Actualidad política, en directo | Sánchez hará este lunes balance del año tras una semana que ejemplifica los escollos de su mandato

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado la "falta de voluntad de acuerdo" entre el Gobierno y el PP ante la crisis migratoria que vive la comunidad, y ha advertido: "Deberían salir con urgencia de Canarias como mínimo 4.000 menores migrantes".

En una entrevista en La Vanguardia, el también secretario general de Coalición Canaria señala que ha entregado al Gobierno un plan B para redistribuir por la península a niños y adolescentes que llegaron sin amparo familiar.

En este sentido, calcula que al acabar este 2024 Canarias contará con entre 5.400 y 5.500 menores migrantes, por lo que "el sistema está colapsado, saturado", mientras añade: "El tema es durante cuánto tiempo va a mantener el Gobierno de España esta saturación, este colapso y esta insolidaridad".

Califica la reunión que mantuvo con el Gobierno y el PP para el reparto de menores de "muy frustrante, muy desesperante y muy decepcionante", si bien considera que no puede dejar que esa frustración y enfado "me desvíe del objetivo que es atender a los menores ante un Estado y una Unión Europea que, de manera inexplicable, nos ha dejado abandonados".

El PP va a presentar durante las próximas semanas una moción en los plenos de todos los ayuntamientos y diputaciones para exigir la retirada "inmediata" del registro de viajeros y la elaboración de una nueva legislación, de forma consensuada con el sector y que garantice la competitividad.

En un comunicado, el PP explica que la moción -que se presentará igualmente en consells, juntas generales y cabildos durante este mes de diciembre y el de enero- pretende denunciar la inseguridad jurídica que provoca el que han llamado "Gran Hermano Turístico".

Con este término se refieren al real decreto aprobado por el Ejecutivo y por el que se establecen, desde el pasado 2 de diciembre, las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este lunes la que se prevé que sea la última reunión del Consejo de Ministros este año y comparecerá después en rueda de prensa para hacer balance de la legislatura tras una semana que ha ejemplificado los escollos que tiene en su mandato.

Siguiendo la práctica de presentar periódicamente el nivel de cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo, Sánchez ofrecerá los últimos datos al respecto, analizará la actual situación política y económica, y expondrá sus expectativas de futuro.

Lo hará después de una semana que ha evidenciado las dificultades del Gobierno para sacar adelante sus iniciativas ya que sus socios de investidura no conforman un bloque compacto que las avalen.

Pero tal y como ha venido destacando en sus últimas intervenciones, hará hincapié en que, pese a ello, han podido aprobarse 25 leyes que demuestran su capacidad de acuerdo.

Fuentes del Ejecutivo han señalado a EFE que mientras muchos países de su entorno acaban el año con incertidumbre económica e inestabilidad política, España sí tiene estabilidad, logra aprobar reformas y cuenta con un reconocimiento internacional a su buen hacer en economía.

El Gobierno celebra este lunes el último Consejo de Ministros del año, en el que se espera que apruebe una batería de medidas económicas, desde la extensión del gravamen a las grandes energéticas para 2025 a la prórroga de las bonificaciones al transporte o la subida de las pensiones.

Este lunes se aprobará un real decreto ley con la extensión del gravamen a las grandes energéticas a 2025, un compromiso del Gobierno con sus socios -ERC, Bildu y BNG- que todo apunta a que no logrará el aval del Congreso dada la oposición de PNV y Junts.

De hecho, tras la derogación del gravamen esta misma semana -con los votos de PP, Junts, PNV y Vox- el Gobierno tendrá que aprobarlo de nuevo en lugar de prorrogarlo como tenía previsto.

En cambio, por el momento no está confirmada la aprobación de la subida de la fiscalidad del diésel para equipararla con la de la gasolina, algo que el Gobierno pretende hacer en un real decreto ley independiente que todavía está negociando con sus socios.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este domungo el paquete fiscal aprobado el jueves en el Congreso y que establece un impuesto sobre las comisiones y los intereses de la banca, un nuevo tributo mínimo global del 15% a las empresas multinacionales, un gravamen sobre los vapeadores, así como otros impuestos.

En un real decreto firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta reforma fiscal aprobada en la Cámara Baja con los votos del Gobierno, ERC, Junts, Podemos, Bildu y Coalición Canaria, entrará en vigor el domingo, un día después de su publicación el BOE.

Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma, de la que dependía un desembolso de 7.200 millones de euros de fondos europeos, es una reconfiguración del gravamen a la banca que se creó en un decreto de medidas por la guerra de Ucrania y que caducará el 31 de diciembre. Este pasará de ser una prestación patrimonial a un impuesto, lo que implica que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo podrán gestionar.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha "exigido" a las instituciones que se cuelgue la bandera arcoíris para trasladar su apoyo al colectivo LGTBI en un momento en el que, a su juicio, la extrema derecha pretende devolver a la sociedad "a la caverna".

"La extrema derecha en todo el mundo pretende devolvernos a la caverna, pretende enfrentarnos, negar la diversidad en una sociedad como la española, como la europea, que es diversa", ha asegurado.

La ministra ha advertido que el incremento de las agresiones contra miembros de este colectivo "cabalga de la mano de la extrema derecha de Vox", que comparte gobiernos con el PP en muchos ayuntamientos como el de Valladolid y, hasta el pasado 7 de julio, en varios ejecutivos autonómicos.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de "borrar pruebas", hecho que ha achacado a "un delirio agónico del sanchismo".

La dirigente 'popular' ha asegurado que las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que instaba a pedir perdón a García Ortiz son afirmaciones "que dejan en evidencia hasta qué punto el presidente del Gobierno ha perdido el sentido de la realidad".

Para Álvarez de Toledo, la Fiscalía General del Estado ha cometido "un presunto delito de obstrucción a la Justicia" y por ello ha señalado que el PP trabajará para que "se recupere la racionalidad, la cordura, la conversación pública, y la convivencia entre españoles".

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, cree que es "una mala noticia" que la "portavoz de las mentiras de Sánchez" pueda ser la futura secretaria general del PSOE en esa comunidad, en referencia a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que este sábado ha presentado oficialmente su candidatura en La Zaida (Zaragoza), su pueblo natal.

Alós ha lamentado además la "anomalía democrática" de que el Consejo de Ministros se haya convertido en la "cantera de candidatos socialistas" a las comunidades autónomas porque supone que desde el Gobierno de España van a acabar haciendo oposición a los gobiernos autonómicos y eso es, ha aseverado, "una prueba más de la deficiente calidad democrática a la que está sometiendo Sánchez a las instituciones españolas".

Por ello, ha preguntado a Alegría si va a utilizar como portavoz del Gobierno las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para hacer oposición al Gobierno de Aragón.