El PSOE da ahora largas a Podemos y se resiste a pactar el impuesto a las energéticas que prometió en la reforma fiscal

Dieciocho días después, el Gobierno ha dado muestras de escasa voluntad para crear esa comisión, pese a que algún partido le ha insistido prácticamente a diario. Sobre todo porque el 1 de enero ese impuesto decae y el Gobierno tendría que aprobar un decreto para prorrogarlo durante el año 2025.

"En los próximos días se constituirá una comisión negociadora con participación de todos los partidos políticos necesarios para aprobar esta reforma, para conseguir el consenso necesario para aprobar este impuesto", aseguraba textualmente el comunicado suscrito por el Gobierno y Podemos, previo a la votación en el Congreso.

Añadía que "si no se consiguiera ese consenso antes del 31 de diciembre, el Gobierno aprobará un Real Decreto Ley con la prórroga del gravamen a las empresas energéticas para el año 2025". Este viernes, no obstante, varios ministros del PSOE se jactaban de que el acuerdo firmado sólo implicaba presentar la ley, no necesariamente buscar los votos para aprobarla. 

Junts y PNV siempre han estado en contra de este impuesto. En un primer momento, de hecho, aceptaron una fórmula muy descafeinada que, en la práctica, lo deja en nada porque excluye a energéticas que contribuyan a la descarbonización. Es decir, todas.

Fernando Villar EFE

Sánchez salva el 'match ball' de la reforma fiscal prometiendo a Podemos una tasa energética que sigue rechazando Junts

Podemos rechaza esta posibilidad y se supone que esta cuestión se discutiría en la comisión que el Gobierno se resiste a crear. Más de dos semanas después, no se ha avanzado nada, y quedan 22 días —con las fiestas de Navidad y Nochevieja de por medio— para que se agote el plazo.

En los últimos días, Hacienda se ha puesto en contacto con Junts y PNV y, según apuntan algunas fuentes, estaría planteando separar la negociación del impuesto a las energéticas de la reforma del impuesto al diésel. Podemos se niega en redondo, dado que esas no son las condiciones que firmaron.

El decreto energético

Para las energéticas, Moncloa tendrá que legislar con un decreto, porque ya es imposible hacerlo con una proposición de ley antes de final de año (el trámite sería demasiado largo), y tendrá que decidir el alcance de la prórroga del impuesto. Pero pasa el tiempo y María Jesús Montero, responsable de Hacienda, sigue sin dar a conocer una solución que permita el consenso entre todos los socios del Gobierno.

El acuerdo con Podemos aseguraba que "en cualquier caso, esta estrategia habrá de ser compatible con no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización, en línea con el comunicado publicado por el Ministerio de Hacienda el lunes 18 de noviembre".

"La complejidad técnica de este impuesto y la necesidad de hacer un análisis riguroso de esta figura tributaria hace necesario seguir trabajando con los grupos para la justa contribución de este sector", añadía. El comunicado de Hacienda fue una exigencia de Junts la noche en la que se aprobó la proposición de ley en la Comisión del Congreso, para sacar adelante el acuerdo in extremis. 

Además de todo esto, Podemos ha trasladado al PSOE que no se sentará a negociar los Presupuestos Generales del Estado hasta que los socialistas cumplan lo pactado con las energéticas, "sin aditivos ni cambios".

Sánchez retoma el Presupuesto y se pone como meta aprobarlo en abril: ve cerca el pacto con Junts sobre inmigración

Las enmiendas trampa

Ocurre otra cosa con el impuesto a las energéticas, y es que incluso su versión prorrogable (la que se aprobaría por decreto para 2025) se tiene que enfrentar a la tramitación en el Senado. No directamente, porque la ley todavía no se ha presentado, sino a través del paquete fiscal. 

Hasta ahora, el PP había utilizado la Cámara Alta —donde tiene mayoría absoluta— casi exclusivamente para vetar las iniciativas que el Gobierno y sus socios aprobaban en la Baja. En la práctica, esto sólo servía para entorpecerlas, pero nunca para desarticularlas, dado que el Congreso puede levantar los vetos del Senado. 

Esta vez, no obstante, los de Alberto Núñez Feijóo han optado por no hacerlo, sino por registrar una serie de enmiendas que plantean exenciones fiscales para el denominado impuesto a la banca. El objetivo es atraer a Junts y al PNV, socios indispensables para cualquier mayoría parlamentaria. 

Esto implica que la oposición podría interponerse en las negociaciones del bloque de investidura, dividiéndolo, y obligar a los distintos partidos a posicionarse contra sus aliados y presionarse mutuamente. Si esto ocurre y alguno de los socios acepta las enmiendas del PP, Podemos volverá a romper con el PSOE y salirse del acuerdo fiscal una vez regrese al Congreso.

Los de Ione Belarra decían este viernes que no aceptarán "ningún cambio" en los impuestos planteados, ni en el de las grandes entidades bancarias ni en el de a las energéticas.