El fiscalgeneral del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado 21 de junio, durante la entrega de los XI Premios a la Calidad de la Justicia.

El fiscalgeneral del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado 21 de junio, durante la entrega de los XI Premios a la Calidad de la Justicia. EP

Política

El PP cree que García Ortiz suma otro delito por "borrar pruebas" pero el Gobierno pide poner el foco sobre Ayuso

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El PP considera que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha agravado su horizonte penal y ha podido incurrido en un delito de obstrucción a la Justicia (que se sumaría al de revelación de secretos, por el que ya está investigado), si se confirma que borró de su teléfono móvil los mensajes correspondientes a las fechas en las que se produjo la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Mientras tanto, el Gobierno pide a los ciudadanos y a los medios de comunicación que pongan el foco en el presunto fraude a Hacienda de la pareja de Ayuso y no en el fiscal del Estado que, insiste el Ejecutivo socialista, se limitó "desde el primer momento a desmentir un bulo".

La portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, calificó este sábado de "delirio agónico del sanchismo" que el presidente Pedro Sánchez diga que "tenemos que pedir perdón al fiscal general del Estado por borrar pruebas, es decir, por presuntamente cometer un delito de obstrucción a la Justicia".

La diputada del PP se refirió así a la rueda de prensa ofrecida por Pedro Sánchez el jueves desde Bruselas, en la que se congratuló del informe en el que la Guardia Civil comunica al juez del Supremo Ángel Hurtado que ha encontrado "cero mensajes" de WhatsApp en el teléfono móvil intervenido a García Ortiz durante el registro de su despacho oficial.

"En el informe de la Guardia Civil", interpretó el presidente del Gobierno, "se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos de la oposición a la reputación del fiscal general".

"Ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación", se lamentó Pedro Sánchez, quien se preguntó a continuación: "¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?".

A instancias del juez Ángel Hurtado, la UCO limitó el análisis del teléfono móvil de Álvaro García Ortiz a los mensajes recibidos y enviados entre los días 8 y 14 de marzo de 2024. Se trata de las fechas en las que se filtró a varios medios de comunicación el correo electrónico en el que el abogado del novio de Ayuso intentaba negociar un acuerdo con la Fiscalía para evitar ir a juicio por delito fiscal.

Álvaro García Ortiz había requerido este documento a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, quien (como él) está investigada en la causa por un presunto delito de revelación de secretos.

Pocas horas después, Pilar Sánchez Acera (que en aquel momento era jefa de gabinete de Óscar López, a la sazón jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez en la Moncloa), remitía el documento confidencial al líder de los socialistas madrileños Juan Lobato, para que lo exhibiera frente a Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Al respecto, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo señaló este sábado en León que España atraviesa "un proceso de profunda degradación de las instituciones" que alcanza a la Fiscalía General del Estado, "incluso una deriva desquiciada, antidemocrática encabezada por el presidente del Gobierno".

Sin embargo, se mostró convencida de que "la España constitucional va a prevalecer, el sanchismo se va a acabar, pero tenemos que trabajar día a día para que eso suceda". Cayetana Álvarez realizó estas declaraciones antes de participar en la tradicional comida de Navidad del PP de León.

Preguntada al respecto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió este sábado poner "el foco en el delincuente confeso [expresión con la que el Gobierno se refiere al novio de Ayuso] y no en el que, desde el primer momento, ha intentado desmentir un bulo".

"Lo importante es que hay un delincuente confeso y una presidenta de una Comunidad que está viviendo en un piso pagado presuntamente con cantidades que ya se han reconocido que son fraude fiscal", señaló Ana Redondo, en declaraciones recogidas por Efe, tras participar en una concentración contra las agresiones LGTBIfobas en Valladolid.

El informe remitido por la UCO al Tribunal Supremo no concreta si el fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha podido borrar de su teléfono móvil los mensajes que afectan a la investigación sobre la filtración de los datos del novio de Ayuso.

Siempre por orden del juez Hurtado, la UCO también intervino y analizó el teléfono móvil de la fiscal jefe de Madrid. Y en este dispositivo sí aparecen los mensajes que Pilar Rodríguez intercambió con García Ortiz, durante las fechas que son objeto de la investigación, sobre la situación procesal del novio de Ayuso.

Por tanto, aún está por determinar si el fiscal general eliminó dichos mensajes de su móvil, o si entregó a la Guardia Civil un dispositivo distinto al que utilizaba habitualmente el pasado mes de marzo.

Al respecto, fuentes de la Fiscalía aluden a una instrucción dictada en 2019, que insta a los miembros del Ministerio Público a llevar a cabo el borrado periódico de los dispositivos electrónicos y la "destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso", por motivos de seguridad y para cumplir las normativas sobre protección de datos de los afectados.

El informe remitido por la UCO al juez Ángel Hurtado indica que también podrían haber accedido al correo electrónico del novio de Ayuso, antes de que apareciera publicado en varios medios, el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès; su sucesor en el cargo, Ion Antolín (que entonces era jefe de prensa del PSOE); y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada.

A raíz de este informe de la UCO, el sindicato Manos Limpias, que ejercer la acusación popular contra García Ortiz, ya ha pedido al juez que cite a declarar como testigos a estos tres altos cargos del Gobierno.