La vicepresidenta y responsable de Hacienda, este martes en el Congreso, junto a Félix Bolaños y Santos Cerdán.
El nuevo acuerdo de PP y Junts contra un impuesto deja al Gobierno otra vez en minoría y en el aire sus ingresos fiscales
El Gobierno debe negociar ahora el impuesto a la producción de electricidad sin haber cerrado aún el embrollo sobre el impuesto a las energéticas.
La coincidencia ideológica entre el PP y Junts, especialmente en los asuntos referidos a impuestos, y la necesidad de los de Carles Puigdemont de diferenciarse del Gobierno sin terminar de matarlo hacen la vida imposible al PSOE de manera recurrente en el Congreso, según admiten fuentes de la Moncloa.
No parece haber riesgo de fin abrupto de la legislatura, porque ninguno de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez quiere asumir el riesgo de provocar la llegada del PP con Vox al Gobierno. Pero lo que no pueden evitar los socialistas es el sobresalto permanente y se ven obligados a tener siempre a mano la escalera, la manguera y el uniforme de bombero para apagar todos los fuegos que surgen en el Congreso.
Esta vez ha sido la suspensión del impuesto del 7% a la producción de electricidad como consecuencia de un pacto entre PP y Junts, al que posteriormente se sumaron PNV, ERC y Vox, frente al PSOE y a Sumar.
El problema surge por una enmienda introducida a un proyecto de ley que versa sobre otro asunto, con la finalidad de trasponer una directiva europea y evitar la sanción de la UE. Todo, en una tramitación parlamentaria aparentemente pacífica. Ya hubo otra polémica hace un mes con la reforma fiscal que se pretendía introducir en otra directiva europea.
El nuevo acuerdo de PP y Junts deja otra vez al Gobierno en minoría y en el aire sus ingresos fiscales. Esta situación es un sinvivir para el Ejecutivo y crea una tensión permanente entre sus socios parlamentarios.
Y eso que el Gobierno evita presentar iniciativas sobre fiscalidad y bloquea otras en la Mesa del Congreso. Pero hay algunas que no tiene más remedio que afrontar, como las que derivan de la trasposición de directivas.
Algunos socios, como el PNV, dicen estar ya hartos de esta forma de gobernar en la que no hay pactos sobre normas antes de que lleguen a la Cámara, lo que evitaría ir "a salto de mata", como ocurre ahora.
Ahora, el Gobierno se ve obligado a aplazar la reunión de una comisión para evitar ser derrotado en una votación, como el niño que se lleva el balón a mitad de partido cuando ve que va a perder. De nuevo, debe negociar contrarreloj con sus socios para lograr que alguno cambie de opinión antes de la próxima semana. Y tendrá que volver a ceder en algo para lograr salvar la votación. Así pretenden aguantar tres años más.
A todo eso hay que sumar que en asuntos ideológicos, como la fiscalidad, Sánchez debe compaginar la posición de socios de derechas como Junts y PNV con los de izquierdas como ERC, Bildu y Podemos.
De hecho, aún está pendiente la resolución del conflicto surgido hace un mes con la llamada reforma fiscal. El Gobierno pactó crear una comisión con todos los partidos para buscar una salida al impuesto a las energéticas, para intentar contentar in extremis a sus socios. Es decir, dar la patada al balón a la espera de encontrárselo más adelante.
La bola de los impuestos
El Gobierno ha arrastrado los pies para crear esa comisión y se reunirá este jueves, un mes después de que se pactara su creación urgente. Algunos socios del Gobierno van obligados y sin ganas de pactar y otros, como Podemos, necesitan sacar algo para justificar su apoyo a la reforma fiscal descafeinada del Gobierno.
De hecho, Aitor Esteban ha anunciado que el PNV no acudirá a la reunión para negociar la continuidad del gravamen, que no impuesto, a las energéticas. Explica que nadie habló con el PNV el pasado 21 de noviembre sobre lo acordado entre PSOE y Podemos en el marco de la reforma fiscal, y la formación nacionalista ya avisó de que fijaría su posición en base a la propuesta impositiva que se expusiera.
Según el PNV, el 27 de noviembre Aitor Esteban advirtió, en la comparecencia del presidente del Gobierno, de que el Grupo Vasco votará en contra de cualquier decreto-ley que incluya un gravamen que eluda el sistema del Concierto Económico. El Grupo Vasco no se siente obligado a tomar parte en las urgencias de Podemos de trasladar una imagen para justificar su apoyo irreversible a un paquete fiscal.
Si no hay acuerdo antes de final de año, lo que hoy parece casi imposible, el Gobierno tendrá que aprobar un decreto de prórroga del impuesto a las tecnológicas que, a su vez, tendrá que negociar para poder convalidarlo.
Tendrá que declarar exentas del impuesto a las energéticas que invierten en la descarbonización como piden Junts y PNV, pero Podemos rechaza que se desnaturalice ese tributo y todos los votos son necesarios. Es decir, al Gobierno se le enredan y atascan las iniciativas que tengan que ver con impuestos, hasta hacerse una bola difícil de desentrañar.
Su gran baza sigue siendo que ninguno de sus socios quiere dejar caer a Sánchez. O, mejor, ninguno quiere que gobierne Alberto Núñez Feijóo con Vox, y eso le vale al Gobierno para avanzar en la legislatura.
