso permite que la proposición de reforma sea presentada por el Congreso de los Diputados, el Senado o las Asambleas de las Comunidades Autónomas. La propuesta debe ser aprobada por una mayoría de tres quintos en ambas Cámaras y, una vez aprobada, puede someterse a referéndum, aunque no es obligatorio si así lo decide el Congreso.
Por su parte, la vía agravada, regulada en el artículo 168, está reservada para reformas de mayor calado, como los principios básicos del Estado, los derechos fundamentales o la Corona. Este último procedimiento, mucho más complejo, incluye la disolución de las Cortes, elecciones generales y la aprobación final en referéndum obligatorio.
Esta vía exige el respaldo de una mayoría cualificada en las Cortes Generales, lo que implica que dos tercios de los miembros del Congreso y del Senado deben aprobar la reforma. Posteriormente, la reforma será sometida a un referéndum obligatorio para su ratificación por parte de los ciudadanos.
*Iván Castejón, autor del reportaje, es alumno de la segunda promoción 2024-2025 del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL/UCJC.