Pedro Sánchez anuncia que en enero negociará el acuerdo para que el Estado asuma parte de la deuda de las CCAA

Este enunciado, difundido por la Moncloa a los medios de comunicación, implicaría en principio que el Estado asumirá una parte de la deuda de todas las Comunidades Autónomas, salvo las sujetas al régimen foral (País Vasco y Navarra).

La región más beneficiada por esta medida sería Cataluña, ya que la deuda pública de la Generalitat ronda los 90.000 millones de euros. La de la Generalitat Valenciana, por su parte, asciende a 60.000 millones tras la etapa de Ximo Puig.

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Sin embargo, el Gobierno no ha precisado aún qué porcentaje de la deuda autonómica asumirá la Administración central. En el pacto de investidura firmado en noviembre del año pasado, el PSOE prometió a ERC que el Estado asumirá 15.000 millones de la deuda de la Generalitat (equivalente al 20% de su deuda con el FLA).

Si se computa sólo la deuda contraída por las CCAA con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en el caso de Cataluña asciende a 73.000 millones de euros. La Comunidad Valenciana debe al FLA 48.000 millones, Andalucía 25.000, Castilla-La Mancha 11.000 y la Región de Murcia 10.000.

Durante la Conferencia de Presidentes que se celebra por primera vez en tres años, Sanchez también se ha comprometido a negociar "entre todos un nuevo modelo de financiación autonómica que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios, y garantice que todas las CCAA reciban más recursos de los que reciben hoy".

Con esta fórmula, Sánchez busca acallar las críticas de los barones socialistas, encabezados por Emiliano García-Page, y atender al mismo tiempo el compromiso que ha adquirido con ERC para otorgar a Cataluña un régimen de financiación privilegiado, que permitirá a la Generalitat recaudar el 100% de los impuestos.

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Durante la Conferencia de Presidentes, Page ha pedido a Pedro Sánchez que se comprometa a entregar a todas las CCAA en el plazo de tres meses un borrador de su propuesta de financiación autonómica.

Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha reclamado "la exención total de impuestos" para las ayudas a las personas y empresas afectadas por la DANA del 29-O. 

Mazón también ha propuesto diseñar un plan nacional contra las inundaciones, que incluya infraestructuras hídricas para frenar las riadas y la mejora de los sistemas de alerta temprana.

Al respecto, Pedro Sánchez ha pedido a los presidentes autonómicos, durante la sesión, que renuncien a una parte de los fondos europeos de cohesión FEDER y FSE+ que tenían asignados, con el fin de destinarlos a financiar las ayudas millonarias que el Gobierno ha prometido para la reconstrucción de Valencia tras la DANA.

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Según la Moncloa, se trata de "una opción que ya contempla la normativa europea y que podría contribuir a reforzar las medidas ya adoptadas por el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat Valenciana para reconstruir y relanzar la economía de los territorios afectados".

Otra de las prioridades que Pedro Sánchez se ha fijado para esta Conferencia de Presidentes es la mejora de la sanidad, que sufre graves problemas estructurales en todas las CCAA desde la pandemia.

Sánchez ha anunciado durante la sesión que el Gobierno repartirá en enero una partida extraordinaria de 223 millones de euros, entre todas las CCAA, para que financien "el desarrollo de nuevas soluciones sanitarias basadas en Inteligencia Artificial", con el fin de mejorar la atención a los pacientes y aprovechar mejor el tiempo de los sanitarios.

También ha asumido una de las medidas que le venían reclamando todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP: se ha comprometido a aumentar las plazas MIR para atender la falta de profesionales médicos de las regiones. Pero lo hará, ha precisado, "siempre y cuando exista un compromiso firme" de los gobiernos autonómicos de asumir una parte de su coste.

Minutos antes de iniciar la Conferencia de Presidentes, Pedro Sánchez ha apelado al espíritu de "cooperación" entre todas las Administraciones para alcanzar acuerdos en materia de financiación autonómica, sanidad, inmigración y vivienda.

Por su parte, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que actúa como anfitriona del encuentro, ha reclamado ante Pedro Sánchez negociar un nuevo sistema de financiación autonómica "sin privilegios y en pie de igualdad". Porque se trata, ha recalcado, de una cuestión que "nos afecta a todos y tenemos que decidir entre todos".

Para que esta Conferencia de Presidentes responda a "las expectativas de los ciudadanos", ha señalado, "tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos más allá de partidismos y personalismos".

Todos los presidentes autonómicos, salvo el de la Generalitat, Salvador Illa, aprovecharán la cita de este viernes para reiterar a Pedro Sánchez su rotundo rechazo al sistema de financiación privilegiado que ha prometido a Cataluña, mediante una fórmula similar al concierto vasco.

Y reclamarán un nuevo modelo de financiación equitativo, que garantice la solidaridad entre las regiones más ricas y las que tienen menos recursos. Una posición que también sostienen barones socialistas como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Adrián Barbón (Asturias).

Al respecto, durante la sesión el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertido de que no aceptará "lecciones de solidaridad de quienes practican la insolidaridad fiscal", ha dicho en referencia a las comunidades del PP que bajan impuestos.

La otra cuestión candente es la reforma de la ley de extranjería, que el Gobierno quiere acometer para garantizar el reparto de los menores inmigrantes no acompañados que ahora permanecen hacinados en Canarias. Hasta ahora el acuerdo no ha sido posible, porque el Gobierno no compromete la dotación económica que reclaman las CCAA del PP para atender a estos menores.

El Gobierno necesita al apoyo del PP para sacar adelante esta reforma legal, porque sus socios de Junts se niegan rotundamente a que Cataluña acoja a más menas. Pedro Sánchez ha prometido al partido de Puigdemont transferir a la Generalitat la competencia "integral" sobre inmigración. Junts espera cerrar esa negociación antes de que concluya el mes de diciembre.