Junts y el PP han estrechado este martes su pinza sobre la reforma fiscal del Gobierno. Los independentistas se han abstenido en el Senado en la votación de las enmiendas del PP al proyecto del Ejecutivo, abriendo así la posibilidad de que voten a favor en el Congreso este jueves.
Al tener mayoría absoluta en la Cámara Alta, las enmiendas del PP iban a salir adelante independientemente del apoyo de Junts. Pero su abstención indica que los de Carles Puigdemont están más cerca del PP en su intento de presionar al PSOE y al Gobierno para lograr sus exigencias.
El PP decidió este mismo martes adelantar la votación de las enmiendas a esta tarde-noche con el objetivo de que la ley volviera al Congreso este jueves. De esta forma, ya es seguro que la reforma fiscal va a acabar en el Boletín oficial del Estado (BOE) porque el Congreso sólo decidirá si mantiene o elimina las enmiendas que el PP ha introducido en el Senado. La ley no se vota en su conjunto.
Las enmiendas del PP buscan añadir nuevas rebajas fiscales, y teniendo en cuenta que los populares y Junts se han aliado recientemente para eliminar el impuesto a las energéticas y ambos coinciden en que no quieren más cargas fiscales, no es descartable que la formación de Carles Puigdemont se desmarque del Gobierno de coalición.
El PNV, proclive en ocasiones a rebajas fiscales, también se ha abstenido en una enmienda del PP este martes en la Cámara Alta. Su voto del jueves también podría desmarcarse del Ejecutivo de Sánchez.
Los negociadores del Partido Popular ya estaban en marcha desde incluso antes de la votación de este martes en el Senado. Los contactos con sus contrapartes de Junts y del PNV se han intensificado en el Congreso para llegar al jueves con un acuerdo que "corrija" la reforma fiscal del Gobierno y rebaje, "en todo o en parte", los 8.700 millones de euros que el PP dice que le quiere "ahorrar a los españoles" de ese "hachazo impositivo de Pedro Sánchez".
De hecho, según fuentes parlamentarias, hay expectativas de éxito para los populares, a la vista de los dos movimientos en las Mesas del Congreso y del Senado. Dos decisiones que nada tiene que ver entre sí pero que, juntas, indican que el PP tiene más cerca su objetivo: por un lado, el órgano de gobierno de la Cámara Baja ha dejado en un limbo la iniciativa de Junts para instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.
"Es una locura, una inventada, como dirían ellos", explicaba un miembro popular de la Mesa. "O se califica o no se califica, pero aplazar una tramitación porque quieren negociarla en privado no es decisión que competa al Congreso".
Y por otro lado, la decisión de la Mesa del Senado de cambiar su orden del día, adelantando a la noche de este martes la votación de las enmiendas fiscales. "Así, dará tiempo seguro a que se debatan y voten este jueves en el Congreso", explican fuentes parlamentarias. Ese objetivo del PP se ha cumplido pasadas las 21.15 horas.
Venta de oportunidad
Es decir, que mientras los de Carles Puigdemont estén "cabreados por la tomadura de pelo del PSOE", en el PP ven opciones de aprovechar el momento para "legislar por encima del Gobierno". Y por eso, la Cámara Alta ha forzado el calendario, en un intento de evitar las "triquiñuelas habituales de Francina Armengol", presidenta de la Cámara Baja "que trabaja a las órdenes de Pedro Sánchez".
Para evitar, en definitiva, que el PSOE pueda alegar un problema de calendario o de orden del día. Y con ello, aplazar hasta febrero -el próximo periodo de sesiones- la votación definitiva de las enmiendas a la reforma fiscal.
De este modo, la dirección del Grupo Parlamentario Popular quiere aprovechar la ventana de oportunidad y no darle a los socialistas la opción de incluir estas enmiendas en la negociación que el PSOE tiene abierta con Junts para ahorrarse la cuestión de confianza a cambio de "cumplir" con sus acuerdos pendientes. Fuentes socialistas coinciden en que "de vez en cuando, los nacionalistas necesitan un conflicto para tensar". Y ésta puede ser la ocasión en la que una "advertencia" al PSOE coincida con la ideologíade Junts, teóricamente de derechas y proclive a evitar subidas de impuestos.
Este martes, en rueda de prensa, el portavoz popular, Miguel Tellado, confirmaba que el PP está "hablando con todos a los grupos, excepto con Bildu". Y que su formación está empeñada en "bajar impuestos, por el bien de la competitividad de las pymes españolas", y también, "por el bien de los ciudadanos que no llegan a fin de mes", frente a un Gobierno "cercado por la corrupción y acorralado por sus socios, que sólo está preocupado en cómo llegar al final de la semana... de cada semana".
Las enmiendas
Las enmiendas tienen cuatro bloques. El primero viva favorecer a los jóvenes entre 18 y 35 años bonificándoles el Impuesto de la Renta los cuatro primeros años: un 100% el primer ejercicio, un 75% el segundo, la mitad el tercero y una cuarta parte el último. El montante ahorrado, entre 10.000 y 12.000 euros por contribuyente, se deberá dedicar a emprendimiento, la compra de una casa o la crianza. La medida, anunciada el pasado mayo por Alberto Núñez Feijóo, tendría un coste para el Estado de unos 2.100 millones.
El segundo de los bloques, según las fuentes del PP, está inspirado en el inicial "rechazo al impuesto a la banca". Tal como explica un portavoz oficial de los populares, "dado que ya está aprobado, queremos redirigir esa recaudación prevista de unos 3.000 millones de euros a ayudas a las hipotecas, que era el objetivo inicial fracasado del impuesto", o para construir "vivienda de precio tasado que permita acceder a los jóvenes" a un piso en propiedad o en alquiler.
El tercero de los bloques se centra en una propuesta "para que la rebaja del tipo de sociedades para pymes se haga ya desde 2025, de forma automática, y sin prorrogarlo en tres años".
Finalmente, el cuarto es el más llamativo y cuyo rechazo sería el más difícil de explicar para PNV y Junts, los socios de Sánchez que ahora negocian con el Partido Popular. Se trataría de impulsar la "fiscalidad cero" para las ayudas a los afectados de la DANA en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
Feijóo ya denunció en el Congreso que las subvenciones directas del Gobierno para la sustitución de los coches dañados o destruidos por la DANA "le va a reportar al Estado más dinero, vía IVA, del que va a poner en ayudas".
El PP quiere que todo el apoyo a los afectados por la riada esté exento de fiscalidad. Y así, las enmiendas introducidas a la reforma fiscal del Gobierno en el Senado incluyen "la exención de impuestos de IRPF y donaciones para las ayudas a los afectados por la DANA", con el objetivo de que "el Gobierno no se beneficie de esta tragedia".
Por ello, el Congreso tendrá que decidir ahora si "la supuesta mayoría progresista" elimina el "IVA cero para el cambio de vehículo y arreglo de la casa", la ampliación al año 2025 de la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del de Actividades Económicas (IAE).
Además, los populares enmendaron la reforma fiscal para que haya una exención de impuestos de las ayudas que las empresas están dando a sus trabajadores.