Moncloa cree que logrará que Junts retire la cuestión de confianza agilizando la cesión de la inmigración

Esa iniciativa podría no discutirse en el Pleno del Congreso hasta el inicio del próximo periodo de sesiones, es decir, hasta el mes de febrero.

Si se discutiera podría tener apoyo de PP y Vox y, por tanto, salir adelante, porque Junts ha procurado una redacción que no provoque el rechazo de los partidos de la derecha y la extrema derecha. Si se aprobara sólo tendría valor político, porque es una proposición sin valor ejecutivo y, además, se refiere a una competencia constitucionalmente exclusiva del presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros.

Moncloa rechaza la cuestión de confianza y considera que Puigdemont busca subir el precio de los Presupuestos

Sin embargo, ese valor político y simbólico debilitaría aún más al Gobierno porque mostraría claramente la falta de apoyos parlamentarios y certificaría y anticiparía casi definitivamente que no habría Presupuestos para 2025.

Por eso, fuentes del Gobierno explican que la intención es llegar a un acuerdo con Junts para que retiren la PNL antes de que llegue al pleno del Congreso. Los socialistas creen que es sólo un gesto de Puigdemont para marcar terreno antes de negociar los Presupuestos, porque con la negociación de la reforma fiscal Junts ya demostró voluntad de llegar a acuerdos y, además, nunca ha cumplido sus amenazas y siempre ha terminado pactando, aunque sea sobre la bocina.

Para eso sólo hay una vía según la propia explicación de Carles Puigdemont: el avance de los asuntos pactados hace tiempo entre el Gobierno y Junts y que están pendientes de ser cerrados o aplicados.

El expresident de la Generalitat habló este lunes de la cesión a Cataluña de las competencias de inmigración, soluciones a lo que considera déficit o infrafinanciación de Cataluña y el uso del catalán en las instituciones europeas.

El Gobierno entiende que es posible acelerar la negociación sobre las competencias de inmigración, ya que las conversaciones están ya muy avanzadas. Hay algunos escollos como que Junts pretende que se cedan asuntos como los permisos de larga y corta duración, órdenes de expulsión, control de fronteras o reagrupamiento familiar y el Gobierno es reticente a algunos de ellos.

El asunto de la financiación el Gobierno lo redirige hacia el acuerdo con ERC para el concierto fiscal en Cataluña.

También hay avances en la negociación sobre la deuda de déficit, paso imprescindible para la presentación de los Presupuestos y el Gobierno cree posible lograr un acuerdo.

Respecto a la amnistía, el Gobierno insiste en que la aplicación a Puigdemont está pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional, tras los recursos de las comunidades autónomas y del PP y, sobre todo, de las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por varios tribunales. Posteriormente, algunos de esos tribunales podrán plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que de nuevo podría paralizar la aplicación. En este asunto el Gobierno tampoco tiene margen de maniobra.

Y ve muy difícil de cumplir el compromiso del uso del catalán en las instituciones europeas. No porque no lo haya intentado, sino porque no es un asunto pacífico en Bruselas y con unos plazos de cumplimiento muy lentos, como explica siempre el Gobierno a Junts.

Estaba ya previsto que en las próximas semanas se produzca otra reunión de la delegación del Gobierno, encabezada por Santos Cerdán, con Puigdemont fuera de España. En noviembre no la hubo porque se suspendió la prevista.

El Gobierno está a la espera de que en las próximas semanas se resuelva la elección de una nueva dirección de ERC para avanzar en acuerdos con los partidos independentistas catalanes. El favorito es Oriol Junqueras, que ya ganó en la primera vuelta, y que defendió durante años los pactos con los socialistas, especialmente, con Sánchez.

El Gobierno ya ha incumplido el calendario establecido por la Constitución para la presentación del proyecto de Presupuestos en las Cortes, tendrá que prorrogar el que está en vigor aprobado en 2023 y barajaba aprobar los de 2025 hacia el mes de abril. Ese calendario está en aire y podría retrasarse aún más.